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La controversial reforma a la justicia en Indonesia

El proyecto de ley que pretende reformar el Código Penal del país ha generado disturbios en varias ciudades, pues varios de sus artículos reducen drásticamente las libertades democráticas.

José Ricardo Báez González   | 03.10.2019
La controversial reforma a la justicia en Indonesia YAKARTA, INDONESIA - 24 DE SEPTIEMBRE: Miles de estudiantes universitarios se enfrentaron con las fuerzas de seguridad durante una protesta masiva frente al edificio de la Cámara de Representantes (DPR) en Yakarta, Indonesia, el 24 de septiembre de 2019. Instan al parlamento a anular las Leyes revisadas sobre la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) y el Código Penal. (Eko Siswono Toyudho - Agencia Anadolu)

BOGOTÁ, Colombia

Por: José Ricardo Báez G.*

El gobierno de Indonesia y la Cámara de Diputados quieren aprobar una reforma al código penal del país. Esto generó alarma entre activistas que se movilizaron contra el proyecto de ley, ya que el borrador, de 628 artículos, presenta amenazas a los principios democráticos, las libertades civiles y los derechos humanos, pues permitiría nuevas formas de discriminación contra las minorías religiosas y sexuales del país.

La versión actual del Código Penal del país está en vigor desde que Indonesia declaró su independencia en 1945, y es una versión ligeramente modificada del anterior, promulgado durante la era colonial holandesa en 1918. Es por esto que desde 1958 se han propuesto y discutido varias versiones del proyecto de ley para reformar el código, pero solo hasta el pasado 18 de septiembre la Cámara estableció el borrador final y el proyecto de ley iba a ser sometido a votación en una sesión plenaria el 24 de septiembre.

No obstante, tras multitudinarias manifestaciones en varias ciudades del archipiélago y solicitudes de un grupo de organizaciones de la sociedad civil para que sea rechazado este borrador por ser discriminatorio, el presidente Joko Widodo ordenó que se pospusiera la votación.

“hay, más o menos, 14 artículos [problemáticos] que deberán ser revisados por la DPR”, dijo Widodo, sin especificar cuáles eran dichos artículos.

Los artículos controversiales

En las protestas de esta semana, los estudiantes criticaron al parlamento por intentar regular sus vidas privadas y vigilar su moralidad. Hasta los turistas que visitan Bali estarían sujetos a estas normas. Sin embargo, el nuevo parlamento que se posesionó el 1 de octubre podría aprobar la reforma que contiene una serie de artículos que podrían prestarse a una amplia interpretación jurídica.

Por ejemplo, el artículo 2 acepta que se pueda judicializar a alguien por "cualquier ley viviente" en Indonesia. Es decir, se puede criminalizar a alguien bajo el derecho penal consuetudinario de las comunidades indígenas (hukum adat), la sharía (la ley islámica) o cualquier otra ley que quepa dentro de esta definición.

El nuevo código también prohíbe difundir enseñanzas comunistas o marxistas a través de cualquier plataforma. Aquel que lo haga podría pagar una pena de hasta 10 años (Art. 188 y 189). Tampoco se podrá promover, promocionar, ofrecer o mostrar métodos anticonceptivos a menores de edad (Art. 414, 415), ni insultar o "atacar la dignidad" del presidente, del vicepresidente, cualquier autoridad pública o institución estatal (Art. 219, 241, 353, 354, 440).

Asimismo, el nuevo código prohíbe la convivencia de una pareja que no esté casada legalmente, una medida un tanto absurda si se tiene en cuenta que se calcula que hasta la mitad de todas las parejas del país no se unen legalmente debido a las dificultades para registrar el matrimonio, una de estas tiene que ver con ser miembros de alguna de las religiones no reconocidas que aún perduran en islas muy remotas del país.

El adulterio, en el sentido de una persona casada que engaña a su cónyuge, ha sido ilegal durante mucho tiempo en Indonesia, pero solo a los cónyuges se les permitía legalmente denunciarlo a la Policía, ahora lo puede hacer un líder de la comunidad. Esta disposición ha sido muy criticada por la Comisión Nacional de Violencia contra la Mujer debido a la posibilidad de que las víctimas de violación podrían verse acusadas de adulterio en caso de que ellas denuncien que han sido víctimas de este delito.

Del mismo modo, el borrador expande la ley de blasfemia y dice que pagará cárcel quien transmita o publique discursos de odio, o que incite a otro a dejar cualquiera de las religiones oficialmente reconocidas en Indonesia. Por ejemplo, se judicializó a un místico que afirmó que silbar era una forma válida de oración musulmana; a una mujer que aseguró ser la reencarnación de la Virgen María; a un hombre que escribió en sus sandalias las palabras “Alá” y “Mahoma”, a un exboxeador convertido al Islam que se ganó la ira del Consejo de Ulama, la máxima autoridad islámica, al proponer que las oraciones se pudieran decir en indonesio y no en árabe, entre otros casos.

El caso de Ahok

Sin duda, el caso más relevante de la implementación de esta ley es el del gobernador de Yakarta. El 9 de mayo de 2017, el gobernador Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, de la etnia china del país y quien profesa el cristianismo, fue condenado luego de que malinterpretara el Corán durante un discurso: "Probablemente no votarán por mí, si siguen engañados por quienes usan el Surat Al Maidah 51 (versículo 51) del Corán de una manera engañosa". El Versículo 51 advierte que los musulmanes no deberían tener judíos y cristianos como su «auliya», palabra que genera mucho debate sobre su significado: puede ser "aliado", "amigo" o "líder".

Las autoridades islámicas tomaron lo que Ahok dijo como una afrenta hacia quienes, presuntamente, hacen el engaño (es decir, el Consejo de Ulama o MUI) o una ofensa al Corán mismo. En unas pocas semanas, el Movimiento Nacional para la Defensa del Edicto Religioso del MUI (GNPF-MUI), organizó protestas masivas exigiendo el encarcelamiento de Ahok. Unas 700.000 personas salieron a manifestarse en 2016 en la calles de Yakarta. Por tal razón, Ahok fue judicializado a finales de noviembre de ese año y sentenciado seis meses después a dos años de prisión.

El caso Ahok “fue el uso más significativo de la ley de blasfemia de Indonesia para fines políticos en toda la historia del país. La pérdida de las elecciones y su juicio estuvieron indiscutiblemente vinculados”, asegura Simon Butt, profesor del Centro de Derecho, Islam y Sociedad de Indonesia. Si se expanden los elementos criminales del código penal, se facilitará el ataque de los militantes islamistas hacia las minorías políticas: los casos de blasfemia son herramientas efectivas para movilizar y agitar a los musulmanes, y los grupos extremistas usan el derecho para fortalecer su poder político a través de manifestaciones masivas y para promover la sharía.

Resurgimiento del extremismo

En 2016, una mujer budista de 44 de años fue sentenciada a 18 meses de prisión por quejarse del volumen del llamado a la oración de la mezquita de su vecindario en Tanjung Balai, al norte de Sumatra. Horas más tarde, una turba de musulmanes rodeó su casa y fue acusada de blasfemia, lanzaron piedras y bombas incendiarias. La mujer fue capturada y judicializada, pero la turba incendió varios templos budistas como represalia.

Indonesia es un país extremadamente diverso, pero tiene la mayor población musulmana del mundo. “En la búsqueda de un Estado-nación «auténticamente indonesio», muchos indonesios y sus sucesivos gobiernos han negado durante décadas los derechos civiles de los conciudadanos, por ser supuestamente menos auténticos indonesios”, asegura Ariel Heryanto, profesor del Centro de Compromiso Indonesio Monash Herb Feith de la Universidad de Monash, Australia.

Desde 1942 se puede trazar el origen del extremismo, con el movimiento llamado Darul Islam (Estado islámico) o Negara Islam Indonesia (Estado islámico de Indonesia) que intentó establecer un estado islámico de 1949 a 1962. Actualmente, Jemaah Islamiyah (JI) y Jamaah Ansharud Daulah (JAD), dos organizaciones con vínculos con Daesh, son los grupos terroristas más activos y letales de Indonesia.

Daesh, también llamado Isis, está buscando nuevas zonas de expansión tras su revés en el conflicto de Siria e Irak, donde ha perdido casi todo el territorio que controlaba. En el primer número de la revista Rumiyah, una publicación en línea utilizada por Daesh para propaganda y reclutamiento, el grupo terrorista insinuó sus planes para moverse a un nuevo espacio de batalla alternativo fuera de Levante.

Por tal razón, en las últimas dos décadas Indonesia ha experimentado varios ataques terroristas, que Daesh se ha atribuido, llevados a cabo por militantes islamistas y que han dejado cientos de víctimas. Entre ellos están los ataques suicidas del 14 de enero de 2016 en el centro de Yakarta, sin olvidar en mayo de 2018, el triple atentado contra iglesias cristianas de Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia, que dejó 16 muertos y 40 heridos, el peor de los perpetrados por este grupo en este país.

¿Un futuro autoritario?

Desde la independencia de Indonesia, las diferencias de raza, etnia, género, orientación sexual y fe religiosa se han convertido en excusa para incentivar la hostilidad política y el discurso de odio dentro de la amalgama de comunidades que viven en el país. Precisamente, el nuevo código penal excluye las complejidades sociales, con una población aún inmersa en un proceso de reconciliación de al menos tres grandes genocidios políticos y étnicos que se efectuaron de 1965 al 2011.

De ser aprobado, Indonesia podría encaminarse hacia el islamismo sunita conservador. Por ahora queda esperar a las medidas que vayan a tomar los nuevos diputados recién posesionados. Por el momento, los estudiantes siguen en la calle protestando contra las autoridades y tal vez en ellos reside la última esperanza de que no se imponga un gobierno de mayorías en Indonesia. Cabe recordar que fueron las protestas estudiantiles las que lograron la renuncia del presidente Abdurrahman Wahid en 2001, el primero elegido democráticamente, y la salida del dictador Suharto, en 1998.

*El autor de este artículo es periodista especializado en temas internacionales con maestría en Estudios Internacionales y maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Los Andes de Colombia.

*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de la Agencia Anadolu.

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