Crecen la angustia y los costos del primer mes del cierre parcial de gobierno en EEUU

Hace unos días, Donald Trump se vio forzado a agasajar con 300 hamburguesas, papas fritas y pizzas a los jugadores del equipo Clemson Tigers, campeones invictos en el torneo nacional intercolegial de fútbol americano, una demostración de que nadie escapa a los muchos inconvenientes que después de un mes ocasiona el cierre del gobierno federal. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos, que no contó esa noche con el personal necesario para ofrecerle a los jóvenes un banquete más tradicional, como los que acostumbra a brindar en la Casa Blanca.

Lo que para Trump es un problema menor, de fácil resolución, para otros es una complicación mucho mayor y, en muchos casos, una fuente de angustia. Sin un final a la vista y atado a una pelea política que parece empantanada, el cierre parcial del gobierno afecta desde la medianoche del 21 de diciembre servicios esenciales en todo el país, mantiene en vilo a la dirigencia y se cuela en la vida cotidiana de millones de estadounidenses de a pie.

Más aún, el costo económico del shutdown, el más largo en la historia de Estados Unidos, podría tener efectos de largo plazo, con estimaciones que alertan de consecuencias recesivas si la situación se extiende mucho más.

Se calcula que el trabajador federal medio ha dejado de recibir hasta la fecha alrededor de USD 5.000, que dejan de ir a consumo o al pago de hipotecas y otros gastos familiares. Si se multiplica esta cifra por los cientos de miles de empleados afectados y se le suman otros pagos que el gobierno dejó de hacer a contratistas y empresas, el número es sideral.

Solo el metro de la capital estadounidense pierde USD 400.000 por día, por los usuarios que dejan de utilizar el servicio para ir a sus lugares de trabajo. Y cosas tan esenciales como los almuerzos escolares para millones de niños de familias de bajos recursos podrían empezar a sufrir recortes muy pronto.

Raquel Guerra llegó a la zona de Washington DC en el último año junto con su marido y sus dos hijos pequeños. Había conseguido trabajo en una agencia de desarrollo global que depende del gobierno federal y decidieron mudarse porque a todas luces era una buena oportunidad. “Nos vinimos con la promesa de un mejor salario, beneficios y estabilidad financiera”, relató a la Agencia Anadolu.

Pero por el shutdown, hace un mes Guerra no va a su trabajo y no recibe los cheques con su sueldo, que es el principal sostén de la familia. Esos cheques le llegan normalmente cada dos semanas y no hay garantías de que cuando termine el cierre del gobierno haya un pago retroactivo. “Por suerte la persona que nos alquila ha sido flexible hasta ahora, nos dejaron pagar solo la mitad del alquiler”, relató. Pero si la situación se extiende comenzarán los problemas para ella y su familia. “Tengo capacidad para aguantar otros tres cheques, después no sé qué vamos a hacer”, dijo.

Su caso es similar al de cientos de miles de personas en todo el país. Con una cuota de humor afirmó que su casa nunca estuvo tan ordenada ni sus perros fueron sacados a pasear tantas veces por día como en el último mes. “Aproveché el tiempo para organizar asuntos pendientes”, contó Guerra. Es un pequeño consuelo: mientras dure el shutdown no puede contestar correos electrónicos laborales ni entrar al sistema de su oficina.

La parálisis se siente en dependencias federales, museos y zoológicos, así como en servicios como la recolección de basura en lugares públicos de la capital o en parques nacionales. Para mitigar sus efectos y evitar males mayores, el gobierno le pidió a muchos empleados que trabajen aún sin recibir su paga. Pero el pedido chocó con la resistencia de quienes creen que no hay nada que justifique la continuidad del shutdown y no comparten el argumento presidencial de que hay una situación de emergencia en la frontera sur que requiera la construcción de un muro.

Ese es el centro de la discusión y el corazón de la disputa política que enfrenta a Trump con la oposición demócrata. Según opinan los analistas locales, mientras más dure la pelea, mayor será el costo político. Lo que no está claro aún es quién lo pagará.

Peter Schechter, analista político y experto en estrategia electoral, cree que la clase dirigente en general pagará un precio alto por haber convertido esta discusión en “un banal juego político entre el presidente y la principal líder de la oposición”, Nancy Pelosi, jefa de la mayoria demócrata en la Cámara de Representantes. Fuera de Washington, le dijo el especialista a la Agencia Anadolu, creen que en la capital estadounidense “no quedan adultos”.

Así y todo, a la larga el presidente Trump podría sufrir los mayores costos electorales, “por su rigidez en las negociaciones con la oposición y porque durante dos años tuvo el control de las dos cámaras del Congreso y no avanzó con su agenda”, indicó Schechter. El 60% de los estadounidenses, sostuvo, no cree que haya una verdadera emergencia en la frontera y una mayoría “se siente rehén de esta rencilla desatada por el presidente”.

Lo más probable, creen los analistas, es que en algún momento republicanos y demócratas encuentren una salida a la crisis en la que parezca que nadie sale perdiendo. Esa solución todavía no está a la vista.