El 28 de abril iniciaron en Colombia varias manifestaciones para rechazar la reforma tributaria que el Gobierno de Iván Duque presentó al Congreso, convocadas por sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Entre los puntos que más causaron polémica de la reforma estaban aumentar el impuesto de valor agregado (IVA) a productos de la canasta familiar y a servicios públicos y funerarios.

También causó malestar que quisieran gravar el impuesto de renta a las personas que ganan USD 311 mensuales.

A pesar del toque de queda que existe en varias ciudades a causa de la pandemia, durante las noches se han registrado enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes con grandes brotes de violencia.

El 2 de mayo, la ONG Temblores reportó que desde el inicio del paro se habían registrado 21 fallecidos a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.

Ese mismo día, el presidente Iván Duque pidió al Congreso que retirara la reforma tributaria y solicitó al Ministerio de Hacienda concertar un nuevo proyecto con los diferentes sectores del país.

Las manifestaciones continuaron debido al descontento social manifestado en las marchas de noviembre de 2019 y septiembre de 2020, y que ha crecido desde entonces.

El 3 de mayo la Defensoría del Pueblo pidió investigar la muerte de 19 personas en el marco de las protestas.

Transportadores y camioneros se unieron al paro bloqueando varias carreteras intermunicipales y vías de acceso a las principales ciudades del país.

Al día siguiente, el 4 de mayo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó su renuncia y el presidente nombró en el cargo a José Manuel Restrepo, entonces ministro de Comercio.

La jornada más violenta del paro se vivió en la noche del 4 de mayo, cuando en Bogotá se registraron 46 heridos entre policías y civiles, más de 100 buses vandalizados y alrededor de 25 estaciones de Policía incendiadas, una cuando los oficiales todavía estaban adentro.

El 5 de mayo la Defensoría actualizó sus datos e informó que en el marco del paro ha habido 25 muertos y 89 desaparecidos. Por su parte, la ONG Temblores asegura que los fallecidos a manos de la Policía son 37 y que ha habido 1708 casos de violencia policial.

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La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de EEUU, entre otros, han rechazado la violencia policial en Colombia y han pedido acciones al Gobierno colombiano para que cesen las agresiones.

Frente a esto, el ministro del Interior, Diego Palacios, aseguró que el Gobierno no tolera el abuso policial ni el vandalismo, mientras que la canciller, Claudia Blum, afirmó que el Estado colombiano está comprometido con la protección de los derechos humanos.

Se espera que el 10 de mayo el Gobierno de Iván Duque inicie una mesa de diálogo con el Comité Nacional del Paro.