Con la anexión de Cachemira se abrió paso a la expulsión de funcionarios locales
Cerca de 2 millones de personas califican para ser ciudadanos de la región, basados en una nueva ley de domicilio, lo que aumenta los temores de que se puedan adelantar cambios en la demografía de mayoría musulmana.

ANKARA
Cuando India anexó y redujo a Jammu y Cachemira a ser un territorio administrado centralmente hace exactamente un año, los observadores sintieron que la medida tenía como objetivo cambiar la naturaleza de mayoría musulmana de la región.
Si bien es cierto que puede llevar años imponer enormes cambios demográficos, parece que la población local ya ha sido expulsada de las instituciones oficiales, lo que implica un complejo de desempoderamiento en la región.
Según cifras del Gobierno de Jammu y Cachemira, de los 24 puestos oficiales como secretarios, solo cinco están ocupados por musulmanes.
Además, entre el 12% y el 17,24% de los 58 funcionarios superiores que administran la región son musulmanes. Uno de ellos, Shah Faesal, quien renunció hace dos años después de involucrarse en la política, pasó 10 meses en prisión bajo la estricta Ley de Seguridad Pública. Irónicamente, su renuncia aún no ha sido aceptada.
De la población de la región de 12,5 millones, los musulmanes comprenden el 68,31% y los hindúes el 28,43%, según un censo de 2011 realizado por la India.
Pero incluso en el segundo nivel de la burocracia civil, conocido como el Servicio Administrativo de Cachemira, los musulmanes son solo 220 (el 42.06%) de un total de 523.
Las cifras son incluso menores en el cuerpo policial
Pero los números son mucho menores en los servicios policiales. De los 66 agentes de policía principales responsables de la seguridad de la región, solo siete (10,6%) son musulmanes locales. En el segundo nivel del servicio policial, de 248 oficiales, 108 (43.54%) son musulmanes.
Hace algunos meses, las redes sociales en Cachemira se incendiaron por una fotografía publicada por la oficina del teniente gobernador Girish Chandra Murmu, que se había reunido con un grupo de burócratas. De los 19 funcionarios en la foto, solo había un oficial musulmán local.
India nombró a un musulmán local, Farooq Khan, un ex oficial de policía que se convirtió en líder del Partido Bharatiya Janata (BJP) como asesor del vicegobernador. En el año 2000, dos comisiones judiciales lo declararon culpable de matar personas, a él, la misma persona que había organizado una manifestación pacífica contra el asesinato de sus familiares en un “encuentro falso”.
En declaraciones a la Agencia Anadolu, Khurram Parvez, un destacado defensor de los derechos humanos y galardonado con el Premio Reebok de Derechos Humanos en 2006, afirmó que el objetivo de los cambios constitucionales y la serie de órdenes emitidas durante el año pasado es lograr el desempoderamiento y privación total de derechos a la población local.
Según Abdul Gafoor Noorani, autor residente en Mumbai y experto en asuntos constitucionales, las disposiciones del artículo 370 se habían incorporado a la Constitución india hace siete décadas para proteger la naturaleza musulmana de la región en una India de mayoría hindú.
“El artículo 370 estaba destinado a expresar y proteger la identidad de Jammu y Cachemira, debido a las circunstancias especiales en las que accedió pertenecer a la India en 1947. Y esa identidad se está destruyendo. La región recibió un estatus especial debido a las circunstancias históricas especiales”, explicó Noorani.
Una decisión tomada sin tener en cuenta al pueblo
Siddiq Wahid, ex vicecanciller y profesor de historia de Asia Central y Tibetano, cree que el desmantelamiento del estatus especial de Jammu y Cachemira el 5 de agosto de 2019 fue tomado sin tener en cuenta de ninguna manera al pueblo. “La decisión se tomó con suficiente consulta como para garantizar la validez legal mientras se eludía la verdad, una técnica de manipulación en la que Nueva Delhi es muy competente”, aseveró el profesor.
En defensa de la decisión, los líderes del partido gobernante, el BJP, señalan que los cambios fueron aprobados democráticamente por ambas cámaras del parlamento de la India, por lo que tienen el sello de la mayoría.
De los 788 miembros del parlamento indio, solo 10 pertenecen a Jammu y Cachemira. Mientras que uno de ellos, Farooq Abdullah, ex primer ministro, fue detenido y no se le permitió participar en los procedimientos del parlamento, cinco parlamentarios de la región se opusieron a la decisión. Dos de ellos pertenecientes al Partido Democrático de los Pueblos (PDP) se pusieron con tal histeria que rompieron copias de la Constitución india.
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Además de la burocracia, parece que los cachemires también están siendo rechazados en las empresas. Recientemente, de 52 contratos de extracción de arena a lo largo del río Jhelum y sus afluentes en Cachemira, 40 de ellos fueron adjudicados a personas del exterior.
Según un grupo de prominentes ciudadanos indios encabezados por Madan Lokur, un exjuez de la Corte Suprema de la India, las empresas de la región han perdido 400 mil millones de rupias (USD 5.300 millones) durante el año pasado.
La columna vertebral de la economía local, la industria de la fruta, perdió alrededor de 135.000 toneladas métricas de manzanas debido a las restringidas instalaciones de transporte. En vista de un bloqueo impuesto después de la decisión del 5 de agosto de 2019, hubo aproximadamente 144.500 pérdidas de empleos solo en los sectores de turismo y artesanías.
El grupo destacó que Jammu y Cachemira hasta el año pasado ocupó el tercer lugar en ingresos fiscales en comparación con otros estados indios y el segundo en ingresos no tributarios. El producto interno neto del estado se registró en 780 mil millones de rupias (USD 10.410 millones) entre 2016 y 2017. Su ingreso interno bruto per cápita se registró en 100.000 rupias (USD 1.334).
Once meses después de la disolución del estado, la región ha reportado una tasa de desempleo sin precedentes del 17,9% en comparación con el promedio nacional de la India del 9,5%.
Enorme inseguridad entre las personas
A raíz de la nueva ley de domicilio, se ha arraigado una enorme sensación de inseguridad en la mente del pueblo de Cachemira.
Si bien el ministro del Interior de la India, Amit Shah, describió estos temores como completamente infundados, según el censo de 2011, 2,8 millones de extranjeros trabajaban en la región, casi una cuarta parte de la población total. Muchos de ellos han estado en el estado desde finales de la década de 1990. Todos calificarán y reclamarán el domicilio de la región, cambiando así su carácter de mayoría musulmana en un instante.
Con respecto al impacto de la decisión de India, CD Sahay, exjefe de la agencia de inteligencia externa de India, el Ala de Investigación y Análisis (RAW), sostuvo que mientras la situación se manejaba bien y la mayoría de los países islámicos también había respaldado a Nueva Delhi, un año después, parece ser una tendencia a la baja.
“La militancia es testigo de intentos serios de reactivación; con frecuencia se intentan infiltraciones y, simultáneamente, los reclutamientos locales han comenzado a aumentar. En encuentros recientes con terroristas, altos oficiales han empezado a ser asesinados regularmente. Todos estos son acontecimientos inquietantes, pero aún no alarmantes”, escribió en un documento de investigación interno para la Fundación Internacional Vivekananda (VIF), un importante grupo de expertos con sede en Nueva Delhi.
El exoficial de inteligencia, que trabajó en Cachemira en varios niveles durante las últimas tres décadas, indicó que la tendencia más inquietante fue el creciente nivel de alienación de las personas contra India, especialmente los jóvenes.
En entrevista a la Agencia Anadolu, Avinash Mohananey, otro exoficial de inteligencia, dijo que la percepción de India ha pasado de la democracia secular a la hindú mayoritaria en los últimos meses.
“El mundo árabe, que había dejado de lado las fulminaciones del primer ministro paquistaní Imran Khan, ahora está haciendo un replanteamiento. Voces desconcertantes han comenzado a surgir desde allí”, dijo Mohananey, un exoficial de la Oficina de Inteligencia (IB) que se ha desempeñado tanto en Pakistán como en Cachemira. El IB es la mayor agencia nacional de recolección de inteligencia de la India.
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De acuerdo con Sahay, después de la abrogación del artículo 370, la región necesitaba un liderazgo político visionario con la capacidad y la voluntad de conectarse con las masas. Pero lamentó que toda la maquinaria administrativa se haya vuelto extraordinariamente burocratizada y una gran mayoría de las personas siente que el estado está siendo dirigido por burócratas insensibles que tienden a comportarse como virreyes.
Al referirse a incidentes violentos recientes como la muerte de un civil en un tiroteo, mientras cruzaba una barricada y la quema de 15 casas civiles durante un encuentro entre el ejército y los militantes en Srinagar, el ex alto oficial de inteligencia dijo que el estado tiene un tremendo potencial para intensificar aún más el odio.
“Para convertir la oportunidad histórica que ofrece la abrogación en un éxito a largo plazo y derrotar al adversario en la guerra de poder, es importante que tanto Nueva Delhi como Srinagar se ganen los corazones y las mentes de las personas a través de actividades de divulgación enfocadas”, agregó.
Restaurar la posición previa a agosto de 2019
Si bien estos dos prominentes oficiales de inteligencia enfatizaron en revivir un proceso político, Mohananey aseguró que la mejor manera era restaurar la situación previa a agosto.
“Restaurar el proceso democrático en lugar de tratar de crear partidos favoritos, relajar todas las restricciones impuestas el año pasado, incluidos los servicios 4G. Recuerden, es poco probable que las medidas a mitad de camino funcionen. Una población con poder político es el mejor antídoto contra las maquinaciones de Pakistán”, expuso Mohananey.
El exfuncionario agregó que India había confiado demasiado en el apoyo internacional de Estados Unidos mientras seguía una política peligrosa internamente. Además, dijo que en el mundo musulmán se percibe que el Gobierno está creando una atmósfera de "islamofobia" a través de los medios electrónicos integrados y declaraciones o tuits de los líderes del BJP sobre sus intereses electorales a largo plazo.
“Tal enfoque ciertamente socavará las ganancias de años de nuestra política exterior”, dijo.
Sahay también recomendó revivir dos conjuntos de diálogo separados: uno para reiniciar el proceso político en Jammu y Cachemira y el otro para comenzar el proceso de diálogo con todas las partes interesadas en un intento de buscar el objetivo siempre difícil de resolver el conflicto de Cachemira.
Expresó la necesidad de la reanudación inmediata de las actividades políticas internas que de alguna manera se habían descarrilado mucho antes del anuncio del 5 de agosto de 2019, cuando el Gobierno electo colapsó y se impuso la regla central.
“Una forma interesante de comenzar el proceso puede ser involucrando y alentando a las organizaciones de la sociedad civil a construir canales de comunicación con las familias de los militantes muertos porque ellos se convierten en el punto central de la sociedad rural, obteniendo enormes honores. El compromiso significativo con ellos también ayudará a reducir el reclutamiento. El programa debe incluir rehabilitación, asesoramiento espiritual y psicológico”, sugirió el exoficial.
También solicitó el nombramiento de enviados especiales a Cachemira, con personas de diversos orígenes, que tengan experiencia y conocimiento de la región, y una comprensión de la mente compleja y estratificada de Cachemira.
La acción de India golpea a los partidos pro-India
Según Haseeb Drabu, exministro de finanzas de Jammu y Cachemira, las acciones de India no afectaron la ideología política separatista, sino que les proporcionaron una justificación renovada.
“El único espacio político que se ha reducido, al menos por ahora, es el de la política dominante [pro-India], cuya base ha sido encontrar un espacio dentro del federalismo indio”, indicó.
El semanario Kashmir Life, con sede en Srinagar, informó que un año después, los partidos pro-indios de Cachemira parecen marginados y están en un dilema.
“No pueden lograr un equilibrio entre los requisitos de Nueva Delhi y las demandas locales”, explicó el periódico.
Un grupo de ciudadanos indios, incluido el exministro de Finanzas, Yashwant Sinha, sostuvo que las acciones de la India del 5 de agosto no solo han internacionalizado el problema de Cachemira en detrimento del país, sino que también han invitado a criticar su historial de derechos humanos en las capitales mundiales, además de ser culpados por avivar la islamofobia.
Incursión china atribuida a Cachemira
Citando a expertos en seguridad, Sinha señaló en una declaración firmada junto con otros tres ciudadanos eminentes que los cambios en el estado han provocado recientes incursiones chinas en la región de Ladakh, que se separó de Jammu y Cachemira como un territorio separado administrado centralmente.
La prominente escritora Ghazala Wahab dijo que, durante la cumbre informal de octubre de 2019, el presidente chino Xi Jinping había sugerido al primer ministro indio Narendra Modi un mecanismo trilateral entre India, China y Pakistán “libre de la influencia de terceros”, que fue ignorado por India.
Recordó que la idea surgió por primera vez durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) de 2018 y luego el embajador chino en India, Luo Zhaohui, invitó a India a unirse a un mecanismo trilateral con China y Pakistán. Al establecer un paralelismo entre el Diálogo entre Rusia, Mongolia y China, el embajador indicó que una construcción similar entre China y las dos naciones del sur de Asia era una posibilidad con potencial.
Gobierno indio reclama 33 logros
Sin embargo, el Gobierno indio ha contado 33 logros importantes que pudo lograr en Jammu y Cachemira durante el año pasado. Estos incluyen la publicidad de 10.000 empleos gubernamentales, la aplicación de todas las leyes centrales, la abolición del impuesto de peaje y las reformas estructurales en el sector eléctrico y las leyes industriales. Además, afirmó que la región se ha vuelto 100% libre de defecación al aire libre, con 36 ministros centrales que han visitado la región y abordaron las quejas en el acto. Además, se desplegarán dos metros de última generación en las ciudades de Srinagar y Jammu para aliviar la congestión del tráfico.
En otro documento, Nueva Delhi afirmó que la devolución de poderes a los organismos locales les ha ayudado a recibir fondos. Citando al jefe del organismo local de la aldea en el distrito fronterizo de Rajouri, Akis Naseer, de 26 años, el documento señala que la abrogación posterior de las disposiciones del Artículo 370 ha ayudado a los organismos de la aldea a adaptar los planes rápidamente y la burocracia también ha intensificado el proceso de devolución de poderes máximos a los organismos locales.
Pero según una encuesta realizada por el grupo de expertos Observer Research Foundation (ORF), con sede en Nueva Delhi, la ausencia de cualquier alcance por parte de Nueva Delhi desde el año pasado ha creado más confusión y ansiedad.
“Como la revocación del Artículo 370 hace que las leyes de la India sean automáticamente aplicables en Jammu y Cachemira, también hace que las leyes antiguas de los ultravires estatales [ya no sean aplicables a la región]. La pregunta es: ¿Por qué las leyes draconianas promulgadas por la antigua asamblea estatal, como la Ley de Seguridad Pública, continúan funcionando con impunidad?”, decía el documento de la ORF.
*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.
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