Japón está generando grandes críticas en todo el mundo por su decisión de retirarse de la autoridad internacional sobre la caza de ballenas, así como por su decisión de reiniciar su programa de caza comercial de estas especies.

Los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros en pronunciarse contra la decisión instando a Japón para permanecer en el pacto.

“Australia está extremadamente decepcionada" con el anuncio de Japón, afirmó la ministra de Relaciones Exteriores australiana, Marise Payne.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, también denunció la medida y dijo: "La caza de ballenas es una práctica obsoleta e innecesaria.

Seguimos esperando que Japón reconsidere su posición y cese toda actividad de la caza de ballenas para promover la protección de los ecosistemas oceánicos".

La ONG ambientalista Greenpeace condenó el "retiro furtivo" del Gobierno japonés de la CBI y agregó: "La declaración de hoy (miércoles) está fuera de sintonía con la comunidad internacional y mucho menos con la protección necesaria para salvaguardar el futuro de nuestros océanos y estas majestuosas criaturas.

La ONG enfatizó que "el Gobierno de Japón debe actuar urgentemente para conservar los ecosistemas marinos, en lugar de reanudar la caza comercial de ballenas".

SeaLegacy, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo crear conciencia sobre la conservación de los océanos, afirmó en un tweet: "Esto es una locura, un movimiento bárbaro que podría retrasar la recuperación de las especies durante décadas. Es hora de que todos hablemos y dejemos la caza para siempre".

Japón, si bien es la mayor economía ballenera del mundo, no está sola en absoluto en el negocio de la caza de estos cetáceos.

Tres de los principales países de caza de ballenas, Japón, Noruega e Islandia, capturan cientos de los animales y otros mamíferos acuáticos cada año.

Todos los países mencionados operan generalmente alrededor de sus propias costas y en algunos casos en los círculos ártico y antártico, estos países sostienen que la caza de ballenas es una parte integral de su cultura y en ocasiones critican a la CBI por no representar estas sensibilidades.

Japón

Es un estado miembro de la CBI desde 1951, siempre ha sido un fuerte defensor de la caza comercial de ballenas.

Después de una moratoria global patrocinada por Estados Unidos en la CBI en 1986, Japón suspendió sus actividades comerciales de caza de ballenas, en lugar de realizar una "investigación científica de ballenas" en el Círculo Antártico.

En 2017, Japón capturó más de 300 ballenas solamente en la Antártida. Según los informes de los medios, los balleneros japoneses cazan aproximadamente el doble de esa cantidad anualmente en el Océano Pacífico noroccidental y en sus propias costas.

En la última reunión de septiembre de la CBI en Brasil, Tokio confirmó su crítica de larga data contra el organismo internacional alegando que este "no puede tomar decisiones sustanciales sobre sus funciones principales", es decir, que se enfoca de manera desproporcionada en la conservación de las ballenas y no "garantiza el uso sostenible de las ballenas” a través de cuotas de captura comercial.

Noruega e Islandia

También miembros fundadores de la CBI, han continuado sus prácticas de caza de ballenas aún siendo parte del organismo, rompiendo con la moratoria de 1986.

Este año, Noruega capturó al menos 434 ballenas e Islandia capturó 81, según la Agencia de Investigación Ambiental, una ONG con sede en el Reino Unido.

En mayo pasado, Noruega atrajo las críticas internacionales al elevar sus cuotas comerciales de caza de ballenas a más de 1,200, casi un 30 por ciento, aunque se ha mantenido constantemente por debajo de este límite por un amplio margen.

Tanto Islandia como Noruega apoyaron una propuesta japonesa para reformar la CBI, pidiendo el establecimiento de cuotas de caza de ballenas reconocidas internacionalmente y un mayor énfasis en la CBI como un órgano de regulación en lugar de un órgano de conservación.

Las cuotas instituidas por estos dos países son controvertidas y varias ONG afirman que van contra el derecho internacional.

*Camilo Hernández contribuyó con la redacción de esta nota.