Bolivia: Gobierno pide apartar a dos miembros de la misión de la CIDH que indagará violación de DDHH

El Gobierno de Bolivia pidió este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apartar a los argentinos Patricia Tappatá Valdez y Juan Méndez del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual visitará al país suramericano con el fin de emitir un informe sobre la crisis política y social de octubre y noviembre de 2019.

"Saludamos la visita de la CIDH, pero estamos solicitando formalmente a esa instancia que la comisión sea integrada por personas idóneas e imparciales, que no pretendan desestabilizar el proceso de pacificación que el pueblo boliviano logró luego de los lamentables sucesos violentos que cobraron 32 vidas bolivianas a raíz del monumental fraude electoral de octubre 2019", dijo el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra.

El ministro explicó que Tappatá y Méndez calificaron los sucesos ocurridos en octubre y noviembre como un "golpe de Estado, lo cual demuestra la imparcialidad y peligrosa tendencia política de ambos ciudadanos de nacionalidad argentina”.

"Nosotros queremos que se haga esta investigación, estamos abiertos que entre este grupo integrado por cinco personas enviados de la CIDH, como también estamos abiertos que entre toda la institucionalidad de los organismos para hacer compañía en estas investigaciones", añadió Coímbra. 

La CIDH remarcó que el grupo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: “Elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el país; realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas, efectuar las recomendaciones a las que haya lugar, y actuar como coadyuvante en las investigaciones, para así asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables; proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y realizar un análisis técnico, con recomendaciones si es del caso, de un Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos investigados”. 

Los expertos de la CIDH tendrán pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciadas tras diferentes actos de violencia en el país andino. 

El trabajo del GIEI será de seis meses y podrá extenderse por acuerdo de las partes por el tiempo que sea necesario para cumplir su cometido.