El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el proyecto de ley de presupuesto de la Nación 2018 lo presentará para su debate a la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y omitió la entrega de la propuesta a la Asamblea Nacional (AN) con la función de revisar las asignaciones económicas del gobierno. 

Maduro evitó la entrega del presupuesto a la AN por segundo año consecutivo. El actual presupuesto debatido en 2016 tampoco siguió su proceso constitucional sino que fue presentado ante la Sala Constitucional del Poder Judicial venezolano. 

El mandatario informó que el presupuesto prevé la asignación de más del 70% de los recursos a la inversión social, descrita como asignaciones en los sectores de la salud, la vivienda, el trabajo y la pobreza. El presidente se refirió a esas inversiones como “el eje central del sistema socialista que estamos construyendo”. 

La ANC fue elegida en la jornada electoral del 30 de julio, en la que se escogieron 545 representantes afines al Gobierno. La Asamblea Nacional con mayoría opositora no puede rebatir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, según esa votación. 

Los gobiernos de 12 países de Latinoamérica han desconocido a la ANC como un organismo parlamentario legítimo y consideraron la elección de la Constituyente como una ruptura del orden democrático en Venezuela. 

Las naciones que consideran ilegítima la elección de la ANC son México, Guatemala, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Panamá, Argentina, Paraguay y Perú. 

La elección de la ANC donde no participó la oposición provocó el surgimiento de manifestaciones en Venezuela donde sucedieron actuaciones del gobierno, denunciadas por organizaciones civiles como violatorias de los derechos humanos en la Corte Penal Internacional (CPI).