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Los culpables de genocidio que ahora lideran la lucha democrática en Myanmar

El dudar en oponerse al genocidio rohinyá le está costando USD 1.000 millones al Gobierno de Unidad Nacional y bloquea su reconocimiento mundial.

Maung Zarni   | 10.05.2021
Los culpables de genocidio que ahora lideran la lucha democrática en Myanmar Varias personas con máscaras se manifiestan contra el golpe militar en Rangún, Myanmar, el 4 de abril de 2021. (Agencia Anadolu)

Ankara

Por: Maung Zarni*

Fue terriblemente doloroso para mí ver las preguntas y respuestas de cuatro minutos entre el congresista estadounidense Brad Sherman y Kyaw Moe Tun, el representante permanente prodemocrático de Myanmar ante la ONU durante la audiencia virtual, titulada El desarrollo de la crisis en Myanmar, organizada por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 4 de mayo.

Fue atroz porque yo, como activista de Myanmar en el exilio, quería que el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), por el que habló el enviado de Myanmar en la audiencia, obtuviera reconocimiento político como el verdadero representante del pueblo de Myanmar de una de las legislaturas más influyentes del mundo. Y, sin embargo, el representante del NUG fracasó espectacularmente en defender el caso en nombre de los 54 millones de habitantes de mi país.

Específicamente, el congresista Ben Sherman, miembro del subcomité anfitrión, y sus colegas, querían garantías de que el NUG tuviera una política de inclusión claramente definida sobre el derecho de los rohinyá a la nacionalidad y la restauración de una ciudadanía plena e igualitaria. Los rohinyá eran personas de Myanmar que residían en el estado de Arakan o Rakáin, cuya ciudadanía fue despojada en diferentes fases, tanto legal como violentamente, por los gobiernos de Myanmar desde finales de la década de 1970.

En lugar de abordar satisfactoriamente las preocupaciones del Congreso, el diplomático birmano se equivocó. Repitió el mismo mantra nacional cansado de verificar la elegibilidad de la ciudadanía de los rohinyá de acuerdo con la Ley de Ciudadanía de 1982, un instrumento legal diseñado por la dictadura militar del general Ne Win para excluir y desautorizar específicamente a los rohinyá de una ciudadanía plena e igualitaria.

El resultado fue catastrófico. El congresista Sherman se dirigió a Twitter y escribió: “Vean mi cuestionario a la disidencia de Birmania/Myanmar @UN Emb. Kyaw Moe Tun. Habla elocuentemente contra el golpe, pero como muchos defensores de la democracia de Birmania da respuestas decepcionantes con respecto a los #Rohinyá”.

El colega de Sherman en el subcomité, el congresista Ted Lieu (demócrata de California con un gran número de seguidores en las redes sociales) intervino con su desaprobación del enfoque evasivo del NUG hacia los sobrevivientes del genocidio.

“La ONU encontró al Gobierno anterior en Myanmar comprometido con la limpieza étnica de los rohinyá con una intención genocida. Se estima que más de 25.000 murieron y 18.000 mujeres y niñas fueron violadas. El nuevo Gobierno de Unidad Nacional no incluye a ningún rohinyá. No podemos apoyarlo hasta que eso cambie”, escribió en Twitter.

Un asunto costoso

Este es un fracaso enormemente costoso que muchos birmanos en casa y en la diáspora vieron en vivo. Política y financieramente, de hecho le ha costado al movimiento revolucionario del país que tiene como objetivo poner fin no solo a revertir el golpe del 1 de febrero, sino a 60 años de dominio militar sobre la política, la sociedad y la economía.

Además de la negativa del comité del Congreso a reconocer al NUG como el verdadero representante de Myanmar, el error del embajador del NUG hizo imposible esperar la liberación de USD 1.000 millones de fondos del Gobierno de Myanmar que el presidente estadounidense Joe Biden congeló con una orden ejecutiva en la banca estadounidense. La medida presidencial tenía como objetivo privar al régimen militar del acceso a fondos que han masacrado a más de 750 ciudadanos desarmados, detenido a más de 4.000 activistas, encarcelado a cuatro docenas de periodistas y secuestrado por la fuerza a un número indeterminado de personas. Estos son los mil millones de dólares que podrían entregarse al NUG para abordar las necesidades financieras del movimiento antigolpista y prodemocrático.

Durante los últimos tres meses desde que médicos y enfermeras iniciaron el movimiento de desobediencia civil en hospitales gubernamentales, cientos de miles de empleados estatales en varios ministerios, como transporte, telecomunicaciones, salud pública, finanzas, educación, etc., han renunciado a sus salarios y eligieron ser desalojados de las viviendas del Gobierno, enfrentándose a dificultades económicas. Necesitan urgentemente apoyo material.

Además, existe una necesidad masiva de asistencia humanitaria, ya que el país ha experimentado un fuerte aumento en el número de refugiados de Karen, Shan, Chin, Mon, Kachin, Taang y otras comunidades minoritarias que sufren ataques aéreos de día y de noche y fuego de artillería pesada por parte del régimen golpista de Myanmar. La guerra civil de baja intensidad desde que tuvo lugar el golpe el 1 de febrero se ha transformado en un conflicto total entre el Ejército birmano y la sociedad multiétnica en general, incluidas las que eran zonas de cese al fuego del oeste, el norte y el este de Myanmar.

Además, la liberación de los USD 1.000 millones de fondos al Gobierno de Myanmar y el reconocimiento político de los Estados Unidos podrían permitir de manera muy significativa al NUG apoyar adecuadamente el objetivo abierto de construir y formar una fuerza de defensa popular. A juzgar por las redes sociales y los debates públicos, la opinión pública de Myanmar está abrumadoramente a favor de derrotar y desmantelar el Tatmadaw, o las fuerzas armadas nacionales, ya que ha estado aterrorizando a toda la población civil, con total impunidad.

Formación de fuerza de autodefensa

En consecuencia, el Comité Representante de Pyi Htaungsu (Parlamento) o CRPH ha invocado abiertamente el derecho (universal) a la autodefensa, mientras que el NUG ha anunciado la formación de una fuerza de autodefensa organizada llamada People's Defence Force como alternativa a “el Ejército terrorista”, como dijo el embajador Kyaw Moe Tun.

En su favor, el Embajador Kyaw Moe Tun hizo contribuciones históricas a la causa de la lucha democrática de Myanmar contra el Ejército terrorista que calificó con razón como "una amenaza existencial" para el país y su pueblo, cuando pronunció un discurso virtual desafiante y de principios a la Asamblea General de la ONU el 26 de febrero.

Pero el legado del genocidio de Myanmar no se puede esconder bajo la alfombra en aras de la lucha democrática.

Él y el NUG, como Gobierno interino con amplio mandato popular, deben aceptar el hecho de que el Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND) dirigido por Aung San Suu Kyi, detenida desde hace tres meses, junto con su presidente títere Win Myint, fue cómplice comprobable del genocidio del país.

Por lo tanto, el NUG y el Comité Representante del Parlamento de Myanmar (CRPH), todos en el exilio o en las regiones de Myanmar bajo el control de organizaciones étnicas armadas, deben hacer una ruptura limpia y radical con el deshonroso liderazgo de la LND, y algunos dirían que deben hacerlo rápido porque "el tiempo es esencial".

Dolorosamente, la vieja guardia de la LND que cofundaron y dirigieron la Liga desde su fundación en 1989 han demostrado ser racistas anti-rohinyá. Como era de esperar, prácticamente todos los líderes importantes de la LND, desde Suu Kyi y el vicepresidente Tin Oo, hasta los sucesivos portavoces y abogados de la LND, contribuyeron al envenenamiento de la mente pública birmana con sus sentimientos y opiniones de exclusión pública y oficial sobre los rohinyá como una comunidad étnica integral de la Unión de Myanmar.

Igualmente importante, los líderes icónicos de la generación 8.8.88 de los levantamientos estudiantiles que ahora tienen el apoyo popular del Gobierno de Unidad Nacional, por ejemplo, Min Ko Naing, participaron en la destrucción de la identidad de los rohinyá como grupo.

Credenciales dudosas del vicepresidente de la LND

Según su autobiografía de dos volúmenes, el vicepresidente de la LND, el general retirado Tin Oo, encabezó la primera ola de deportación, aunque pequeña en número, de bengalíes indocumentados (entonces paquistaníes del este) y varios rohinyá a través de las fronteras hacia el este de Pakistán a finales de la década de los cincuenta. El líder de la LND era entonces un teniente coronel con el rango de comandante regional de Todas las Tropas de Rakáin, residente en Sittwe.

Después de que estallaran los primeros episodios bien informados de violencia organizada contra los rohinyá en junio y octubre de 2012, el vicepresidente de la LND negó públicamente la identidad étnica de los rohinyá en un servicio en birmano de Radio Free Asia, una emisora ​​oficial del Gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, Suu Kyi pidió oficialmente a la ONU y a otros actores externos activos en los asuntos de Myanmar que no usaran el término rohinyá porque era “un término emotivo” (¡En oposición a una etnia real y objetiva!)

Los genocidios son destrucciones de grupos basadas en la identidad, que incluyen asesinatos, deportaciones y desplazamientos masivos. Y el liderazgo de la LND negó que el Ejército estaba comiendo un genocidio, también negó descaradamente la identidad de los rohinyá y su derecho básico a identificarse a sí mismo; incluso llegó a promover sistemáticamente la destrucción física de esa comunidad a través de olas de terror y violencia.

El Ejército de Myanmar ha utilizado durante mucho tiempo el poder judicial, los medios de comunicación, los ministerios de Educación, Inmigración y Asuntos Religiosos del Estado y la legislatura nacional para cometer lo que mi colega académica Natalie Brinham y yo llamamos "genocidio de combustión lenta".

Cuando la LND asumió el poder estatal en 2015, su liderazgo tomó las riendas tanto del poder ejecutivo (salvo los tres ministerios relacionados con la seguridad) como de todas las legislaturas estatales y nacionales. En el poder, los líderes de la LND utilizaron los puestos más importantes del poder para negar las políticas de exclusión de Myanmar y la intención genocida con respecto a los rohinyá como grupo y defender la feroz campaña de terror de los militares en 2016 y 2017.

Defendiendo el genocidio

En la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2019, tanto Suu Kyi como el ministro de Relaciones Exteriores y consejero de estado, y Kyaw Tint Swe, ministro a cargo de la oficina del consejero de Estado, actuaron como agentes en el histórico caso de genocidio de Gambia contra Myanmar.

La agente Aung San Suu Kyi no solo negó oficialmente las acusaciones bien documentadas de la purga genocida contra los rohinyá en 2016 y 2017, incluidas violaciones y masacres masivas, sino que también interpretó erróneamente la destrucción premeditada de la población civil rohinyá desarmada en casi 400 aldeas como simplemente un caso de un Estado soberano que se defiende de los "ataques terroristas" de los militantes rohinyá.

El propio embajador Kyaw Moe Tun estuvo muy involucrado en la negación del genocidio del Gobierno de la LND. En septiembre de 2018, fue el representante de Myanmar de más alto rango ante el Consejo de Derechos Humanos que cuestionó y desestimó las conclusiones condenatorias de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que se convirtió en la principal base probatoria del caso de genocidio de Gambia en la CIJ.

La presencia de los antiguos ejecutivos de la LND en el nuevo Gobierno de Unidad Nacional, cuya complicidad activa en el genocidio, por ejemplo, el Dr. Win Myat Aye, es un insulto a las víctimas rohinyá. También es una afrenta directa para muchos birmanos que se han dado cuenta de que les han lavado el cerebro y les han mentido sobre la persecución genocida de una de las comunidades étnicas integrales de Myanmar.

El NUG y el CRPH están proporcionando a la Revolución de Primavera de Myanmar (como se conoce a la serie de protestas contra el golpe) el liderazgo político y de políticas que tanto necesita, y han tomado muchas medidas audaces y basadas en principios, por ejemplo, la abolición de la Constitución antidemocrática de los militares de 2008.

Los dos pasos decisivos para rectificar los errores genocidas del pasado serían, en primer lugar, eliminar a los antiguos ejecutivos de la LND cuya complicidad es indefendible e inexcusable y, en segundo lugar, eliminar la Ley de Ciudadanía de 1982, creada como el instrumento legal de exclusión genocida que se dirigió a la población rohinyá, aunque de forma indirecta.

Sería una gran tragedia para el NUG, y lo que es más importante, para la revolución en desarrollo de Myanmar, si el NUG permite que la complicidad del pasado genocidio de los líderes de la LND se convierta en el talón de Aquiles de la revolución. Como frente revolucionario, el NUG debe tomar decisiones audaces y basadas en principios.

*El autor es coordinador de la Free Rohingya Coalition con sede en Reino Unido. Es secretario general de las Fuerzas de Renovación del Sudeste Asiático y miembro del Centro de Documentación sobre el Genocidio en Camboya.

Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.

**Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.

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