Asamblea de Ecuador aprobó llamar a juicio político a la ministra de Gobierno
La ministra María Paula Romo fue llamada a juicio debido a unos supuestos incumplimientos de sus funciones durante los hechos sucedidos en las protestas de octubre de 2019.
La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo. (Ministerio de Gobierno de Ecuador)
BOGOTÁ, Colombia
El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó que se entable el juicio político en contra de la ministra de Gobierno de su país, María Paula Romo, que había sido solicitado por los congresistas Roberto Gómez y Amapola Naranjo.
La petición del juicio se basa en unos supuestos incumplimientos de funciones en los que Romo habría incurrido durante las manifestaciones de octubre de 2019.
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Gómez y Naranjo han reclamado que la ministra autorizó que se lanzaran bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas, lo que habría puesto en riesgo a la ciudadanía.
Los legisladores acusan a Romo, además, de promover “un ataque con gases lacrimógenos a las universidades, que actuaron como centros de acogidas para los manifestantes”.
Para los dos asambleístas, la ministra también es responsable de activar, de manera tardía, el Comité de Protección de Periodistas que buscó garantizar la labor de los comunicadores en medio de las manifestaciones.
Al ser notificada del aval para su enjuiciamiento político, Romo indicó que comparecerá a la Asamblea Nacional de Ecuador “cuantas veces sean necesarias”.
“No es la primera vez que la Asamblea analiza estos hechos pues fueron evaluados en los juicios políticos en mi contra, archivados en diciembre de 2019 y también por una comisión multipartidista creada exclusivamente para este efecto que nunca recomendó mi enjuiciamiento político”, indicó Romo en una carta dirigida al Legislativo.
Romo asumirá por tercera vez un juicio político. Los dos anteriores también la acusaban de incumplir sus funciones ante problemáticas como la crisis carcelaria y los altos índices de seguridad de su país.
Ambos pedidos de juicio político fueron archivados, como la ministra lo expone en su carta, en diciembre de 2019.
Las protestas en Ecuador de octubre de 2019 fueron motivadas debido a las medidas económicas que adoptó el Gobierno de Lenín Moreno como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir créditos por USD 4.200 millones.
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