Política, Análisis

Preparan proyecto legislativo para acabar con la Policía Antidisturbios en Colombia

Según organizaciones de DDHH, este cuerpo policial ha dejado desde su creación en 1999 una treintena de muertos, 137 heridos y casi 4.000 víctimas de agresiones. Este jueves se cumplieron 15 días de las masivas manifestaciones en Colombia.

Diego Camilo Carranza Jimenez   | 05.12.2019
Preparan proyecto legislativo para acabar con la Policía Antidisturbios en Colombia BOGOTÁ, COLOMBIA - ABRIL 25, 2019: Partidos de oposición, estudiantes, agricultores, sindicatos e indígenas se reunieron en la Plaza de Bolívar de Bogotá, Colombia, para participar en una huelga nacional. La manifestación finalizó con disturbios debido a los enfrentamientos entre grupos de encapuchados y los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Bogotá, Colombia, el 25 de abril de 2019. (Juan David Moreno - Agencia Anadolu).

BOGOTÁ, Colombia

Por: Diego Carranza

Entre finales de noviembre e inicios de diciembre, en Colombia ha habido tres paros nacionales y 15 días consecutivos de movilizaciones, plantones y diferentes tipos de protesta contra el gobierno de Iván Duque. Los disturbios y enfrentamientos han dejado cuatro personas muertas y más de 350 policías heridos.

El Gobierno respondió relativamente rápido al descontento social y convocó a una conversación nacional con diferentes sectores. Pero apenas hasta el lunes 2 de diciembre, el mandatario aceptó dialogar directamente con los líderes del paro. Sin embargo, hay quienes señalan que no ha habido claridad en las peticiones o resultados concretos a lo que vive el país. Pero sí hay algunas exigencias que han estado en el centro del debate, como el papel del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad), un organismo que a corte del año pasado tenía 3.328 agentes.

Mientras varias organizaciones defensoras de derechos humanos, parlamentarios, entre otros, piden que desaparezca este cuerpo policial, el Gobierno Nacional se opone, señala que es necesario y que incluso se debe fortalecer. 

Por ello, el senador del Partido Verde Antonio Sanguino está preparando un proyecto de ley que permita avanzar en el desmonte de ese cuerpo de choque, así como en una “revisión”, tanto de la política de atención y garantía de la protesta social, como de los protocolos que se han venido aplicando en el país, el tipo de armamento y la metodología con la que se “pretende limitar” dichas protestas.

“Es una iniciativa que busca salirle al paso, tanto a la negativa del Gobierno a reformar el Esmad, pero sobre todo a esa indignación, por la cantidad de heridos y atropellos, incluyendo el homicidio de Dilan Cruz en manos de este cuerpo policial”, dijo Sanguino.

El congresista sustenta su intención en una denuncia presentada contra la Policía Nacional el 26 de noviembre por los senadores Iván Cepeda, Gustavo Bolívar y un grupo de organizaciones ante la Fiscalía General “para que se investiguen posibles excesos en el uso de la fuerza contra los ciudadanos". La acusación menciona 831 casos de retenciones y al menos 25 heridos entre el 21 y 23 de noviembre.

Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que ha acompañado al menos 14 casos entre 2002 y 2015, hubo más o menos 448 agresiones cometidas por miembros del Esmad, entre amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, que dejan por lo menos 3.950 víctimas, incluidos 137 heridos y dos casos de violencia sexual. 

De acuerdo con Soraya Gutiérrez, presidenta del Cajar, “este es un subregistro porque mucha gente no denuncia”. Y varios no lo hacen por miedo.

Los departamentos con mayor número de casos son Cauca (con 2082 agresiones en medio de movilizaciones de comunidades indígenas en este periodo), Valle del Cauca (680) y Santander (335). 

Sanguino hablaba inicialmente de 20 muertes por el accionar del Esmad. Sin embargo, un informe de la ONG Temblores realizado durante el último año y medio, casi que duplica el número. Esta investigación, titulada “Silencio oficial: un grito aturdido de justicia en el marco de los veinte años del Esmad”, data 34 muertes en las que estaría involucrado dicho cuerpo desde su creación en 1999.

Impunidad, otra de las preocupaciones

Y aunque estos números son preocupantes, hay un hecho adicional que inquieta a organizaciones como el Cajar: la gran mayoría de los casos ha quedado en la impunidad.

“Nosotros, en los temas que hemos acompañado, hemos visto que ha sido muy difícil establecer responsabilidades penales por la actuación arbitraria y desmedida de integrantes de la fuerza pública. La mayoría de los casos está en impunidad, precisamente porque los integrantes del Esmad no cumplen con protocolos y obligaciones en materia de identificación”, indica Soraya Gutiérrez. 

Ante este contexto, el senador Sanguino afirma que “llegó la hora de revisar la existencia de este cuerpo de policía, al parecer orientado por una doctrina de persecución y represión”.

Otro aspecto que señalan es el papel del Esmad y la respuesta a la protesta en el marco del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016.

Para Sanguino, además de ser un derecho consagrado en la Constitución Política, la protesta también fue incorporada en dicho acuerdo para que sea “consolidada y garantizada”.

“No es ninguna novedad que el Gobierno actúe en contravía del acuerdo de La Habana... el presidente ha denominado su política de paz como paz con legalidad y nosotros le contestamos: lo legal es cumplir el acuerdo”, afirmó.

En estas dos semanas, muchos sectores han criticado la presencia del Esmad en diferentes ciudades. Por ello, Sanguino reitera que la función del Estado es garantizar la protesta social sin violencia, pero indica que es un “contrasentido que se use la violencia para enfrentar los problemas que se presenten en manifestaciones”. 

Por su parte, el Colectivo resalta lo señalado por diversas organizaciones sobre su origen. Por un lado, el Esmad fue un organismo temporal creado en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). Dos, es un organismo que pertenece a la Policía Nacional, con funciones constitucionales de seguridad ciudadana, pero que aún así depende del Ministerio de Defensa. 

“Hemos dicho que la Policía siendo un cuerpo civil, no puede depender de este Ministerio porque es otorgarle un carácter militar, de confrontación, haciendo que se rija por una serie de doctrinas, lo que implica que su respuesta, como ha ocurrido en este ejercicio de protesta, sea una respuesta de guerra”, expresó Gutiérrez.

Por ello, la vocera de Cajar insiste en una propuesta para que en el marco de un posacuerdo haya una “fuerza pública para la paz”. 

“Eso implica unas reformas estructurales a las FFMM, pero es clave que la Policía sea un civil, con objetivos ciudadanos y dependiente del Ministerio del Interior, que por supuesto tiene buena legislación sobre el comportamiento en protestas sociales”, dijo Gutiérrez. 

Para el Cajar, “hasta que no se logre desmilitarizar esa concepción que tiene la Policía al estar adscrita bajo el Ministerio de Defensa, difícilmente se van a respetar estos protocolos y connotaciones constitucionales”.

Entre las exigencias que hacen organizaciones defensoras de derechos humanos, los miembros de la Policía tienen que estar plenamente identificados, sobre todo quienes dirijan los operativos, que usen armas de letalidad reducida y que los miembros de la Fuerza Pública solo puedan intervenir cuando se considere que su acción es realmente necesaria, siempre atendiendo a los principios de proporcionalidad y garantía de derechos de los manifestantes.

El caso de Dilan Cruz

La muerte de Cruz, un estudiante de 18 años, ocurrió el pasado 25 de noviembre, tres días después de que una munición denominada 'bean bag' (una bolsa de material textil que contiene múltiples perdigones de plomo), fuera disparada por un agente antidisturbios y se incrustara en su cabeza durante una marcha pacífica en el centro de Bogotá.

El dictamen de Medicina Legal fue “trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego". Claudia García, directora de la entidad, detalló que los hallazgos del peritaje realizado permitieron establecer “como manera de muerte médico-legal: violenta, homicidio”.

Sanguino aseguró que este pronunciamiento es muy importante "porque ayuda a definir la competencia de quien debe conocer el caso, si la justicia penal militar, que implicaría un gran riesgo de impunidad en este caso, o la justicia ordinaria”.

Según el Cajar, el caso de Dilan fue absolutamente contrario a la ley, primero, por el uso de armas con “metralla adentro” y porque no cumplió con protocolos, porque los gases lacrimógenos están siendo usados contra el grueso de los manifestantes y no ante situaciones y focos de violencia. Se dispara directamente a la persona y no hacia arriba de forma parabólica para que no causen daño, asegura la vocera de Cajar.

Pero eso no es todo. Según Gutiérrez, “hay indicios de que lo que se está usando es un tipo de armas no convencionales que vienen importadas desde Chile, dirigidas a dispararle en la cabeza a la gente para causar daños craneoencefálicos y muertes cerebrales, y a los rostros, lo que está llevando a que los jóvenes pierdan sus ojos”.

Con base en esto, el Cajar afirma que "existe toda una política sistemática de parte del Esmad para causar daño físico en las personas que participan en la protesta, fundamentalmente jóvenes".

El senador Sanguino dijo que la iniciativa legislativa estaría lista para los próximos días. Sin embargo, fuentes del Congreso indican que el proyecto no alcanzaría a ser debatido en esta legislatura, por lo que quedaría para el próximo año. Mientras se concreta, se convocará a una audiencia pública el 16 de diciembre en el Congreso de la República, en la que se expondrá el informe de la ONG Temblores.

“Así como en otras épocas el país se vio abocado a desmontar el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como producto de las chuzadas y otras violaciones a derechos humanos; o la Brigada XX del Ejército que también resultó responsable de graves violaciones, en esta ocasión el país debe discutir sin más dilaciones la existencia de este cuerpo de Policía y buscar otras maneras que permitan garantizar la convivencia y la protesta social”, expresó Sanguino.

Una alternativa son los Gestores de Convivencia, un equipo coordinado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, y catalogado por el congresista como “un importante instrumento de acompañamiento y protección, prevención de hechos de violencia, tanto por fuera de las manifestaciones, como por dentro con las personas infiltradas, lo que implica un enfoque distinto en el tratamiento de la protesta”.

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