Varios grupos de derechos rohinyás intensificaron el martes su campaña en busca de justicia, ya que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) acoge las audiencias para decidir si abre un juicio contra Myanmar (también conocida como Birmania) por genocidio contra la minoría étnica musulmana.

La comunidad calificó la demanda de genocidio presentada por Gambia, en representación de la Organización de Cooperación Islámica, contra Myanmar como un "logro histórico".

"Es el primer paso hacia la justicia", aseguró Hla Kyaw, jefe del Consejo Europeo Rohinyá.

La audiencia sobre el caso presentado por Gambia está en curso en el tribunal de La Haya, Países Bajos y continuará durante tres días.

La consejera estatal de Myanmar, Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991, se encuentra en los Países Bajos para defender "los intereses del país" a pesar de ser ampliamente criticada por apoyar la limpieza étnica y los crímenes de los militares birmanos contra los rohinyás.

Myanmar está acusada de violar sus obligaciones bajo la Convención de Genocidio en sus llamadas "operaciones militares" contra los rohinyás.

Según Amnistía Internacional, más de 750.000 refugiados rohinyás, en su mayoría mujeres y niños, huyeron de Myanmar y cruzaron a Bangladés después de que las fuerzas birmanas lanzaron una ofensiva contra la comunidad musulmana en agosto de 2017.

"Hemos estado sufriendo durante décadas. Es el momento de que la comunidad internacional escuche a los rohinyás pedir justicia y derechos", agregó Kyaw.

En un comunicado, el director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos de Birmania, Kyaw Win, dijo que había "evidencia abrumadora" de genocidio cometido por el Ejército birmano contra la población rohinyá.

"El tribunal tendrá que garantizar que se pueda brindar justicia a las víctimas a pesar de los importantes obstáculos políticos", señaló.

Sin embargo, el funcionario expresó pesimismo de que el caso puede pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde China y Rusia tienen poder de veto y "pueden actuar preventivamente para proteger a Myanmar".

Win agregó: "Las naciones deben asegurarse de anteponer a la humanidad ante sus enredos políticos. El poder de veto conlleva una gran responsabilidad moral y su mal uso para proteger los intereses políticos sería un golpe devastador para la moralidad y la credibilidad de la comunidad internacional si se usa para permitir a los perpetradores de genocidio en Birmania escapar de cualquier consecuencia".

La Organización de Solidaridad Rohinyá (RSO) también acogió con beneplácito la demanda exigiendo que los perpetradores reciban un castigo ejemplar en la corte internacional.

"Esperamos que la CIJ emita el veredicto que refleje la esperanza de cientos de miles de personas perseguidas", indicó el presidente de la RSO, Mohammed Ayyub Khan, a la Agencia Anadolu.

Personas perseguidas

Desde el 25 de agosto de 2017, casi 24.000 musulmanes rohinyás han sido asesinados por las fuerzas estatales de Myanmar, según un informe de la Agencia de Desarrollo Internacional de Ontario (OIDA).

Más de 34.000 fueron arrojados al fuego, mientras que otros 114.000 fueron golpeados, dijo el informe de OIDA, titulado "Migración forzada de rohinyá: la experiencia no contada".

Unas 18.000 mujeres y niñas de esta comunidad fueron violadas por el Ejército y la Policía de Myanmar. Más de 115.000 casas fueron incendiadas y 113.000 más fueron destrozadas, agregó el informe.

*Traducido por Juan Felipe Vélez Rojas.