En sus primeros días al frente de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó suspender de manera temporal la deportación de migrantes desde Estados Unidos, poniendo así un freno a la política migratoria de su antecesor, Donald Trump.

La noticia fue celebrada por millones de migrantes que todavía no cuentan con un estatus legal en el país norteamericano y que llegaron en busca del llamado “sueño americano”: mejores condiciones económicas y más oportunidades de crecimiento para ellos y sus hijos.

La suspensión de las deportaciones está respaldada por un proyecto de ley enviado al Congreso el mismo miércoles de la posesión de Biden. El proyecto conocido como ‘Ley de Ciudadanía de los EEUU de 2021’ busca la gestión responsable de la frontera con México, la protección de las familias y las comunidades migrantes y “administrar mejor la migración”.

De igual manera, el proyecto propone buscar una manera de regularizar a los 11 millones de inmigrantes que en la actualidad se encuentran sin papeles en el país.

Sin embargo, la decisión del nuevo presidente no fue bien recibida en todos lados. Este viernes, el fiscal general de Texas demandó al Gobierno de Joe Biden por considerar que los 100 días que estarán suspendidas las deportaciones es una decisión que “viola el acuerdo firmado entre el estado de Texas y el Departamento de Seguridad Nacional” durante los últimos días de Donald Trump en la presidencia de EEUU.

Según el fiscal, la orden de Biden no cumple con el aviso previo de 180 días que establece el acuerdo para imponer cualquier cambio en la política migratoria que se lleva a cabo en Texas y en la forma de ejecutarla.