Por: Beatriz Jucá

Ante la preocupación por el incremento de los incendios en la Amazonía brasileña, la Fiscalía del gigante suramericano empezó un monitoreo en áreas de ocupación ilegal que ya investigaba y constató que el fuego está siendo usado para consolidar y ampliar la deforestación ilegal.

Del primero de enero al 16 de septiembre de este año, el bioma amazónico acumuló un total de 59.603 brotes de fuego, un 47% más que lo detectado por el Instituto Nacional de Investigación Espacial (Inpe) el mismo período de 2018. El número es considerado alto y el hecho de incluir muchos brotes de incendio en meses que están fuera del período de sequía en la región ha alimentado la tesis de que ellos son consecuencia de la acción humana. Esta tesis es defendida por ambientalistas y por instituciones que fiscalizan el área.

Un tercio del todo el territorio monitoreado por la Fiscalía en la Amazonia, equivalente a 170.000 campos de fútbol, ha tenido brotes de incendios, según un estudio divulgado en los últimos días por esta institución brasileña.

La Fiscalía afirma que ha denunciado la deforestación ilegal a la Justicia desde hace dos años. El objetivo con estas acciones judiciales es intentar revertir la situación, castigar a los deforestadores y frenar los duros impactos de las quemas a la protección de la Amazonia. El proyecto ya ha dado lugar a la presentación de 2.498 demandas. Sin embargo, el recorrido en la justicia para analizar estos casos no suele ser rápido. La preocupación por parte de ambientalistas es que los daños se vuelvan irreversibles.

“La presencia de brotes en el área de Amazonía Protege (un programa de la Fiscalía que investiga acciones ilegales en 170.000 hectáreas ubicadas en diferentes estados de la región) es un fuerte indicio de que están en proceso de limpieza para su uso y expansión”, concluye el informe, que también será enviado a la Justicia para apoyar las acciones judiciales en curso.

"El resultado demuestra, una vez más, la necesidad de responder rápida y efectivamente al problema, para evitar que el daño al bosque se consolide o expanda", explica el Fiscal General Adjunto Nivio de Freitas.

Las quemas en la Amazonía están relacionadas al aumento de la deforestación. Madereros ilegales, explotadores de oro ('garimpeiros') y productores agrícolas históricamente han intentado explorar los territorios de manera ilegal. Suelen robar la madera que tiene un considerable valor económico, cortan otros árboles con excavadoras para “limpiar” el terreno. Los incendios integran la estrategia final, para dejar el terreno vacío y allí criar animales o iniciar la producción agrícola.

“Ellos ponen fuego en la vegetación que se corta para mantener la tierra. Hacen esto en las tierras del Gobierno para ocuparlas e intentar legalizarlas posteriormente ante la justicia. Está claro que el fuego se usa para consolidar y expandir la deforestación”, añade Nivio de Freiras.

La ambientalista Ane Alencar explica que especialmente los brotes de incendio de agosto son consecuencia de las quemas ilegales en áreas deforestadas recientemente: “Cuando nos acercamos al fin de la sequía, en septiembre y octubre, empieza a pesar el factor clima. Este año está más seco, de manera que puede que los incendios aumenten. Pero eso no pasaba antes de agosto”, afirma.

Alencar dice que ésta observación indica que de hecho el pico de fuego en la Amazonía este año ha sido una consecuencia de la deforestación. “Lo que vale la pena cuestionar es si esto es legal o ilegal”.

Ella trabaja en un grupo de monitoreo del bioma que se ha dedicado a hacer laudos detallados para ayudar a comprobar la degradación ilegal ante la Justicia. “Solo un 5% de las alertas que hemos estudiado tenían licencia”, dice Alencar.

El Fiscal General Adjunto Nivio de Freitas analiza que el discurso y las acciones del presidente Bolsonaro y sus ministros pueden estar empeorando un problema que ya era grave.

Desde que se convirtió en presidente, Bolsonaro ha abogado por la reducción de las reservas indígenas y defendido expresamente la explotación comercial de la Amazonía. Su Gobierno ha desplomado las multas y las inspecciones ambientales, así como debilitado a las agencias medioambientales. La Fiscalía ha enviado al Gobierno recomendaciones de que vuelva a fortalecer la fiscalización. “Este es nuestro deber, pero también del Gobierno. El discurso de las autoridades debería frenar y no fomentar la práctica de la ilegalidad”, argumenta Freitas.

La última semana, por primera vez, algunos importantes ministros de Bolsonaro participaron de una reunión con los representantes de los mineros, que operan ilegalmente en áreas del Amazonía. Estaban presentes en la cita los ministros de Medio Ambiente, Ricardo Salles, y de la Casa Civil, Ónix Lorenzoni. Escuchaban de los mineros el pedido de que el presidente Bolsonaro cumpliera su promesa de campaña de legalizar la extracción de oro en la región.

Para atenderlos, el presidente tendrá que proponer la regulación de un artículo de la Constitución que dice: "se requiere una ley ordinaria que establezca condiciones específicas para la explotación de minerales y agua" en esos territorios.

La propuesta se enfrenta a la resistencia de las comunidades indígenas. La propia Constitución determina que "solo los indios pueden beneficiarse de la riqueza del suelo, los ríos y lagos en ellos” y que estas comunidades necesitan ser escuchadas por el Congreso, si los diputados y senadores deciden legalizar esta explotación.