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El regreso forzado de los rohinyá: un crimen contra la humanidad

El mundo grita en contra del esquema de repatriación pactado entre Bangladés y Birmania, que estaba programado para dar inicio el jueves.

Maung Zar   | 15.11.2018
El regreso forzado de los rohinyá: un crimen contra la humanidad

ANKARA, Turquía

Por: Maung Zarni

*El escritor es coordinador de asuntos estratégicos de la Coalición Rohinyá Libre y coautor de ‘El genocidio de quema lenta de los rohinyá de Birmania’.

Desde la Cruz Roja hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con el principal mandato para la protección de los refugiados, el mundo está criticando el plan de repatriación bilateral entre Bangladés y Birmania que comenzará el 15 de noviembre.

Robert Mardini, del Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Birmania, dijo a los reporteros: “todavía creemos que las condiciones no son las adecuadas para obtener regresos voluntarios, seguros y dignos... Nadie puede afirmar hoy que la seguridad en Rakáin está tan bien establecida que la gente pueda regresar con seguridad”.

El miércoles por la noche, las autoridades bangladesíes llevaron a 150 rohinyá a un campamento de tránsito en el lado de la frontera de Bangladés, aparentemente en contra de su voluntad.

El plan es devolver inicialmente a 2.200 sobrevivientes rohinyá del genocidio de Birmania y después se daría la repatriación de otros 2.000.

Si los dos países siguen adelante con la repatriación, que al parecer se logró bajo la presión de China (e India), dicha medida constituiría un crimen contra la humanidad de acuerdo con el derecho internacional.

Doreen Chen, coordinadora de derecho internacional de la Coalición Rohinyá Libre y directora de Destination Justice, un grupo de defensa con sede en Ginebra, expresó que “dadas las condiciones que los rohinyá probablemente enfrentarán en su regreso a Birmania, junto con la documentada falta de voluntad de muchos rohinyá de regresar, es inconcebible repatriarlos en este momento”.

“De hecho, va mucho más allá de esto: el mero acto de repatriación en sí no solo viola el principio del derecho internacional de no devolución, sino que puede constituir un crimen de lesa humanidad de transferencia forzosa”.

Así que está surgiendo una situación profundamente alarmante en la que los dos signatarios (Birmania y Bangladés) están demostrando ante la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 su voluntad de burlarse del derecho internacional, con Birmania cometiendo el delito, y el vecino Bangladés que planea llevar a la fuerza a los sobrevivientes de vuelta al peligro.

El 24 de octubre, el presidente de la Misión de Investigación de la ONU y ex fiscal general de Indonesia, Marzuki Darusman, le dijo oficial y enfáticamente al Consejo de Seguridad de la ONU que el genocidio de Birmania está “en curso”.

Las condiciones genocidas aún existentes en el terreno siguen empujando a los rohinyá que quedan a huir del estado de Rakáin.

Los botes en donde viajaban los rohinyá que intentaron huir de la situación infernal en su tierra natal en Rakáin fueron capturados y detenidos recientemente por las armadas de Bangladés y Birmania.

Hay 120.000 rohinyá en “campos de concentración”, el término utilizado por funcionarios de la Oficina de Asuntos Exteriores de Alemania en reuniones privadas con miembros rohinyá. Y en estos campos, han permanecido enjaulados desde que se desató la violencia organizada en 2012, y otros 400.000 viven en “grandes prisiones abiertas” en ciudades como Buthidaung y la mitad de los pueblos rohinyá que no han sido quemados.

Esta completa y absoluta ausencia de seguridad física a los rohinyá, como individuos y como grupo, no ha sido diferente con las acciones de la primera ministra de Bangladés, Sheik Hasina.

Tanto en 2017 como en 2018, propuso el establecimiento de una "zona segura" en el lugar de residencia original para los rohinyá en Birmania durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en esos dos años consecutivos.

Por lo tanto, es desconcertante y alarmante que Daca parezca decidido a seguir adelante con la repatriación bilateral, contra los deseos bien documentados de la abrumadora mayoría de 1,2 millones de rohinyá que se albergan en los campamentos de Cox’s Bazar.

Es comprensible que el volumen de refugiados rohinyá suponga una carga enorme para Bangladés. Además, la comunidad internacional, en particular los países ricos, no han cumplido sus promesas de compartir esta carga en dólares o euros humanitarios concretos.

Bangladés también está bajo la presión de poderosos gobiernos asiáticos como China e India para comenzar la repatriación y tratar el impacto transfronterizo de alojar a un millón de refugiados que huyen del genocidio que los agobia al otro lado de la frontera.

Para empeorar las cosas, la líder de facto y ministra de Relaciones Exteriores de Birmania, Aung San Suu Kyi, se ha sumido en un estado de negación total con respecto a los hechos en el terreno: que los militares han ordenado el crimen del genocidio y ella lo niega.

Suu Kyi ha rechazado desafiantemente todos los informes e investigaciones de derechos humanos que encuentran las violaciones de Birmania como crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra, desde el informe 444 de la Misión de Investigación de la ONU del 18 de septiembre hasta los informes de la Universidad de Yale y Queen Mary de Londres sobre el genocidio en Birmania.

Y así, cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le dijo de frente a Suu Kyi en su reunión en Singapur que la persecución de Birmania a los rohinyá no tenía excusas, rechazó con acritud al líder estadounidense, en lugar de reconocer las horribles verdades sobre su gobierno.

En sus propias palabras, “de cierto modo, podemos decir que entendemos a nuestro país mejor que cualquier otro y estoy segura de que dirá lo mismo de usted, que entiende a su país mejor que nadie”.

De hecho, es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suu Kyi quien ha estado involucrado en la propaganda anti-rohinyá, haciendo circular declaraciones oficiales y haciendo comentarios en los medios de comunicación, que enmarcan los brutales ataques de los militares contra los rohinyá como una legítima defensa de Birmania contra los “terroristas”.

Su gobierno también promueve la producción audiovisual de propaganda contra los rohinyá del conocido islamófobo estadounidense Rick Heinzman.

Heinzman está vetado en Twitter y Facebook por su fomento al odio, pero el gobierno de Suu Kyi le ha otorgado acceso gratuito y sin precedentes a los campos de exterminio de Rakáin para realizar su grabación de videos anti-rohinyá.

Sin embargo, los miembros de la Misión de Investigación de la ONU y la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, la señora Yanghee Lee, no han tenido las mismas garantías que le han dado a Heinzman.

En este contexto, la seguridad de los rohinyá en Birmania no puede confiarse a sus perpetradores birmanos en el poder sin intervenciones internacionales concretas.

Se debe establecer una coalición de Estados miembros de la ONU, como Malasia, Turquía, Canadá, Países Bajos, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, etc., que han expresado una gran preocupación por la difícil situación de los rohinyá.

Esto constituiría un paso vital para garantizar la seguridad y facilitar el regreso voluntario de los rohinyá a su país de origen y, finalmente, poner fin al genocidio que se vive en Birmania.

*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.

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