Por: Emiliano Limia

La historia de la relación de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pasado por distintos momentos, dependiendo de las políticas del gobierno de turno. Actualmente, el FMI está a la espera de un nuevo gobierno para continuar las negociaciones.

De hecho, a un mes de las elecciones presidenciales continúan las negociaciones con respecto al desembolso de USD 5.400 millones que estaban previstos para septiembre.

La suma forma parte del préstamo de USD 57 mil millones, de los cuales ya más de 45 mil millones fueron otorgados al país, pero el sorpresivo resultado de las elecciones primarias en agosto de este año puso en suspenso un nuevo desembolso, debido al muy probable cambio de gobierno.

Desde el FMI aún no han dado detalles sobre el resto del desembolso, aunque negaron de manera rotunda que su relación con la Argentina se encuentre congelada, sino que están tratando de encontrar puntos en común para acordar un programa pensando en “una transición política”.

El 47% de los votos obtenidos por el peronismo en las primarias obligaron al FMI a iniciar conversaciones con la oposición argentina, dada la alta probabilidad de que Mauricio Macri no sea reelecto. Alberto Fernández y su equipo económico manifestaron las intenciones de pagar la deuda, aunque admitieron la necesidad de una reestructuración y plantearon focos de prioridad distintos.

Para el FMI resulta fundamental saber quién será el próximo presidente para saber en qué condiciones va a seguir prestando el dinero. Actualmente Argentina es el deudor más importante del FMI (concentra alrededor del 60% del total de dinero prestado por el organismo), por lo tanto es de gran relevancia lo que suceda en el país.

Por si fuera poco, en medio de la incertidumbre política cambiaron las autoridades del organismo. De acuerdo con la nueva directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, “Argentina está al tope de las prioridades”.

Para el país, la necesidad de llegar a buen término radica en que necesita reestructurar su deuda y que lleguen los más de USD 11 mil millones que faltan del total del acuerdo. Ante la falta de dólares, si los próximos desembolsos no llegaran puede haber una devaluación aún mayor del peso argentino o una restricción más rigurosa a la compra de dólares.

Las idas y vueltas entre Argentina y el FMI

Existe una visión generalizada en la sociedad argentina que relaciona la presencia del organismo en el país con la implementación de ajustes que afectan a todos los argentinos y al crecimiento del país.

Cada vez que se ha firmado un acuerdo entre la Argentina y el FMI, se ha buscado dar señales de confianza a los mercados internacionales. El FMI es un prestamista de última instancia y su capacidad de condicionar la política económica de un país depende directamente de que éste solicite un acuerdo.

El organismo ha tenido una presencia casi permanente en la Argentina desde 1956, con intervenciones tanto en gobiernos democráticos como de facto, y un vínculo que contó con momentos amistosos y otros muy conflictivos.

Muchos de los acuerdos fueron suspendidos antes del tiempo establecido, y en otras ocasiones el país canceló anticipadamente la deuda con el FMI para así ganar autonomía y que el organismo no controlara la política económica del país.

Durante la década de 1990, las relaciones fueron muy estrechas. En aquellos años, el FMI ponía a la Argentina como un caso exitoso de los beneficios de la implementación de las reformas estructurales que proponía.

El presidente por aquel entonces era Carlos Menem y había implementado un plan económico de convertibilidad que establecía una igualdad cambiaria entre el peso argentino y el dólar. Es decir, un peso era igual a un dólar.

Pero ese régimen monetario luego terminaría en 2001 con el estallido de una crisis económica y social sin precedentes. Se determinó la caída de la convertibilidad y la declaración del default sobre el 65% del total de la deuda pública del país.

Eso significó para la sociedad argentina manifestaciones muy violentas en las calles que terminaron en saqueos y represión por parte de las fuerzas de seguridad, y que dejaron más de 40 muertos. El presidente de aquel entonces, Fernando De La Rúa, llegó a declarar el estado de sitio y, ante un situación insostenible, tuvo que renunciar y abandonar la Casa Rosada en helicóptero, en la que se considera la peor crisis en la historia reciente del país.

Aquel default dejó a la Argentina aislada internacionalmente y no le quedó más alternativa que acudir una vez más al FMI, aunque muy condicionada por las varias demandas del organismo, entre ellas la liberalización del tipo de cambio (que en pocos meses alcanzó los cuatro pesos por dólar) y el congelamiento del gasto público en una economía con 25% de desocupados y casi 60% de pobres.

Néstor Kirchner asumió la presidencia en 2003 con una economía en plena recuperación y un año más tarde trataría de negociar un acuerdo para buscar una salida al default, pero no tuvo éxito ya que el FMI exigía un ajuste fiscal que el gobierno no estaba dispuesto a hacer. De hecho, las negociaciones fueron tan malas que el organismo decidió retirar su oficina permanente del país.

Dos años más tarde, ayudado por el sostenimiento de altos niveles de superávit fiscal y una posición externa relativamente estable, Kirchner decidiría cancelar de manera anticipada la deuda que mantenía con el FMI (cercana a los USD 10 mil millones de ese entonces). Sin embargo, no permitió que sus técnicos regresaran a revisar las cuentas del país.

Desde aquel momento, Argentina no iba a obtener ningún otro préstamo, e incluso durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner las relaciones se enfriaron aún más, dada la manipulación de las estadísticas de inflación y crecimiento en ese gobierno. El kirchnerismo intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y dejó de medir todos los índices de manera confiable.

Durante los ocho años de gobierno de Cristina Fernández, el país y el organismo de crédito internacional prácticamente no tuvieron relación.

Doce años después de aquella decisión de Fernández de Kirchner, en mayo de 2018, Mauricio Macri anunció que Argentina volvía al FMI, un acercamiento que se dio en parte por necesidad, nuevamente en busca de dar señales de confianza a los mercados.

El restablecimiento de la cooperación parecía encaminado con el acuerdo más importante en la historia del organismo a un país en este lado del continente. El final es abierto, y empezará a decidirse a partir de las elecciones del 27 de octubre.

De cara a las elecciones presidenciales

Las autoridades del FMI niegan que la relación con Argentina este suspendida por incertidumbre política. Según David Lipton, gerente interino, “el FMI trabaja para una eventual reanudación de una relación financiera que puede tener que esperar un tiempo”, y advirtió que “Argentina atraviesa una situación extremadamente complicada”.

Es decir, ratifican el apoyo pero admiten que es difícil una salida rápida.

Según el candidato presidencial opositor Alberto Fernández, el FMI “cometió un error” al desembolsarle casi todo el dinero del préstamo a Macri, “porque lo usó para la fuga de capitales”, afirmó el líder peronista. Y si bien es optimista en cuanto a la negociación futura, admitió que “es evidente que en estas condiciones Argentina no puede pagar”.

Fernández ya declaró que de ser electo presidente, el año que viene quiere reactivar la economía e incentivar el consumo. Si el FMI tuviera una posición muy dura y exigiera reformas estructurales que provoquen más recesión, las negociaciones serán difíciles.

Entonces, ¿qué se puede esperar que suceda luego de las elecciones de octubre? La asunción del nuevo presidente será el 10 de diciembre, por lo que de ganar Alberto Fernández (escenario más probable) debería haber un acuerdo político para una transición ordenada que brinde confianza para que el FMI desembolse el dinero restante del acuerdo.

Dicho acuerdo debiera consistir en un pacto entre Macri y Fernández que establezca las medidas económicas que den previsibilidad al rumbo de la economía argentina hasta el cambio de mando el 10 de diciembre. Es decir, medidas que deberá tomar la administración de Macri en favor de la posible futura presidencia de Fernández.