Política, Análisis

Los casos que adelanta la CPI sobre Venezuela que podrían definirse en las próximas semanas

Se espera que antes de que la fiscal Fatou Bensouda deje su cargo este mes, la Corte Penal Internacional decida si abre o no una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país caribeño.

Alvaro Suzzarini Fernández   | 05.06.2021
Los casos que adelanta la CPI sobre Venezuela que podrían definirse en las próximas semanas Bandera de Venezuela durante una jornada de manifestaciones contra el segundo mandato de Nicolás Maduro. (Lokman İlhan - Archivo Agencia Anadolu)

CARACAS, Venezuela

Por: Alvaro Suzzarini Fernández*

La Haya se ha transformado en un escenario más de la disputa política venezolana, ya que tanto la oposición como el Gobierno impulsan respectivamente casos ante la corte: los casos Venezuela I y Venezuela II.

El “Venezuela I” busca que haya una condena contra el aparato coercitivo del Estado venezolano, mientras que el “Venezuela II” persigue un fallo contra el esquema de sanciones unilaterales que le ha impuesto EEUU al país caribeño.

Ambos casos se encuentran en “examen preliminar”, una instancia de la CPI en la que la Fiscalía recauda información para ver si las situaciones de derechos humanos ameritan una investigación formal.

Además de los casos de Venezuela, actualmente la CPI examina posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Bolivia, Colombia, Guinea, Nigeria, Filipinas y Ucrania.

Los exámenes preliminares constan de cuatro fases en las que la Fiscalía no tiene lapsos de tiempos definidos. Guinea lleva casi 12 años siendo examinada y actualmente está en la tercera etapa del proceso preliminar, mientras que Nigeria, que en 2020 llegó a la fase final, inició su examen una década atrás.

Sin embargo, solo tres años después de que se abriera un examen preliminar en Venezuela, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se comprometió a dar una respuesta sobre los casos que atañen a la República Bolivariana para finales del primer semestre de este año.

Con el próximo pronunciamiento de la CPI, “Venezuela I” -actualmente en fase 3- podría trascender de instancia, con lo que Nicolás Maduro se podría convertir en el primer presidente latinoamericano en ser investigado por dicha corte.

Por su parte, un pronunciamiento favorable para “Venezuela II” solo implicaría que el caso se mueva de la fase 2 a la 3 en el examen preliminar.

Lo cierto es que lo que determine la CPI en el “Venezuela I” tendrá un impacto directo en la resolución de la crisis política venezolana. Si la corte decide iniciar una investigación formal, aumentaría la ya asfixiante presión internacional sobre la administración chavista, y a su vez daría fuerzas a la oposición radical, que llegó debilitada al proceso de negociación con el Gobierno iniciado hace poco.

Ver también: ¿Por qué la oposición en Venezuela pasó de discursos incendiarios a promover un acuerdo de salvación nacional?

Venezuela I: el caso de la oposición

Bensouda ha venido siguiendo el caso “Venezuela I” durante casi la totalidad de su mandato, de ocho años. Desde 2014 recibe denuncias de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, pero su gestión se ha centrado en investigar el uso de la fuerza por parte del Gobierno para reprimir las manifestaciones ocurridas desde abril del 2017.

La Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Lima y varias organizaciones no gubernamentales afines a la oposición venezolana son el motor detrás del caso.

Las ONG han recaudado y sistematizado las denuncias de violaciones de DDHH por parte de los organismos represivos del Estado venezolano cada vez que la violencia se ha exacerbado en la disputa política venezolana.

Por su parte, la OEA sirve de caja de resonancia para estas denuncias. El organismo multilateral publicó en 2018 un informe que es la piedra angular del caso “Venezuela I”.

Sin consultar ninguna cifra oficial, la secretaria de la organización estima que de 2014 a 2020 en el país suramericano se han producido 18.093 asesinatos vinculados a la fuerza pública, de los cuales “131 muertes estarían relacionadas con protestas” y se habrían presentado “más de 15.000 detenciones arbitrarias” por razones políticas. De igual manera, determinó que durante 2017 hubo 192 casos de violencia sexual perpetrados por policías y militares.

Las cifras citadas por la OEA se apoyan fundamentalmente en testimonios recopilados por la abogada especialista en DDHH Tamara Sujú, quien fue hasta 2019 embajadora ante la República Checa del autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, y de miembros del Foro Penal, una ONG dirigida por Alfredo Romero, uno de los abogados de Leopoldo López.

Por su parte, el exdiputado de oposición Walter Márquez publicó el año pasado el libro “Negligencia y corrupción de la fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela”, en el que denuncia supuestas “tácticas dilatorias” de la funcionaria, que a su juicio “está comprometida con el ‘régimen’ de Maduro”.

Márquez, que también es director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, una ONG registrada en los Estados Unidos, ha sostenido en diversas entrevistas “que si Maduro es investigado, finalmente podría ser arrestado en caso de viajar a cualquiera de los 117 países que integran el organismo”, lo que haría que la presión internacional sea “más poderosa” que las sanciones de Bruselas y Washington.

Desde la OEA también consideran que existe un retraso procesal en el “Venezuela I” y han presionado a la CPI para pedirle celeridad en el caso. De hecho el 2 de diciembre de 2020 el organismo multilateral publicó un informe titulado “Fomento de la impunidad: el impacto de la ausencia de una investigación de la fiscal de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de lesa humanidad en Venezuela”.

En este sentido también se ha pronunciado el fiscal general venezolano, Tareck William Saab, quien el pasado 3 de junio informó que desde el Ministerio Público de Venezuela se habían remitido dos acciones ante la CPI en las que pedían un trato justo para el caso venezolano.

El fiscal puso como ejemplo el caso colombiano ante la CPI: “Colombia lleva siendo examinada por 17 años y aún no se ha abierto una investigación formal”.

“En todos los países se violan los DDHH”

El Grupo de Lima también se ha involucrado en el ‘Venezuela I’. En una acción sin precedentes en la corta historia de la CPI, los mandatarios de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú remitieron en septiembre de 2018 una solicitud formal de apertura de una investigación ante la CPI para el caso venezolano, aunque luego Argentina desistió de la demanda.

Colombia es el único de los países remitentes que también está siendo examinado por la CPI desde el 2002 tanto por la posible violación sistemática de DDHH como por crímenes de guerra en el marco de su conflicto interno.

Según el organismo de Derechos Humanos de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Venezuela “tan solo en el marco de las protestas que se llevaron a cabo entre el 1º de abril y el 31 de agosto de 2017 se habría arrestado arbitrariamente a 5.341 personas”.

Pero con el reciente paro nacional en Colombia, este país también podría ser señalado en este sentido, ya que desde que iniciaron las protestas, el 28 de abril, la ONG Temblores ha contabilizado 1.145 detenciones arbitrarias.

A ese ritmo, si las protesta en el país neogranadino duraran lo mismo que las “Guarimbas” en Venezuela, que fue un poco más de cuatro meses, Colombia superaría a Venezuela en número de detenciones arbitrarias.

La directora de la organización social SURES, Lucrecia Hernández, aclaró en conversación con la Agencia Anadolu que “todos los países cometen violaciones de DDHH, pero organismos internacionales como la CPI deben concentrarse en la violación sistemática de los mismos”.

Por eso los Gobiernos de países en donde recientemente se ha desbordado el poder coercitivo durante manifestaciones, como los de Iván Duque, en Colombia, o Sebastián Piñera, en Chile, se han esforzado por enfatizar el supuesto carácter aislado de las violaciones de DDHH en sus países.

Los esfuerzos del Gobierno venezolano

El Gobierno venezolano, al igual que algunos de sus pares latinoamericanos, tampoco ha escatimado esfuerzos para negar el carácter sistemático de las violaciones de Derechos Humanos en su territorio.

Hace cuatro años, en plenas manifestaciones de la oposición, Nicolás Maduro por cadena de radio y televisión ordenó “la investigación y el castigo a cualquier funcionario que abuse de la fuerza física contra cualquier ciudadano”.

Y en ese sentido el fiscal general de Venezuela señaló el mes pasado que en su gestión de tres años y ocho meses han sido imputados 716 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los de DDHH y 40 civiles como presuntos cómplices.

Saab también ha condenado “casos emblemáticos” como el de José Pernalete, quien murió por el disparo al pecho de una bomba lacrimógena en el marco de las manifestaciones de abril de 2017, “por el que fueron imputados 12 funcionarios por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva”.

Para Hernández, quien también es abogada especialista en DDHH, “una cosa es la violación de DDHH y otra es que exista una política sistemática de violaciones de los mismos en un país y que las instituciones no reaccionen”.

“En el caso venezolano, (la organización social) SURES ha denunciado violaciones de DDHH por parte de algunos cuerpos policiales y el Estado ha iniciado las causas penales en ese sentido”, agregó.

No obstante, para el delegado en Europa del Programa Venezolano de Educación Acción en DDHH, Calixto Ávila, “las condenas por casos de torturas en Venezuela son muy escasas”.

“Hay que recordar en este sentido el caso del capitán de fragata Acosta Arévalo, que fue muerto presuntamente a causa de torturas y los culpables no fueron imputados inicialmente por ese delito”, señaló Ávila en conversación con la Agencia Anadolu.

El caso de Acosta Arévalo es otro de los “casos emblemáticos” con los que el Gobierno venezolano se esfuerza por quitarse el estigma del carácter sistémico de la violación de DDHH, y la Fiscalía venezolana ha señalado que “el 22 de octubre de 2020 se celebró una nueva audiencia de imputación contra los efectivos implicados por la presunta comisión de homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y tortura”.

Pero “uno de los mayores obstáculos que tiene el dossier para el Gobierno venezolano es que la mayoría de los informes del sistema de las Naciones Unidas de DDHH indican que en Venezuela el poder judicial no es independiente”, indicó Ávila.

A juicio de Ávila, el nombramiento del fiscal venezolano por parte de la Asamblea Constituyente, el carácter provisorio de los jueces y el hecho de que el defensor del Pueblo del país caribeño “no se pronuncie en ningún momento” son cartas “muy adversas” para que el Gobierno venezolano le demuestre a la CPI “que puede y quiere hacer justicia” y que se atreve a ir contra los altos mandos.

Venezuela II: el caso del Gobierno

“Todos los elementos que constituyen el crimen de lesa humanidad que está tipificado en el artículo 7 del estatuto de la CPI se cumplen en el caso Venezuela II”, opina Hernández.

El caso “Venezuela II” tiene como uno de sus fundamentos el informe de la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, quien en febrero de este año instó Estados Unidos, a la Unión Europea y a otros Estados a retirar las sanciones unilaterales impuestas contra Venezuela por ser violatorias de DDHH.

Para Douhan, las sanciones han “exacerbado calamidades preexistentes” y señala en sus conclusiones preliminares que “el efecto devastador se multiplica por la extraterritorialidad y el sobrecumplimiento que afectan negativamente a los sectores público y privado, a los ciudadanos venezolanos, a las organizaciones no gubernamentales y a las empresas de terceros países”.

EEUU aplica sanciones contra Venezuela desde 2005 pero fue a partir de 2015 que estas se recrudecieron, llegando a su punto máximo en 2017, cuando se sancionó a la estatal petrolera PDVSA, principal fuente de ingresos del país caribeño.

Douhan advierte en su informe que el acceso a salud y alimentos se ve comprometido por las sanciones unilaterales de EEUU.

SURES ha contabilizado sanciones a más de 140 personas, al menos a 140 empresas, 65 aeronaves y 52 buques, lo que limita en gran medida la capacidad de importar maquinaria e insumos que garanticen por lo menos el derecho a la vida y a la salud de los venezolanos.

Ver también: Sin bolívares pero con dólares: la economía venezolana después de 40 meses de hiperinflación

El “caso Venezuela II” tiene la gran dificultad de que imputa a los administradores del Estado de la primera potencia mundial que, además, nunca ha sido miembro de la CPI.

La fiscal Bensouda intentó en una oportunidad investigar presuntos crímenes de guerra en Afganistán y EEUU respondió sancionando a los jueces de la CPI.

La CPI nunca ha podido abrir una investigación en un país potencia. De hecho solo ha administrado justicia en casos del continente africano. Por esta situación muchos países de ese continente han abandonado la corte, incluyendo a su principal potencia: Sudáfrica.

En 2009 la Unión Africana de Naciones se distanció de la Corte y llamó a sus miembros a no cooperar con el tribunal, con sede en La Haya.

El caso del Reino Unido en Irak es lo más cerca que ha estado un país desarrollado de un juicio en la CPI, pero en 2020 la Corte decidió cerrar el examen preliminar que había hecho, por más de diez años, sobre las denuncias de crímenes de guerra cometidos por el Ejército británico en Irak.

Matthew Cannock, director del Centro de Justicia Internacional de Amnistía Internacional, señaló el año pasado que “en el informe de la Fiscalía se determinó que las fuerzas armadas británicas habían cometido crímenes de guerra en Irak en 2003, entre ellos tortura y violaciones, y que las autoridades británicas habían privado de justicia a las víctimas”.

Bensouda decidirá sobre ambos casos antes de entregar el cargo este mes a un ciudadano británico, Karim Khan, que puede llegar a ser determinante para Venezuela.

De modo que en las próximas tres semanas la crisis política venezolana se negociará en Caracas, se medirá en Noruega y se determinará en La Haya.

*El autor ha sido investigador de la Escuela Venezolana de Planificación y del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales y ha colaborado con medios internacionales como Hispan TV y TeleSur.

*Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.

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