Balance general del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc
Cerca de 700 civiles apoyaron a las Fuerzas Armadas en el proceso de erradicación.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de la extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, firmaron el Acuerdo de Paz de La Habana en el Teatro Colón, en Bogotá, el 24 de noviembre de 2016. (Cesar Carrión/Presidencia de Colombia/ Archivo Agencia Anadolu)
BOGOTÁ, Colombia
El gobierno de Colombia concluyó este jueves una reunión donde pormenorizaron los avances en la implementación del acuerdo de paz firmado el pasado 24 de noviembre del 2016.
El balance general indica que, aunque el acuerdo de paz es uno de los más completos que se han rubricado en las últimas décadas, su complejidad es tal que no puede atender las “inmensas” expectativas de los firmantes y de la sociedad colombiana.
El Gobierno indicó que uno de los logros transcendentales hasta ahora alcanzados es la entrega de 8.994 armas: 6.498 armas largas, 1.987 armas cortas y 509 de apoyo como morteros y lanzacohetes.
El Instituto Kroc destacó el bueno ritmo de la implementación con respecto a otros procesos de paz y aseguró que la creación del partido político de las Farc es un gran paso para afianzar un Estado de Derecho más democrático en el país.
La Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) tiene 73 candidatos inscritos para las elecciones legislativas del 11 de marzo: 50 para la Cámara de Representantes y 23 al Senado.
El gobierno nacional indicó que el 2017 presentó la tasa de homicidio más baja en 42 años.
Mientras que el proceso de desminado en el posconflicto es lento, 180 de los 673 (26%) municipios que tienen minas antipersonales están libres de estas. El año pasado se presentaron 39 víctimas por este flagelo.
La situación de riesgo de líderes de derechos humanos es otra mancha en la implementación del proceso de paz. Entre 2016 y 2017 hubo 137 homicidios contra estas personas (63 en 2016 y 74 en el 2017). Solo hay 10 sentencias y 64 casos esclarecidos.
Los departamentos más afectados por el asesinato de líderes de derechos humanos son Cauca con 25 casos; Antioquia, 19; Valle, 12; y Norte de Santander con 11.
Para frenar esos asesinatos, Santos dispuso de 67.000 hombres de la fuerza pública que van a distribuirse en 505 veredas de Colombia donde habrá un comandante responsable para “establecer la seguridad y poder prevenir la muerte de los líderes sociales”.
En cuanto a la erradicación de cultivos ilícitos, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo que se han erradicado -hasta el 1 de enero del 2018- unas 52.000 hectáreas. Existen acuerdos de sustitución voluntaria con 123.000 familias del campo colombiano, las cuales reportaron el reemplazo de 39.000 hectáreas de siembras ilegales.
El Ministerio de Defensa explicó que los departamentos del país con mayor número de erradicación fueron: Nariño, 18.000 hectáreas; Antioquia, 6.300; Meta, 6.200; Caquetá, 3.900; Guaviare, 4.700; Chocó, 2.500; Cauca, 1.600; Vichada, 1.700; y Norte de Santander, 1.300.
Por otra parte, Juan Manuel Santos confirmó que posesionará a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) antes del 15 de enero para que "puedan empezar su labor lo más pronto posible”.
Además de la posesión de los 51 funcionarios de la JEP, Santos estableció las obligaciones del Consejo Nacional de Paz. El Consejo estará encargado de gestionar la reconciliación, convivencia y no estigmatización en la ejecución del Acuerdo de La Habana. Tendrá como eje la facilitación y colaboración de las entidades ciudadanas con el Estado.
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