Cámara de Diputados de Chile aprobó proyecto para legalizar la eutanasia

La Cámara de Diputados chilena aprobó en la noche del 20 de abril un proyecto de ley para legalizar la eutanasia, el cual envió al Senado para que continúe su proceso de discusión.

El proyecto defiende el “derecho a no padecer dolores y sufrimientos intolerables, a evitar la prolongación artificial de la vida y a solicitar la asistencia médica para morir”, explicó el diputado Vlado Milosevic a medios locales.

La iniciativa de ‘Muerte digna y cuidados paliativos’ pretende regular dos situaciones relacionadas con el tema: la primera es la eutanasia, cuando un médico aplica los medicamentos al paciente que pondrán fin a su vida y, la segunda habla del suicidio asistido, cuando se le entregan los medicamentos al paciente para que este los aplique o ingiera por sí mismo.

Durante la votación “lo que discutimos fue sobre los derechos de las personas a tomar quizás la decisión más difícil que podrían tomar, que es terminar con su vida, frente a una circunstancia muy particular como la de enfrentar una enfermedad que genera un sufrimiento que hace invivible la vida y que además no tiene tratamiento médico”, dijo a los medios el presidente de la Comisión de Salud, Miguel Crispi.

Para que un paciente tenga derecho a una muerte digna debe manifestar “su voluntad de manera expresa, razonada, inequívoca y libre de cualquier presión”, según el proyecto.

En otras palabras, la decisión solo se puede tomar sobre la propia vida y no la de los demás, y debe existir un documento de voluntad donde se exprese el deseo de tener una muerte asistida, por lo que una persona inconsciente no puede tomar esta decisión a menos que la haya manifestado antes de entrar en ese estado.

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Por su parte, los profesionales de la salud pueden argumentar la objeción de conciencia para negarse a participar en la eutanasia o suicidio asistido.

El proyecto se enfrenta a la oposición del presidente chileno, Sebastián Piñera, por lo que, si es aprobado en el Senado, podría llegar hasta el Tribunal Constitucional en caso de que el mandatario se niegue a refrendarlo.