Por: Daniel Salgar Antolínez

El 23 de enero el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino del país, invocando los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución y llamando usurpador al presidente Nicolás Maduro. Así comenzó una nueva estrategia de la oposición venezolana que, aunque ha ganado importantes aliados y atención de los medios globales, hasta ahora carece de resultados contundentes.

La primera parte de esta estrategia consistió en aumentar la presión internacional para aislar y deslegitimar a Nicolás Maduro como presidente. Por fuera de su país, Guaidó ha alcanzado un importante reconocimiento como presidente interino. Al menos 54 Estados lo reconocen a él y no a Nicolás Maduro. La cifra es significativa, pero el hecho es que la mayoría de los 193 países de la ONU no lo reconocen, entre estos miembros del Consejo de Seguridad como Rusia y China. Aunque Guaidó tenga de su lado a las potencias de Occidente, esta pugna por el reconocimiento internacional todavía la va ganando Maduro.

Pero independientemente del éxito que Guaidó pueda tener internacionalmente, lo más importante es que tenga legitimidad y poder al interior de su país, y este tampoco es el caso. Aunque cuente con un porcentaje de apoyo popular, es evidente que a excepción del poder legislativo que él preside, ninguno de los otros cuatro poderes del Estado lo reconocen como presidente interino: ni el Ejecutivo, ni el Judicial, ni el Electoral, ni el ciudadano. Tampoco lo hacen las fuerzas armadas.

La segunda parte de la estrategia encabezada por Guaidó pareció en principio una innovadora medida de presión: enviar ayuda humanitaria para los venezolanos por vía terrestre a través de las fronteras de Colombia y Brasil, y por vía marítima a través de Puerto Rico y Curazao. El 23 de febrero, justo un mes después de que Guaidó se autoproclamara presidente interino, fue programada la entrada de más de 600 toneladas de ayuda proveída principalmente por EEUU y Chile. Se decía que esta ayuda entraría a Venezuela de cualquier forma, a pesar de la negativa del gobierno de Maduro a permitir su ingreso.

La distancia entre el discurso y la realidad

El 22 de febrero, los diputados de oposición venezolanos dieron una rueda de prensa en la ciudad fronteriza de Cúcuta, Colombia, en la que anunciaron cómo se realizaría la “avalancha humanitaria” que lograría pasar la frontera.

Los diputados Gaby Arellano y José Manuel Olivares aseguraron que se trataría de una protesta pacífica, en la que los manifestantes irían vestidos de blanco apoyando el paso de las tractomulas que llevaban la ayuda. Se mostraron muy confiados en que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ante este tipo de protesta desarmada, tendría que abrir un corredor. Anunciaron, además, que en cada puente fronterizo de Cúcuta habría un diputado opositor coordinando la histórica operación que finalmente abriría las puertas de Venezuela.

Llegó el 23 de febrero y centenares de periodistas esperaban cubrir esa pacífica avalancha humanitaria, pero la situación en el terreno fue muy distinta. En lugar de personas desarmadas con camisetas blancas coordinadas por los líderes de la oposición, lo que se vio fue grupos de jóvenes con sus rostros cubiertos, lanzando piedras y bombas molotov en contra de la GNB, la cual respondió con gases lacrimógenos y balas de goma.

De inmediato fue evidente que las puertas de Venezuela no se abrirían como estaba planeado: ¿qué país permitiría el ingreso de una ayuda humanitaria bajo estas circunstancias, con grupos de civiles atacando sin control? Si bien Guaidó y quienes lo respaldan han insistido en que en estas escenas se vio a la GNB reprimiendo a manifestantes pacíficos, y muchos medios reproducen este discurso, después de estar en el terreno es perfectamente posible decir que la GNB estaba respondiendo mediante el uso de armas no letales ante una agresión contra su territorio, como lo harían las fuerzas armadas de cualquier país en el mundo.

Estos grupos de jóvenes lideraron una batalla campal que duró más de 6 horas en los puentes fronterizos Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Mientras tanto la Policía colombiana, encargada de salvaguardar el orden y la convivencia, simplemente observó los acontecimientos y nunca intervino para impedir que la avalancha humanitaria se tornase en un escenario de caos y violencia. ¿Por qué la Policía colombiana permite que jóvenes, muchos de estos menores de edad, arriesguen sus vidas de esta manera y ataquen a un país vecino? 

Otro asunto es el de los colectivos armados en el lado venezolano. Su presencia en Venezuela es innegable, se sabe que han cometido homicidios, que han recibido armas por parte del gobierno chavista y están para defender la revolución bolivariana. Durante las manifestaciones del 23 de febrero se denunció repetidamente la presencia de estos colectivos del lado venezolano de la frontera, sin embargo no se reportó ningún muerto.

Al final de la jornada del 23F ninguna ayuda humanitaria ingresó a Venezuela, y en cambio hubo un saldo de al menos 285 heridos. En el Puente Francisco de Paula Santander, dos de las tractomulas fueron quemadas y aún no hay certeza de quién fue el responsable de estos hechos. En los días posteriores al 23F, las escenas de jóvenes lanzando piedras y bombas molotov se han hecho constantes, como también ha sido constate la actitud contemplativa de las autoridades colombianas.

El papel de los líderes de oposición durante el 23 de febrero

Otros interrogantes surgen al analizar el papel de los líderes de oposición. Aunque habían asegurado que estarían coordinando la entrada de ayuda humanitaria a través de los puentes fronterizos, apenas si apareció alguno de ellos en medio de la batalla. Por un lado, se vieron incapaces de controlar la avalancha de jóvenes decididos a enfrentarse a los guardias venezolanos. Por el otro, a muchos de los organizadores de la operación humanitaria que vestían chalecos azules se les vio alentando a estos muchachos, dándoles máscaras o material para que siguieran luchando en la línea fronteriza. ¿No se trataba de una protesta pacífica?

Guaidó, por su parte, después de dar una rueda de prensa a mediodía se montó en una de las tractomulas para ser fotografiado por los muchos periodistas que lo perseguían por Cúcuta. Acto seguido, descendió del camión y no se le volvió a ver hasta la rueda de prensa que ofreció en la noche. Nunca se le vio liderando la protesta en la frontera ni evitando que se convirtiera en un acto violento.

En suma, no se vio un liderazgo claro por parte de las principales figuras de la oposición. Y es imposible no preguntarse cómo Guaidó, si quiere proyectarse como presidente interino de su país, permite que un grupo de civiles ataquen a su propio ejército y a su propio territorio. Teniendo semejante despliegue de medios colombianos e internacionales a su alrededor, ¿no debería haberse presentado de manera pacífica ante su ejército y ordenarle permitir el paso de la ayuda humanitaria para su país? Esa era la foto que muchos estaban esperando.

¿Ayuda humanitaria?

Uno de los debates fundamentales alrededor de este episodio es si las toneladas de cajas que iban a ser enviadas hacia Venezuela en realidad podían calificarse como ayuda humanitaria. En el marco del Derecho Internacional Humanitario, esta ayuda debía ajustarse a principios de independencia, neutralidad e imparcialidad. Además, debía tener un objetivo exclusivamente humanitario, un estudio previo de las necesidades específicas y la manera como estas se iban a satisfacer.

Este no fue el caso. Hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU se negaron a participar en la operación del 23F y señalaron que la misma no podía calificarse como humanitaria, debido a su contenido altamente politizado. El 23 de febrero, lo que se vio en el terreno no fue tanto un genuino gesto humanitario destinado a los más vulnerables, sino un performance en plena línea de frontera y frente a los medios del mundo, orientado a deslegitimar la figura de Nicolás Maduro.

Al final de la jornada, Guaidó y sus aliados cantaron victoria no porque la ayuda humanitaria hubiese llegado a su destino, sino porque, según ellos, el mundo había sido testigo del carácter represor de Nicolás Maduro. ¿Cuál era realmente la finalidad de esta operación “humanitaria”?

Si se tratase de ayudar a los millones de venezolanos que sufren hambre por motivo del desabastecimiento y la hiperinflación, o a los enfermos que no tienen acceso a medicinas, la operación de ayuda humanitaria se pudo haber hecho de otras formas y sin generar enfrentamientos violentos. De hecho, aunque el presidente Maduro se niegue a reconocer la crisis humanitaria que vive Venezuela y a abrir un corredor de ayuda para atenderla, múltiples organizaciones constantemente envían ayuda al país de diferentes formas, manteniendo el anonimato y asegurándose de que productos específicos lleguen a quienes los necesitan.

La deserción de los soldados venezolanos

Si hay algún triunfo posible en medio de la fallida avalancha humanitaria, es que centenares de soldados han decidido dejar las fuerzas armadas venezolanas, pasar la frontera y solicitar ayuda y protección a las autoridades colombianas. Los líderes de la oposición venezolana han reiterado el llamado a los soldados venezolanos a ubicarse “en el lado correcto de la historia” y algunos han respondido. Desde el 23 de febrero hasta el 2 de marzo, son al menos 700 los oficiales oficiales que poco a poco han dejado las filas en su país.

Aunque esta cifra es significativa, las deserciones no representan ni siquiera al 1% de la estructura militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene “entre 95.000 y 150.000 combatientes activos”, según la información disponible en la página web del Ministerio de Defensa. Estas decisiones individuales pueden enviar algunos mensajes para Nicolás Maduro, pero hasta ahora no ponen en duda la posición institucional de las fuerzas armadas que permanecen del lado del gobierno, ni han provocado el golpe militar y consecuente cambio de régimen que esperan Guaidó y sus aliados.

Además, la gran mayoría de los soldados desertores no son de alto rango, por lo que es poco probable que puedan proveer información relevante de inteligencia a las autoridades colombianas. En cambio, para el Estado colombiano implica un esfuerzo asegurar su protección y mantenimiento dentro del país.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no necesariamente reflejan la política editorial de la Agencia Anadolu.