Tras un fallido intento de repatriar a un grupo de refugiados rohinyá a Birmania el mes pasado, Bangladés empezó a aumentar la presión contra la perseguida comunidad musulmana.

Shahriar Alam, ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Bangladés, le dijo a la Agencia Anadolu que Daca en el futuro podría no ser muy flexible para abordar la crisis rohinyá y arremetió contra la comunidad internacional por mostrar “menos interés” para ayudar a resolver el problema de los refugiados rohinyá.

“Hasta ahora ellos [la comunidad internacional], no han visitado esas aldeas en el estado de Rakáin [al occidente de Birmania] desde donde huyó el pueblo rohinyá, pero están trabajando sin mayor control con Bangladés, ignorando algunas leyes y normas existentes. Las ONG y las agencias de ayuda están infiltrando rohinyá para que se queden en Bangladés. Debemos ser más duros contra esto”, manifestó el ministro.

Alam afirmó que el país anfitrión debe tener derecho a seguir sus “reglas y regulaciones” al albergar a más de un millón de refugiados.

“Bangladés es un país independiente y soberano, pero tenemos desafíos para mantener nuestra propia ley y orden. Si se nos presenta algún problema que surja de ellos [los rohinyá], debemos tomar una postura más firme”, argumentó Alam.

Después de la brutal represión contra la minoría musulmana rohinyá ocurrida en agosto de 2017 en Birmania, Bangladés abrió sus puertas al pueblo perseguido.

Los rohinyá, descritos por la ONU como el pueblo más perseguido del mundo, se han enfrentado a los crecientes miedos de ataques desde que decenas de personas fueron asesinadas en una violencia generalizada en 2012.

El 25 de agosto de 2017 el Ejército de Birmania lanzó una gran operación de represión en contra de la minoría étnica musulmana, que causó la muerte de aproximadamente 24.000 civiles y forzó a otros 750.000 a huir hacia Bangladés, según un reporte publicado por la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA).

Más de 34.000 personas fueron arrojadas al fuego, mientras que más de 114.000 fueron golpeadas, según la investigación. Además, aproximadamente 17.718 mujeres y niñas rohinyá fueron violadas desde que el Ejército y la Policía de Birmania atacaron sistemáticamente al grupo musulmán.

En un informe los investigadores de la ONU dijeron que tales violaciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La ONU documentó violaciones masivas, asesinatos (incluso de bebés y niños pequeños), brutales palizas y desapariciones cometidas por las fuerzas de seguridad.

En septiembre de 2017, la primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, visitó los campamentos de refugiados de los rohinyá en Cox’s Bazar y expresó su simpatía con la minoría.

“Nuestras casa también fueron quemadas en 1971 [durante la guerra de liberación]. Nuestro pueblo huyó a la India cuando no tuvimos más lugar a donde ir. Así que estamos haciendo todo lo que podemos para ayudar a los rohinyá”, dijo la líder a los medios de comunicación el 12 septiembre de 2017.

El 14 de septiembre de ese mismo año, Hasina declaró en el parlamento de su país: “si es necesario, compartiremos nuestra comida y solo entonces podremos comer”.

En respuesta a la generosidad de la primera ministra, el Channel 4 de Reino Unido la nombró “Madre de la Humanidad”.

Restricciones

Pero después del fracaso de la iniciativa de repatriación del 22 de agosto de este año, que buscaba enviar de vuelta a a Birmania 3.450 rohinyá, al parecer Bangladés empezó a cambiar de idea.

La comunidad desplazada exige derechos de ciudadanía y garantías de seguridad con la presencia de la comunidad internacional antes de reasentarse en sus lugares de origen en el estado de Rakáin.

En lo corrido de una semana, Bangladés ha prohibido a 41 organizaciones no gubernamentales asumir cualquier actividad en los campamentos rohinyá, acusándolas de estar involucradas en “malas prácticas”.

El país también impuso una prohibición a las operaciones de dos ONGs internacionales en Cox’s Bazar, acusándolas de “ayudar en secreto” a una manifestación de los rohinyá realizada este 25 de agosto en donde participaron más de 200.000 refugiados para conmemorar el segundo aniversario del “Día del Genocidio Rohinyá”.

Mohib Ullah, un líder rohinyá, publicó un video instando a los medios locales e internacionales a abstenerse de proyectar de manera negativa su manifestación pacífica. “Estamos listos para regresar a Birmania, cuando nos garanticen nuestra dignidad, seguridad y derechos”, declaró Ullah.

Después de dicha manifestación, Mohammad Abul Kalam, director de la Comisión de Socorro y Repatriación de Refugiados, junto con otros siete altos funcionarios de la comisión, también fueron reemplazados.

A principios de este mes, el gobierno de Bangladés ordenó una prohibición de los servicios de teléfonos celulares y la venta de tarjetas sim en los campamentos de refugiados en un intento por dejar incomunicados a cientos de miles de musulmanes rohinyá.

Entre tanto, el Ejército de Bangladés propuso instalar cercas de alambres de púas alrededor de los campamentos rohinyá en Cox’s Bazar por “motivos de seguridad”.

“Esta propuesta surgió en diferentes reuniones del gobierno basado en una necesidad clara”, dijo el teniente coronel Abdullah Ibn Zayed, director de comunicaciones del Ejército en declaraciones a la Agencia Anadolu.

El 4 de septiembre, el Ejército bangladesí reportó en una reunión que de los 1,2 millones de refugiados rohinyá distribuidos en campamentos improvisados, hay 400.000 niños de entre 12 y 17 años que no están recibiendo educación y que suponen una amenaza no solo para el país sino para toda la región.

“Si se les da la oportunidad, ellos (los niños) se extenderán en todo el país y las organizaciones terroristas podrían usarlos para sus propios intereses”, sostuvo el teniente general Mahfuzur Rahman, un miembro del ejército, citado por el diario Daily Star.

En las últimas semanas se ha reportado la detención de decenas de rohinyá en el país después de ser acusados por las autoridades de adquirir pasaportes bangladesíes y tarjetas de identificación nacional de manera ilegal.

Un llamado a levantar las restricciones

Las nuevas medidas de Bangladés podrían llegar a perjudicar la imagen de la “Madre de la Humanidad” entre la comunidad internacional.

En un comunicado reciente, la Human Rights Watch (HRW) le hizo un llamado al gobierno de Bangladés a “poner fin a las restricciones sobre la libertad de movimiento y acceso a internet y comunicaciones en línea de los refugiados rohinyá”.

Rezwan Siddiqui, un reconocido periodista, opinó que Bangladés no podrá mantener por mucho tiempo más a los 1,2 millones de refugiados rohinyá.

“Si Bangladés ahora intenta absorber a esos 1,2 millones de rohinyá en su tierra por mucho tiempo, India trataría de expulsar a 1,7 millones de bengalíes no registrados de su provincia de Assam, a quienes India ha calificado recientemente como bangladesíes ilegales”, pronosticó Siddiqui a la Agencia Anadolu.

Sin embargo, un grupo de defensa del pueblo rohinyá considera que las recientes medidas son parte de una táctica del gobierno de Bangladés para trasladar a una isla remota a los refugiados. Estarían ubicados en la Bahía de Bengala.

“El Gobierno bangladesí debería presionar a Birmania para facilitar un ambiente pacífico para la repatriación de los rohinyá, en vez de presionar a los refugiados”, sugirió Abdur Rashid, secretario general de la Organización Solidaridad con los Rohinyá.

Bangladés ha construido refugios para unos 100.000 rohinyá en Bashan Char, una isla que hasta hace poco se convirtió en habitable, ubicada aunos 40 kilómetros de la costa más cercana del distrito de Noakhali.

El propuesto reasentamiento de los rohinyá fue pospuesto debido a las críticas y presión que recibió el gobierno por parte de grupo de de derechos humanos locales e internacionales.

*Traducido por Daniela Mendoza.