A seis meses de represión, “Nicaragua no se ha rendido”

Por: Wilfredo Miranda Aburto 

Francis Valdivia Machado lleva seis meses exigiendo que el asesinato de su hermano Franco, un estudiante universitario de 24 años de edad, se esclarezca.

“Queremos justicia verdadera”, dijo la mujer a la Agencia Anadolu. Su reclamo, que ha sido incesante —peregrinando por todas las instancias administradoras de justicia— se ha estrellado contra “un muro de impunidad” erigido por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Franco Valdivia Machado fue uno de los primeros asesinados por las fuerzas represivas en abril pasado, cuando estalló la rebelión cívica contra la administración sandinista. 

El caso de los Valdivia Machado ilustra la realidad de más de 350 familias cuyos seres queridos murieron en las protestas en toda Nicaragua desde el 18 de abril. Franco Valdivia fue asesinado por un balazo certero en la ciudad de Estelí, al norte de Nicaragua. La impunidad levantada en torno a estos asesinados ha sido el saldo más trágico de estos meses convulsos, en los que los nicaragüenses han demandado que Daniel Ortega y Rosario Murillo “se vayan del poder”, tras once años de gobierno ininterrumpido y autoritario. El país volcánico, que pasó en estado de quietud, hizo erupción sin previo aviso, dejando sorprendidos tanto a opositores como al mismo gobierno. 

La rebelión cívica fue sofocada por el gobierno a través de una brutal represión que provocó miles de heridos, un número indeterminado de desaparecidos y más de 430 reos políticos, según las cifras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). 

El gobierno de Ortega pasó de “la letal represión y de disparar a matar” —según Amnistía Internacional— a perseguir selectivamente a los líderes sociales. Las multitudinarias marchas que sacudieron Nicaragua entre abril y agosto han menguado después que el gobierno las declarara ilegales y estableciera cárcel para todo aquel que se manifieste en las calles.

Por otro lado, el gobierno de Ortega impulsa una narrativa de ofendido al declararse “víctimas de un golpe de Estado promovido por terroristas”. La misión de la ONU —que fue expulsada del país— dejó claro que en Nicaragua no sucedió una intentona de golpe de Estado sino que al contrario se dio “una masacre”. 

“No podemos abrazar la paz sin justicia verdadera”, aseguró Francis Valdivia, al refutar, ella también, la narrativa del gobierno. Pese a las abundantes pruebas y testimonios de la represión, ni un solo policía y paramilitar ha sido juzgado por los más de 350 asesinados, hizo notar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Dora María Téllez, ex guerrillera sandinista, le dijo a la Agencia Anadolu que Ortega y Murillo están “incapacitados técnica y moralmente” para seguir gobernando. El gobierno de Ortega apuesta a terminar su mandato, que concluiría en 2021. Sin embargo, la ciudadanía y los principales sectores del país (iglesia, sector privado y organismos civiles) exigen el adelanto de elecciones para el primer trimestre de 2019. Ortega se negó rotundamente a esa opción. 

Desgaste internacional 

El aferramiento al poder de Ortega y Murillo ha provocado un serio desgaste internacional para su gobierno. Ha sido condenado tanto por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), como por el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos aprobará antes de finalizar 2018 una ley diseñada especialmente para sancionar a Ortega y su entorno más cercano. 

Varios analistas políticos en Managua coinciden en que “a Ortega solo le quedan las armas de su lado”. El Ejército de Nicaragua se ha mantenido al margen de la represión, pero ex militares retirados como Roberto Samcam dudan de esa distancia. “Los paramilitares han exhibido armas de uso exclusivo de los militares”, dijo a la Agencia Anadolu. 

Ortega ha redoblado la represión selectiva instalando un “Estado policíaco”, de acuerdo a Azhálea Solis, directiva de la Gran Unidad Nacional Azul y Blanco, una concertación de los diversos sectores sociales que se oponen —a lo que ellos denominan— la “dictadura de Daniel Ortega”. La ruta de esta alianza variopinta está encaminada al adelanto de elecciones para propiciar un cambio de gobierno pacifico y al establecimiento de la justicia. 

Por ahora, nadie se atreve a vaticinar cuánto tiempo más puede sostenerse Ortega en el poder a base de represión. La crisis sociopolítica ha golpeado dramáticamente la economía. Nicaragua no cuenta con ingresos millonarios como por ejemplo sí los tiene Maduro gracias al petróleo. Hay analistas que creen que la debacle económica terminará obligando a Ortega a ceder. 

Lo cierto es que la crisis económica — se han perdido más de 350 mil empleos y el crecimiento económico en 2018 se desplomó 4% según la Fundación para el Desarrollo Social (Funides)— ha provocado un éxodo hacia Costa Rica. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calculó que más de 26 mil nicaragüenses se han refugiado solo en Costa Rica. La deserción es incrementada por las capturas selectivas. 

Desde Costa Rica, uno de los dirigentes de la rebelión contra Ortega en Masaya le dijo a la Agencia Anadolu que “regresarán para liberar al pueblo”. “Nicaragua no se ha rendido”, dijo el estudiante que pidió proteger su identidad.