Por: Emiliano Limia

Alberto Fernández enfrentará a partir de este martes una situación económica delicada, en la que la pobreza del país supera el 40% y la desocupación es mayor al 10%.

Como si esto fuera poco, Argentina tiene que pagar vencimientos de deuda por USD 52 mil millones en el próximo año, casi un 15% del PBI.

Ante la imposibilidad de afrontar esos pagos, existen dos opciones: la reestructuración de la deuda, o que se declare el default y el consecuente cese de pagos. En principio, todo indica que Martín Guzmán, el ministro de Economía designado por Fernández, optará por renegociar y reestructurar la deuda con los inversionistas.

En cuanto al FMI, existen intereses mutuos ya que para el FMI es importante que a Argentina le vaya bien. Ha puesto mucho en juego no sólo por la cantidad de dinero que le ha prestado (USD 56 mil millones, el préstamo más alto de su historia), sino también porque está en tela de juicio su reputación.

El rol de Guzmán será importantísimo, sobre todo porque en campaña Alberto Fernández criticó mucho al FMI por haber “financiado la reelección de Macri”, y hasta declaró que los préstamos disimulaban que la Argentina ya estaba en default.

De hecho, este lunes Fernández advirtió que hay un “enorme riesgo de default”. Si bien no parece probable, habrá que esperar si el Gobierno entrante prefiere declarar el default y la cesación de pagos, e ir a una renegociación de la deuda con los fondos privados que implique no pagar en los primeros años de su administración. Si hay una cesación de pagos, también habrá una renegociación con el FMI.

Sería una forma de mostrar que la situación en la que Macri deja el país es desastrosa, sólo que estaba disimulada por los desembolsos del FMI, una mirada muy crítica de lo heredado y que da cierto sentido a la falta de una transición más ordenada con la administración saliente.

Por otro lado, la inflación parece improbable que baje (actualmente en torno al 55%), dado que Fernández ha insistido en varias oportunidades en la necesidad de “reactivar el consumo”, y que para eso es necesario “poner dinero en el bolsillo a la gente”. De estas declaraciones se desprende que difícilmente el gasto público baje sino todo lo contrario, y que eso será financiado en parte con emisión monetaria.

Según especialistas, la emisión de pesos podría derivar en más demanda de dólares, y que eso a su vez se traslade a los precios de bienes y servicios. Para hacer frente a esos aumentos potenciales, Fernández planea negociar un acuerdo de precios y salarios y así evitar que se dispare la inflación. Una suerte de “pacto social” con los distintos sectores de la sociedad.

Además, se estima que se aumentarán los impuestos para quienes cobren los sueldos más elevados, a quienes tengan dinero en el exterior, y que se aplicarán retenciones al sector exportador.

Existe una desconfianza generalizada de los mercados porque no creen que el plan económico sea consistente. Hasta que no se empiecen a notar mejoras en términos pobreza, empleo e inflación, es probable que el pesimismo continúe.

Justicia

Otra área sensible será la Justicia. La vicepresidente Cristina Fernández tiene varias causas en su contra por las que ha declarado públicamente que es víctima de una persecución político-judicial organizada por el gobierno de Macri, de la que además son parte jueces federales y una parte del periodismo. Por su parte, Alberto Fernández ha dicho no sólo que coincide con esa visión sino que es una posición consensuada con la ex presidente.

Esta interpretación, conocida como “lawfare”, es un argumento que, ex funcionarios que están siendo juzgados por diversos casos de corrupción, utilizan para defenderse. Tales son los ejemplos de Cristina Fernández, Lula en Brasil y Rafael Correa en Ecuador.

Cristina Fernández ha planteado que es por lo menos sospechosa la forma en la que se sortearon los jueces que llevan adelante sus casos (dado que siempre son los mismos), algo que es parcialmente cierto pero que no necesariamente implica que no haya habido delitos.

La manipulación de procesos judiciales son un caso de especial relevancia en Argentina, ya que daría la impresión que para algunos jueces es más importante quién es el juzgado y no tanto las pruebas que se presentan en el caso. En muchos procesos judiciales pareciera que una persona puede ser condenada o no dependiendo del juez que la juzgue.

Uno de los interrogantes que surgen a partir de esto es si se aplicará el mismo “lawfare”, pero al revés. Muchos creen que ahora será el turno de ex funcionarios macristas de desfilar por los tribunales. Será interesante ver cómo actúa la Justicia bajo la gestión de los Fernández, si se utilizará para perseguir y/o encubrir y/o dotar de impunidad a corruptos.

El Ministerio de Justicia estará a cargo de Marcela Losardo, abogada socia y amiga de Alberto Fernández, mientras que Marisa Herrera, de carrera académica, será quien establezca los vínculos formales entre el Poder Ejecutivo y el Judicial como secretaria de Justicia.

Poder de mando

El Frente de Todos tuvo su origen en mayo de este año, cuando Cristina Fernández publicó un video en su cuenta oficial de Twitter en donde afirmaría que le había pedido a Alberto Fernández ser candidato a presidente.

A partir de esta designación, la legitimidad de poder del nuevo presidente está, cuanto menos, bajo dudas. Hay quienes afirman que la que tendrá el verdadero poder es la vicepresidente. Lo cierto es que, por un lado, la designación de los ministros que integrarán el gabinete revelan una estructura de poder compartida.

Por otro lado, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados sí daría la impresión que van a estar controladas por la vicepresidente. Como su cargo lo demanda, Cristina Fernández presidirá el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados quien tendrá un peso importante será Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Néstor Kirchner.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.