Por: Andrea Aguilar Córdoba

La Convención Constituyente de Chile, que se instaló el pasado domingo 4 de julio, ha comenzado con el pie izquierdo, y no solo por la accidentada instalación de la primera sesión en la que la represión de manifestantes, muchos de los cuales eran familiares de los mismos constituyentes, hizo que se suspendiera el acto inaugural, sino porque el gobierno de Sebastián Piñera no dispuso los medios técnicos para que se pudiera sesionar.

Los desafíos para adaptar al antiguo Congreso Nacional, cerrado por Augusto Pinochet en el golpe de Estado de 1973, para poder empezar a discutir la redacción de la nueva Constitución con los aforos permitidos por los protocolos Covid, han puesto de relevo la poca voluntad política del actual Ejecutivo con el proceso que tuvo seis meses para gestionar.

“No hay condiciones técnicas ni sanitarias, acabamos de revisar nuestras oficinas y no tenemos ni computadores para comunicarnos”, aseguró este martes la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, a quien las universidades públicas le han ofrecido sus instalaciones para que pueda empezar a trabajar.

Pero, al margen de esta primera semana de sesiones que se realizará en Santiago, antes de que los constituyentes que llegaron desde otras partes del país vuelvan a sus regiones, en estos días deberían definirse temas como el presupuesto, los aspectos administrativos y los mecanismos de participación popular en los que la Convención se conectará con cabildos y asambleas populares.

Un nuevo Chile

El inicio de este proceso para redactar una nueva Constitución, que entierre la que dejó la dictadura militar, ha iniciado con la élite chilena reducida a su mínima expresión por primera vez en un acto oficial, en el que la diversidad, los trajes de pueblos originarios y los constituyentes independientes fueron los protagonistas.

Los miembros de la coalición derechista Vamos por Chile serán una minoría con apenas 37 convencionales en este proceso que, el día de la inauguración, vieron desde sus asientos con expresión de sorpresa o rechazo cómo se materializaron las demandas del estallido social que cuestionó los privilegios de las clases más acomodadas.

El contraste se hizo más visible cuando estos constituyentes cantaron el himno nacional mientras los independientes e izquierdistas gritaban que se liberaran a los presos por luchar, en medio de un acto en la que la gran mayoría de convencionales no pertenece a la clase política tradicional, acostumbrada a respetar los protocolos de las ceremonias, y que no tiene incorporado los códigos ni considera más importantes los decretos y los plazos que la ebullición social que se gestaba a las afueras del recinto.

La jornada cerró con la elección de la activista mapuche Elisa Loncón como presidenta de la convención y con el abogado Jaime Bassa, quien se hizo célebre por asistir a una sesión del Congreso sin corbata, como vicepresidente del organismo, un reflejo del cambio social y político que se avecina en Chile.

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Frágil equilibrio de poderes

Más allá de la irrupción política de sectores normalmente alejados de las tomas de decisiones, el país se enfrentará al desafío de mantener un equilibrio de poderes con el Legislativo que seguirá funcionando, a diferencia de países como Ecuador y Colombia, en donde fue cesado mientras duraron las asambleas constituyentes en 2007 y 1991, respectivamente.

“Va a cambiar el funcionamiento de organismos del Estado y vamos a ver una reducción de las atribuciones presidenciales y un balance más equitativo del poder con el Legislativo. Se modificarán las formas de ejercer la autoridad y también se podrían establecer referendos revocatorios y formas de participación directa que no existen en la Constitución actual”, dijo a la Agencia Anadolu Marianne González, experta en historia Constitucional de la Universidad de Chile.

Sin embargo, temas como el indulto de los presos que dejó el estallido social, que es prioridad para la mayoría de constituyentes, han empezado a causar fricción con el Gobierno y con el Legislativo, que pide que sean respetados los mecanismos democráticos que funcionan actualmente en el país.

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Expectativas de cambio

Sin duda, el principal desafío al que se enfrenta el proceso de cambio constitucional de Chile es llenar las amplias expectativas que dejó el estallido social de 2019, que fue el génesis del proceso de cambio de carta magna para responder a las demandas sociales.

“El pueblo de Chile tiene esperanza pero también tiene rabia, impaciencia y muchos años de exclusión de los pueblos originarios, las mujeres, la diversidad sexual, que han sido invisibilizados. Salieron a pedir dignidad humana y tenemos que ser capaces de entregar una estructura legislativa capaz de autorregularse y responder a los nuevos desafíos”, señaló a la Agencia Anadolu el escritor Jorge Baradit, electo constituyente del Colectivo Socialista.

Baradit, quien es autor de la trilogía ‘Historia secreta de Chile’, asegura que los chilenos tienen claro que la implementación de la nueva Constitución tomará años y no será un proceso automático. Además existe la consciencia histórica de que desarticular un modelo que ha imperado por siglos no será una tarea fácil.

“Chile ha sido el bastión de esa idea en América Latina de que hay un grupo de poder educado que maneja todo, desde la iglesia y el empresariado hasta el mundo político. Se casan entre ellos, se reproducen entre ellos y el poder se queda en la oligarquía. Por eso este proceso es absolutamente opuesto. Estamos hablando de una enorme cantidad de representantes populares: profesores, pescadores, escritores, empleados públicos, amas de casa que no pertenecen a ninguna forma política y que van a estar decidiendo cómo va a ser Chile de ahora en adelante”, concluye el escritor chileno.

Sin embargo, las altas expectativas que se han puesto en la Convención Constitucional, que incluyen también temas como garantía de derechos sexuales y reproductivos y temas medioambientales, podrían verse opacadas por la capacidad real que tengan de plasmar las demandas ciudadanas y de desarticular el modelo neoliberal que ha primado en el manejo de uno de los países más industrializados y desiguales de América Latina.