Por: Sergio García Hernández

El debate alrededor del uso de la fracturación hidráulica conocida como fracking en la industria de los hidrocarburos revivió en Colombia cuando la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, alertó la semana pasada sobre el descenso de las reservas de gas en el país, que cayeron de 11,7 años a 9,8 años entre 2017 y 2018, ante lo que los opositores a la técnica, reunidos en la Alianza Colombia Libre de Fracking, piden su prohibición debido a los riesgos que aseguran conlleva su implementación.

“Hay 9,5 millones de colombianos que usan este servicio en su casa, y lo utilizan también en sus vehículos. Tenemos en juego la seguridad energética”, advirtió la ministra en un reciente foro en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Ante los datos negativos, el Gobierno colombiano insiste en que si el fracking se puede realizar sin afectaciones a los recursos naturales y las comunidades, podría ser una técnica útil para garantizar la producción de hidrocarburos y en especial gas. Sus detractores consideran que es evidente la falta de información sobre el tema y le recuerdan al presidente, Iván Duque, sus compromisos en campaña cuando se opuso a la técnica.

La discusión sobre el fracking se ha visto influenciada, además, por los resultados del informe de una comisión de 13 expertos que le hicieron unas recomendaciones al Gobierno para hacer fracking, sin oponerse a la técnica, que fueron expuestas en el foro de la Javeriana.

La comisión de expertos ha recibido críticas de la Alianza Colombia Libre de Fracking, que ha puesto en duda su independencia, defendida por el Ministerio de Minas y los propios integrantes del grupo, donde además de expertos en hidrocarburos hay filósofos, médicos y ambientalistas.

El debate se reactivó pese a que, desde el pasado mes de noviembre, el Consejo de Estado de Colombia activó una medida cautelar que suspendió un decreto y una resolución que establecía procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

La justicia tiene bloqueado el fracking en Colombia, pero el debate se mantiene debido a que la suspensión del Consejo de Estado fue provisional y el Gobierno no oculta su deseo de que pueda resolverse a su favor.

“Hay una medida cautelar en el Consejo de Estado sobre la regulación vigente y hasta tanto no se defina hay que esperar”, ha afirmado la ministra para quien, si la medida se resuelve a favor del Ejecutivo, se deben seguir las recomendaciones de la comisión de expertos para decidir si se hace o no fracking en el país.

Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, le afirmó a la Agencia Anadolu que el país tendría unos riesgos altos, si se aprueba la fracturación hidráulica, en materia ambiental, de probable contaminación de acuíferos, y de afectaciones a la salud pública.

“Son riesgos que el país no debe asumir y en ese sentido lo que consideramos es que la decisión más sensata debe ser aplicar el principio de precaución para no permitir el desarrollo de esa técnica”, aseveró Santiago.

Para el miembro de la Alianza, el debate sobre el fracking, pese a la medida cautelar del Consejo de Estado, se traduce en el deseo del Gobierno de buscar el desarrollo de la técnica.

“Hemos utilizado las herramientas del derecho y del litigio y gracias a ello hoy tenemos suspendido el desarrollo del fracking y su marco normativo... Hasta tanto no se tome una decisión sobre la medida cautelar, no se puede avanzar en ningún piloto. Todo este debate es con base en expectativas”, manifestó Santiago.

El integrante de la ONG manifestó que hay trámites de proyectos de yacimientos no convencionales que buscan una licencia ambiental y que preocupan a las comunidades en zonas como Puerto Wilches y Barrancabermeja, en el departamento del Santander.

La medida cautelar del Consejo de Estado consideró que la autorización en Colombia para la aplicación del fracking puede provocar una afectación grave al medio ambiente y a la salud humana.

“El despacho consideró relevantes las conclusiones del control de advertencia efectuado por la Contraloría en el 2012, en el cual se señaló que el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la consecuente afectación de la salubridad provocadas por el fracking eran potencialmente riesgosas”, mencionó el Consejo de Estado.

La decisión del Consejo de Estado indicó que son numerosos, además, los estudios que prevén que el uso de esta tecnología puede tener un impacto negativo en la preservación del medio ambiente y en la salud humana.

“Por lo mismo, varios países han decretado su prohibición, condicionamiento o aplazamiento, hasta no cerciorarse sobre sus verdaderos efectos”, indicó el Consejo de Estado.

Bajo ese panorama, la comisión, conformada por 13 expertos, le ha recomendado al Gobierno un plan para llegar a la creación de un Proyecto Piloto de Investigación Integral, un proceso donde debe haber una fase de fortalecimiento institucional, mejoramiento de la transparencia, y diálogo con las comunidades para lograr lo que el grupo llama “la licencia social”.

El Gobierno se comprometió a seguir el plan en un nuevo intento por dar viabilidad a una técnica que, sin embargo, como la misma ministra reconoce debe permanecer detenida en Colombia por la decisión de la justicia. 

(Ver El fracking, ¿una necesidad para Colombia?)