Brasil solo ha juzgado un 4,6% de los asesinatos de defensores de la Amazonía en la última década

Hace ocho años la activista Dilma Ferreira da Silva le entregó un documento lleno de reclamaciones a la entonces presidenta brasileña, Dilma Rousseff. Expulsada de su tierra por la construcción de una planta de energía en los años ochenta, Ferreira se había convertido en una activista ambiental.

Da Silva vivía en un asentamiento (un terreno ocupado) ubicado 445 kilómetros al sur de Belém, capital del estado de Pará, en la región Amazónica, cuando fue asesinada el marzo de este año, supuestamente por orden de un maderero ilegal de la región. La Policía encontró en su cuerpo marcas de cortes con cuchillo y de degollamiento.

Este caso conmovió a los ambientalistas brasileños, pero casi nadie estaba seguro de si se castigaría a los culpables de la muerte de Dilma Ferreira.

Un estudio de Human Rights Watch (HRW) publicado este martes muestra que Brasil ha fracasado en defender la Amazonía de las acciones criminales y que tampoco ha logrado proteger a quienes se dedican a salvaguardar la selva. Solo 14 de los 300 asesinatos de ambientalistas en la última década llegaron a un tribunal, número que representa el 4,6% de estos crímenes.

“Esta impunidad se debe en gran parte al hecho de que la Policía no realiza las investigaciones de manera apropiada”, dice el informe de esta ONG.

La Policía local reconoce sus deficiencias para investigar las muertes, que suelen ocurrir en regiones remotas, pero HRW también documenta en su informe “omisiones graves, como la falta de autopsias en las investigaciones de muerte en unas ciudades que no están muy lejos de las comisarías”.

Según el informe de HRW, la destrucción de la Amazonía “está impulsada en gran parte por redes criminales que utilizan la violencia y la intimidación contra quienes se interponen en su camino. Los responsables de la violencia rara vez son llevados ante la justicia”.

La violencia contra los activistas ambientales no es un problema nuevo en Brasil, el cuarto país del mundo que más asesina a defensores, según aseguró la ONG Global Witness el pasado mes de julio.

Sin embargo, las recientes declaraciones del presidente Jair Bolsonaro y lo que HRW califica como “retrocesos” en la política ambiental brasileña han empeorado el problema.

Desde que se convirtió en presidente, Bolsonaro ha abogado por la reducción de las reservas indígenas y ha defendido expresamente la explotación comercial de la Amazonía.

Su Gobierno ha reducido las multas y las inspecciones ambientales, al tiempo que ha debilitado las agencias medioambientales.

En un mismo día, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, despidió a 21 de los 27 directores regionales de uno de los principales órganos de fiscalización federal, llamado Ibama. HRW ahora pide que el presidente pondere su discurso y que la Fiscalía cree un plan de acción para afrontar la violencia contra los activistas.

El informe de HRW también muestra preocupación por la amenaza de que Brasil rompa el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, mediante el cual se comprometía a acabar con la deforestación ilegal.

Esta problemática estaba en aumento desde el 2012, pero HRW cree que el discurso del presidente ha estimulado la acción de las bandas implicadas en la tala ilegal.

“(El presidente) pone a los defensores de la Amazonía y a la propia Amazonía en grave peligro, además de socavar la capacidad de Brasil de cumplir con su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuir a mitigar el calentamiento global”, argumenta la ONG en su informe.