Hilal Mir
28 Agosto 2020•Actualizar: 28 Agosto 2020
Los asedios digitales son una técnica de represión política en Cachemira y un grave impedimento para que las personas ejerzan sus derechos civiles, políticos y socioeconómicos garantizados internacional y constitucionalmente, según un informe publicado el martes por la Coalición de la Sociedad Civil de Jammu y Cachemira.
El informe titulado 'El asedio de Internet de Cachemira' cubre los efectos de largo alcance del cierre de comunicaciones impuesto por India desde agosto pasado, cuando revocó el estatus constitucional especial de la disputada región.
"El asedio sirve como un medio deliberado para romper las conexiones sociales, económicas y políticas entre los habitantes de Cachemira, al tiempo que los aísla del mundo. Para las personas ya vulnerables de Jammu y Cachemira, que viven en medio de un estado de guerra perpetua y emergencia permanente, promulga un apartheid digital, una forma de tratamiento discriminatorio y un castigo colectivo sistémico y generalizado", resaltó el texto.
Junto con la medida para bloquear las comunicaciones, la Administración india también impuso un bloqueo completo y desplegó decenas de miles de soldados para evitar una reacción violenta por parte de la población.
India solo restauró los servicios de Internet móvil en enero de este año luego de la intervención de la Corte Suprema. Las restricciones en las redes sociales permanecieron vigentes hasta el 4 de marzo.
El Internet de alta velocidad se restauró la semana pasada en solo dos de los 20 distritos de la región.
Numerosos grupos de derechos humanos, incluidos Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han instado repetidamente a la India a restablecer el acceso total a Internet en la región, solicitudes que cobraron fuerza en medio de la pandemia de COVID-19.
El Gobierno indio justificó los frecuentes cierres de Internet y las restricciones citando a los grupos rebeldes que utilizan Internet para enlistar y motivar a los reclutas, según el informe.
"Sin embargo, los ejemplos en los que se basa el Gobierno para demostrar su argumento muestran que el bloqueo digital no tiene un efecto aparente en la capacidad de los militantes para ingresar a Cachemira o para llevar a cabo ataques contra objetivos militares", señaló el informe.
El texto indicó que múltiples agencias de seguridad están involucradas en “operaciones encubiertas de monitoreo e interceptación” con poca o ninguna supervisión, información pública o transparencia.
"Esto daña gravemente los derechos digitales, incluido el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet en Cachemira", explicó el informe, y agregó que la falta de responsabilidad se vio "agravada por la multiplicidad de leyes, los amplios poderes ejecutivos discrecionales y la falta de reparación judicial efectiva".
Ver también: India: Tribunal desiste de caso contra musulmanes al señalar que fueron usados como 'chivos expiatorios'
La investigación destacó que la mezcla de restricciones legales y sanciones penales, con la ayuda de la censura ilegal, se ha utilizado para atacar a los activistas y manifestantes de las redes sociales.
Varios capítulos del informe detallan cómo el bloqueo afectó todos los aspectos de la sociedad de Cachemira, incluida la economía y los sectores de educación, salud y medios de comunicación.
El bloqueo, dijo, creó "refugiados digitales", refiriéndose a los niños que fueron enviados fuera de Cachemira por sus familias para una escolarización ininterrumpida.
“Los adolescentes se vieron obligados a tomar una decisión increíblemente difícil a una edad temprana, entre continuar con su familia o buscar mejores opciones profesionales en otro lugar”, reveló el texto.
Región en disputa
Cachemira, una región del Himalaya de mayoría musulmana, se encuentra dividida entre India, Pakistán y China. Sin embargo, Islamabad y Nueva Delhi la reclaman en su totalidad.
Desde que se dividieron en 1947, India y Pakistán han librado tres guerras, en 1948, 1965 y 1971, dos de ellas por Cachemira.
Algunos grupos disidentes en Jammu y Cachemira han estado luchando contra el Gobierno indio por la independencia o por la unificación con el vecino Pakistán.
Según varias organizaciones de derechos humanos, miles de personas han muerto en el conflicto de la región desde 1989.
*Juan Felipe Vélez Rojas contribuyó con la redacción de esta nota.
