El Consejo de Estado de Colombia mantuvo la suspensión del ‘fracking’

El Consejo de Estado de Colombia mantuvo las medidas cautelares que tomó en noviembre de 2018 con las que suspendió el uso de la práctica de fracturación hidráulica, conocida como ‘fracking’, en la industria de los hidrocarburos de su país.

El tribunal colombiano se pronunció, este martes, en respuesta a una solicitud del gobierno de Iván Duque que le pedía derogar las medidas cautelares para poder hacer 'fracking’.

Las medidas cautelares aplicadas por el Consejo de Estado se dirigieron hacia un decreto y una resolución que establecían los procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Establecían que la autorización del ‘fracking’ puede provocar una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana.

“El despacho consideró relevantes las conclusiones del control de advertencia efectuado por la Contraloría en el 2012, en el cual se señaló que el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad provocadas por el 'fracking' eran potencialmente riesgosas”, mencionó el Consejo de Estado.

Pese a que la justicia mantiene bloqueado el fracking en Colombia, el debate sobre su uso se mantiene vigente debido a que la decisión del Consejo de Estado es provisional.

Para el Gobierno se podría afectar la seguridad energética del país de no implementarse la fracturación hidráulica.

“Hay 9,5 millones de colombianos que usan este servicio en su casa, y lo utilizan también en sus vehículos. Tenemos en juego la seguridad energética”, advirtió la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, a mediados de mayo pasado durante la presentación de un informe de una comisión de 13 expertos que le hicieron unas recomendaciones al Gobierno para hacer fracking,

Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, ha afirmado que el país tendría unos riesgos altos en materia ambiental por la probable contaminación de acuíferos, y afectaciones a la salud pública si se aprueba la fracturación hidráulica.

“Son riesgos que el país no debe asumir y en ese sentido lo que consideramos es que la decisión más sensata debe ser aplicar el principio de precaución para no permitir el desarrollo de esa técnica”, aseveró Santiago.