Las cinco medidas establecidas por el Gobierno de Juan Manuel Santos para la atención de la migración venezolana cumplen una semana. Sus primeros resultados han generado reacciones a favor y en contra por parte de académicos y analistas.
La oficina de Migración Colombia señaló que luego del anuncio el número de personas que buscan cruzar la frontera hacia territorio colombiano se mantiene, aunque aclaró que “no todos pueden hacerlo porque no cumplen con los requisitos”. La entidad informó a principios de enero que el promedio de ingresos diarios de ciudadanos venezolanos a Colombia de forma transitoria durante el 2017 fue de 37.000 registros, mientras que la salida oscila los 35.000.
La suspensión de la entrega de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que les permitía a sus portadores de Venezuela pasar la frontera por siete días para abastecerse con productos básicos escasos en su país, es el punto que causa mayor debate. Quienes que no cuentan con el permiso ni con un pasaporte vigente no pueden pasar a Colombia para abastecerse con alimentos y medicinas.
La suspensión de la emisión de las TMF fue la primera medida que leyó Santos el pasado 8 de febrero desde la ciudad fronteriza de Cúcuta, al oriente del país. El presidente argumentó que se buscaba frenar a aquellos venezolanos que con el permiso temporal se adentraban como ilegales en el territorio colombiano y que a aquellos que la tengan no se les negará la entrada.
La medida, sin embargo, no evita la entrada de ilegales a Colombia debido a la existencia de cientos de pasos clandestinos, pero sí les impide el acceso a comida y medicinas a quienes no cuentan con la tarjeta, según le indicó a la Agencia Anadolu Javier Tarazona, presidente de la Fundación Redes de Venezuela, que ha denunciado hechos criminales en la frontera.
“Como defensor de derechos humanos exhortó al gobierno colombiano a que revise esa medida”, aseguró Tarazona.
El líder de la Fundación Redes asegura que los solicitantes de las TMF son venezolanos que necesitan productos básicos en Colombia que no se encuentran en su país. Añade que la escasez se debe, entre otras causas, a la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de abrir un canal humanitario.
“Esto incluso afecta a quienes tienen a sus familiares en otros países y reciben transferencias en Colombia con las que pueden comprar productos para sobrevivir en Venezuela”, destac el defensor.
Tarazona agregó que "el pasaporte no reemplaza los beneficios de las TMF, porque no se puede conseguir en Venezuela debido a la escasez de papel. En Venezuela es imposible sacar un pasaporte en este momento. No hay papelería, no hay material para hacerlo”, aseveró.
La visión de Tarazona sobre las medidas relacionadas con el aumento de las fuerzas armadas en la frontera y la creación de un grupo con funcionarios de diversas entidades de Gobierno difiere a la que expresa sobre las TMF. El líder de la organización venezolana considera que son decisiones que se debían tomar para enfrentar actividades criminales ligadas al narcotráfico y el contrabando.
El profesor e investigador de la Universidad del Rosario de Colombia y ex asesor de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Mauricio Jaramillo Jassir, le aseguró a Anadolu que el llamado a la comunidad internacional que hizo el gobierno colombiano luego de la implementación de las medidas le parece acertado.
“Es probable que se sumen recursos para garantizar que las personas que migran de Venezuela por razones económicas y políticas lleguen a Colombia con suficiente dignidad y puedan tener un mínimo vital”, aseveró.
El analista aseguró que la migración a Colombia se intensificará debido a que cada día los venezolanos que salen por la crisis política y económica observan menos posibilidades de una transición en su país.
Ronald Rodríguez, investigador del observatorio de Venezuela de la misma casa de estudios, calcula que este proceso se extenderá al menos una década, mismo periodo que tardará la recuperación del país.
Rodríguez también se mostró muy crítico de las medidas del gobierno colombiano, porque el problema a su juicio es bastante grande y se está enfrentando con medidas insuficientes.
“La lógica del Estado colombiano es contener la migración con pañitos de agua fría, eso no va a funcionar”, aseveró.
El experto resaltó que un gran número de los migrantes que hoy llega al país andino son colombo-venezolanos. Según sus estimaciones, en el censo de 2011 eran un poco más de 700 mil y en 2018 serían alrededor de 2 millones cien mil personas las que entran en Colombia.
“Ellos tienen todos los derechos en Colombia”, reitera.
Otra medida del gobierno colombiano es la expedición del Permiso Especial de Permanencia para los venezolanos que hayan entrado a Colombia con pasaporte por un puesto de migración antes del 2 de febrero de 2018.
La invitación a los migrantes a que se inscriban en bases de datos de las Personerías del país fue la quinta medida anunciada por el Gobierno.
La oficina de Migración Colombia resaltó en un comunicado que hay expendedores de TMF falsas y que la persona que porte un permiso ilegítimo “no podrá ingresar al territorio colombiano y se verá incursa en las acciones penales y administrativas que correspondan”.
La entidad estima que en Colombia se encuentran como residentes unos 550.000 venezolanos.
Aldo Olano, docente e investigador en asuntos de América Latina de la Universidad Externado de Colombia, también considera que las acciones anunciadas por el Ejecutivo colombiano son desacertadas.
El académico consideró que “todas aquellas medidas destinadas a frenar la llegada de personas en problemas al país, en realidad habla mal de quien las dicta”.
Olano calificó como “egoísta” esta postura desde Bogotá, porque entre otras cosas, alimenta la diferencia con los extranjeros.
“No es lo más adecuado empezar a restringir la llegada de gente que huye de una situación humanitaria muy lamentable. Al final de cuentas, estas personas son doblemente rechazadas”, lamentó Olano.
