El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo este jueves que no es papel del Gobierno central impugnar la nueva ley de la provincia de Quebec que prohíbe a los trabajadores públicos, y a aquellos que usen los servicios públicos, usar vestuario para cubrir su rostro. 

"No le corresponde al Gobierno federal desafiar esta medida” aseguró Trudeau durante una visita a Quebec. “Aquí y en Canadá no estamos acostumbrado a que las mujeres lleven velo. Eso nos hace sentir incómodos”.

El proyecto de ley 62 fue promulgado el miércoles por la Asamblea Nacional de Quebec y recibió duras críticas en todo Canadá.

Aunque no mencionan las nicabs y burkas usados por las mujeres musulmanas, los críticos dicen que esta ley se dirige a los practicantes del islam.

Una mujer que lleve puesta alguna de estas prendas no podrá tomar los buses municipales ni pedir un libro prestado en alguna biblioteca pública, a menos que se quite el cubrimiento de su cara. 

El primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, defendió la ley como necesaria para la comunicación, la identificación y la seguridad.

El Consejo Nacional de Mujeres Musulmanas (NCCM en inglés) emitió un comunicado condenando la ley.

“Al presentar esta legislación discriminatoria, el Gobierno de Quebec está avanzando en una agenda peligrosa a espaldas de las minorías mientras alcahuetea el populismo fanático en lugar de practicar un Gobierno de principios", dijo el director ejecutivo de NCCM, Ihsaan Gardee, en el sitio web del grupo. 

El número de crímenes de odio en contra de los musulmanes en Canadá se ha incrementado en los últimos años, incluyendo el mortal tiroteo en una mezquita ocurrido en enero de este año y en el que murieron seis personas.

Statistics Canada informó en junio que los reportes por crímenes de odio en las líneas de la policía se triplicaron desde 2012 a 2015, pasando de 45 a 159, un incremento del 253 %. La legislación llamada también proyecto de ley de neutralidad religiosa, intenta separar al Estado y la religión al no permitir que quienes acceden a los servicios públicos o que trabajan para la provincia, incluidos los médicos y maestros, lleven símbolos religiosos. 

Aunque el Gobierno central no lo haga, se espera que la nueva legislación sea impugnada por otros, debido a que es contraria a la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.

*María Paula Triviño contribuyó a la redacción de esta nota.