Análisis

Coca sí, cocaína también: Colombia puede replantear su política de drogas

La regulación de la coca y la cocaína es una alternativa posible y deseable para salir de la guerra contra las drogas, que ha sido poco efectiva y muy costosa para el Estado.

Daniel Salgar Antolinez,Susana Patricia Noguera Montoya   | 10.09.2020
Coca sí, cocaína también: Colombia puede replantear su política de drogas Una vivienda rural entre cultivos de coca en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, Colombia. / Daniel Salgar - Agencia Anadolu

Colombia

Por Daniel Salgar y Susana Noguera

Colombia atraviesa un momento que parece repetirse una y otra vez en su historia. En lo corrido de 2020, al menos 218 personas han sido asesinadas en 55 masacres registradas por el instituto Indepaz. El Gobierno de Iván Duque tiene explicaciones muy rápidas para esto: el narcotráfico, las luchas territoriales entre bandas criminales. Y una solución automática: asperjar con glifosato los cultivos de coca para así disminuir el problema de las drogas y la violencia. 

“En la medida en que aumentó el número de hectáreas de cultivos ilícitos, ello se convirtió en un combustible de todos los grupos violentos, de los de antes, de los nuevos, de los transformados, que dan lugar a esas manifestaciones de violencia en las cuales caen jóvenes colombianos”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista con la emisora La FM.

La idea de que fumigar la coca con glifosato es una solución para el problema del narcotráfico y la violencia no es nueva. En Colombia se empezó a utilizar este herbicida de manera experimental desde 1994 y el narcotráfico nunca ha desaparecido: los cultivos se vuelven a sembrar rápidamente, se relocalizan en áreas más remotas, se desarrollan técnicas para evadir el impacto de la fumigación, el negocio se transforma y se adapta y sigue generando millonarias ganancias para las mafias. ¿Cuántas hectáreas de coca han sido erradicadas con glifosato en el país? ¿Cuántas se podrían erradicar si volviera la aspersión aérea? Probablemente muchas, pero está demostrado que esa no es la solución ni debería ser el centro del debate. La arraigada obsesión de los gobiernos con acabar con la coca nos ha impedido contemplar otras alternativas para solucionar estos problemas. 

El proyecto de ley radicado ante el Congreso hace pocos días por los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia propone la regulación de la coca y la cocaína, y pone la discusión sobre bases muy distintas, que permiten replantear la política antidrogas como una política de drogas realmente enfocada en la salud pública y el desarrollo rural.

Los gobiernos uno tras otro han medido sus éxitos contra el narcotráfico principalmente en cantidades de erradicación de cultivos. Y todos han fracasado, por más hectáreas que hayan erradicado. En 2015, la Corte Constitucional ordenó suspender el uso del glifosato, con base en evidencia acumulada por la OMS sobre los riesgos de este herbicida para la salud humana. Para entonces, el presidente Santos suspendió la fumigación y luego, en el Acuerdo de Paz que firmó con las Farc en 2016, priorizó la sustitución de cultivos como estrategia para salir de la coca. Después, sin embargo, el mismo Santos reconoció que los beneficios ofrecidos para entrar en programas de sustitución habían generado un aumento en la siembra de coca, aunque si se continua con la implementación del Acuerdo la cantidad de hectáreas podría reducirse nuevamente.

Hoy, parte de la respuesta del Gobierno Duque ante el narcotráfico y las masacres (que parecen ser lo mismo ante sus ojos) es culpar a Santos y al proceso de paz, pero no ha encontrado otro camino que volver a plantear como solución la fumigación aérea con glifosato. Duque y Santos parecen distanciarse, pero pedalean en el mismo sentido. La erradicación (manual o aérea, con o sin glifosato) y la sustitución son métodos muy distintos pero ambos tienen como fin acabar con la oferta de materia prima: la coca.

Esa idea fija de acabar con la coca, como fundamento de la política antidrogas, no solo ha demostrado ser poco efectiva sino que ha sido demasiado costosa para el Estado y las comunidades. Según el senador Marulanda, la guerra contra las drogas ha cobrado miles de vidas y empobrecido al campo colombiano. Entre 2005 y 2015, la erradicación de cultivos costó COP 88 billones, es decir, el equivalente al presupuesto del Ministerio de Agricultura en 55 años. El dinero fluyó hacia los intentos de erradicación mientras la mayor parte de las familias campesinas colombianas carecían de servicios básicos como acueductos, alcantarillados y vías terciarias, con un agravante: con el tiempo las áreas de cultivos de coca no disminuyeron, sino que aumentaron.

“Desde la razón, desde la lógica y desde el sentido común, los colombianos tenemos que reconocer que hemos fracasado en esa política y que tenemos que buscar otros caminos”, añade Marulanda.

Si no medimos el éxito en hectáreas erradicadas, ¿cuál debería ser entonces el centro de la discusión? Quizás sea el momento de entender que una cosa es atacar la coca y otra atacar al crimen organizado alrededor de ella.

El poder de la coca

Es posible y deseable abrir nuevas discusiones en torno a una planta que, a pesar de que ha sido prohibida y estigmatizada en el último medio siglo, se ha utilizado durante al menos ocho mil años en las sociedades andinas donde ha tenido usos medicinales, nutricionales, culturales, económicos, rituales y sagrados.

La coca en sí misma puede tener respuestas para el problema de las drogas. Contrario a lo que dice el discurso hegemónico del régimen internacional de control de drogas, esta planta en su estado natural no es nociva para la salud. No hay evidencia científica como para afirmar que el consumo de coca afecte la salud humana o que sus efectos puedan compararse con los del clorhidrato de cocaína (que es un alcaloide aislado de la coca).

Como señala un reciente informe de la Universidad de Los Andes llamado ‘Coca, del estigma a la oportunidad’, esta planta tiene aplicaciones medicinales importantes al ser un supresor temporal del apetito que estimula el metabolismo de los ácidos grasos, por lo que potencia el rendimiento y la energía del cuerpo, el estado de ánimo y los procesos digestivos. Puede ser útil para tratar la obesidad, la diabetes, la depresión y el Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), las enfermedades cardiovasculares y digestivas. La coca puede servir incluso en tratamientos para la adicción a estimulantes como la cocaína y se ha usado en procesos de reducción del daño para usuarios problemáticos de esta sustancia. 

En el ámbito nutricional, como señala el informe mencionado, la coca es una fuente importante de minerales, vitaminas, proteína mineral y antioxidantes. Podría integrarse a la dieta como ingrediente para hacer productos de panadería y confitería. Se ha usado para producir refrescos, bebidas alcohólicas y energizantes naturales. En la agricultura, se ha utilizado para hacer fertilizantes orgánicos. En el área del cuidado personal y la belleza, la coca sirve para la elaboración de cosméticos, jabones y productos de cuidado bucal.

La ilegalización de la coca y sus productos derivados es un hecho reciente en la historia.  Antes del régimen prohibitivo que hoy conocemos, hubo un tiempo en el que la coca y la cocaína fueron legales y muy apetecidas.

La ilegalización de la coca y sus productos derivados es un hecho reciente en la historia. Antes del régimen prohibitivo que hoy conocemos, hubo un tiempo en el que la coca y la cocaína fueron legales y muy apetecidas. Desde 1880 y hasta las primeras décadas del siglo XX existió un intenso comercio legal de estas sustancias en el mundo. Los productos hechos a base de coca tuvieron mucha popularidad y publicidad. Los ejemplos famosos son el Vin Mariani, una mezcla de extracto de coca y vino de Bordeos, y la Coca-Cola, que hoy aún se produce con hojas de coca aunque descocainizadas. Además de estos, hubo muchos otros productos hechos con hoja de coca.

La cocaína también estuvo en auge durante ese periodo. Entre la comunidad médica fue ampliamente usada por sus cualidades como anestésico local y permitió hacer algunas cirugías que hasta entonces no habían sido posibles. Fue producida por importantes farmacéuticas, principalmente la alemana Merck.

El régimen internacional de control de drogas empezó a crearse en las primeras décadas del siglo XX, primero comenzó a moderar el comercio de estupefacientes y, después de la Segunda Guerra Mundial, EEUU lo endureció al prohibir y combatir las materias primas (coca, opio, cannabis) en los países de origen, pensando que atacando la producción se acabaría con el problema del consumo interno. Esta es la premisa de la guerra contra las drogas que se ha librado principalmente en los países productores de coca, cannabis y opio, ubicados entre Asia, América Latina y África.

Pese a sus usos milenarios y su potencial productivo, las convenciones internacionales mantienen vigente el estigma contra la coca. El principal instrumento del actual régimen internacional es la Convención Única de Estupefacientes, que se firmó en 1961 y planteó explícitamente el objetivo de acabar con los usos “tradicionales y casi médicos” de la coca. En la Lista 1 de la Convención la coca, el cannabis y el opio se incluyeron en la misma categoría de alcaloides extraídos de las mismas plantas como la cocaína y la morfina. Es más, el artículo 49 de la Convención estableció un plazo de 25 años para acabar por completo con la práctica de la masticación de la coca.

Hoy se sabe que no hay evidencia que pueda sustentar esta forma de clasificar la coca y prohibir su masticación y usos tradicionales, pero la ley internacional sigue en pie. Procurar un cambio en ese régimen internacional es complejo, por tratarse de órganos políticos cuyas decisiones no suelen estar fundamentadas en evidencias científicas. Sin embargo, los países individualmente han dado algunos pasos. En Argentina, Perú, Bolivia y Colombia desde hace varios años se ha permitido, bajo diferentes marcos normativos a veces ambiguos o insuficientes, el uso tradicional de la coca y la producción y comercialización de algunos productos a base de coca, mientras se adelantan al mismo tiempo programas de erradicación y lucha contra el narcotráfico.

En Perú el Estado ha liderado el comercio e industrialización de la coca. La Empresa Nacional de la Coca (Enaco) es también proveedora de hojas de coca que son luego descocainizadas y usadas en la Coca-Cola, y tiene una producción de cocaína destinada a investigación científica. En Bolivia, antes de la llegada de Evo Morales al poder ya habían avances en la legalización de cultivos. Tras la llegada del dirigente cocalero a la presidencia, se promovió la descolonización y revalorización de la coca. Se nacionalizó la política antidrogas, la Dea fue expulsada, se creó el Viceministerio de la Coca. En el referendo de 2009, se incluyó en la Constitución el artículo 384 que protege la coca como patrimonio cultural, recurso natural renovable y factor de cohesión social, y aclara que la coca no es un estupefaciente y que se debe regular su revalorización, producción y distribución. El Estado boliviano fue más lejos cuando denunció la Convención Única en 2011 y luego fue readmitido en 2013 con una reserva al artículo 49.

En Colombia, el uso tradicional de la coca parece estar amparado en la protección a los derechos colectivos y la autonomía que los pueblos indígenas. Hay algunas experiencias de productos hechos a base de coca. Pero falta hacer mucho más. David Restrepo, director del Área de Desarrollo rural, Economías Ilícitas y Medio Ambiente del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, dice que a pesar de que hay una normativa, en Colombia realmente no está claro el reconocimiento del significado de la coca en las comunidades tanto indígenas como campesinas. 

“Ni la ley ni la sociedad respetan ni entienden ese aspecto, no hay normativa que le permita a a los pueblos indígenas sacar provecho a fondo de toda la cultura y el conocimiento que hay en torno a a la planta. Hasta hoy, los proyectos que buscan ofrecer estos productos operan en una zona gris, en donde no hay muchas garantías y sí constantes trabas e impedimentos por parte del Estado. Si bien se reconoce el derecho en la ley, a nivel práctico tiene mucho camino por recorrer para estar cabalmente reconocido”, dice Restrepo.

En eso consiste la primera parte de lo que propone el senador Marulanda y Valencia: desarrollar una normativa para revalorizar la hoja de coca, aprovechar sus beneficios y permitir la comercialización de productos hechos con sus derivados no psicoactivos. La idea es que el Estado compre toda la producción de la coca y luego la distribuya entre las industrias que elaboran productos con los componentes no psicoactivos. Según Marulanda, comprar toda la producción sería menos costoso que intentar erradicarla con glifosato, aun cuando la cantidad de hectáreas sembradas esté alrededor de las 150 mil.

“Comprar toda la cosecha de la hoja de coca le cuesta al Estado colombiano COP 2,3 billones. Hoy, sin glifosato, la erradicación está costando COP 4 billones al año. Con el glifosato se subiría ese costo a COP 8,5 billones al año”, señala Marulanda.

Además de la coca utilizada para hacer productos con base en sus componentes no psicoactivos, Marulanda explica que otra “mínima parte” de la producción sería utilizada por el Estado para fabricar “cocaína refinada de primera calidad” que luego sería distribuida entre los consumidores con un enfoque de salud pública.

¿Por qué una regulación estatal de la cocaína?

Impulsar la producción legal y comercialización de productos hechos a base de coca puede cambiar el discurso condenatorio sobre esta planta y fortalecer el desarrollo de las comunidades productoras, pero esto no quitaría el incentivo para producir cocaína. Por eso, el proyecto de Marulanda y Valencia no solo propone la legalización y promoción de productos hechos con derivados no psicoactivos de la coca, sino la regulación estatal de la producción y comercialización de cocaína.

Aquí la intuición dicta un cuestionamiento válido: el mercado internacional de la cocaína no se va a acabar porque un solo país decida regular esta sustancia. El incentivo del tráfico ilegal seguramente va a persistir mientras exista la demanda en otros países y mientras la cocaína no se legalice globalmente. A esto hay que sumarle que el mayor ingreso de los narcotraficantes en Colombia no viene del consumo interno, sino de la exportación de cocaína a otros países. De aprobarse el proyecto de ley propuesto por Marulanda y Valencia, no solucionaría automáticamente los problemas del narcotráfico en el mundo ni de la producción desde Colombia.

Esto no quiere decir, sin embargo, que no valga la pena avanzar y quitarle una porción del mercado a las mafias. Para Marulanda, al quitarles al menos una parte de la materia prima de la coca se estará beneficiando a la comunidad internacional, en la medida en que no se estará utilizando para producir cantidades enormes de cocaína, sino que estará teniendo una aplicación bajo el control del Estado “que va a cerrarle el camino a esa oferta de cocaína”.

Además, el senador dice que a partir de la iniciativa de un país pueden surgir otras nuevas: “si Colombia empieza a producir cocaína refinada de primera calidad legalmente, sin rastro de sangre y de ilegalidad, y se la ofrece a terceros países para que implementen políticas de salud pública, seguramente habrá un mercado muy importante, pero además una puerta que se abrirá para que se cambien las políticas en materia de consumo de cocaína y de distribución de ese producto en los mercados".

“Si Colombia empieza a producir cocaína refinada de primera calidad legalmente, sin rastro de sangre y de ilegalidad, y se la ofrece a terceros países para que implementen políticas de salud pública, seguramente habrá un mercado muy importante, pero además una puerta que se abrirá para que se cambien las políticas en materia de consumo de cocaína y de distribución de ese producto en los mercados", dice el senador Iván marulanda.

Para el experto Restrepo, “si bien el mercado ilícito de la cocaína pervivirá siempre y cuando no legalicen los demás países, también es cierto que la historia de la marihuana indica que alguien debe lanzarse al agua primero, para sentar un precedente. Colombia es el país con mayor autoridad moral para dar este paso con la cocaína, ya que somos las principales víctimas históricas de las consecuencias nefastas de la prohibición y política antidrogas”.

No existen precedentes de un modelo de regulación estatal de la cocaína, pero hay experiencias que pueden servir como referente. En 2001, Portugal descriminalizó la cocaína (además de la heroína y los demás estupefacientes) y entre los resultados que se han visto están los siguientes: el país no se convirtió en un epicentro de turismo de drogas, el consumo entre jóvenes ha disminuido, el número de consumidores problemáticos ha disminuido, el número de detenidos en las cárceles ha disminuido, el número de consumidores contagiados con VIH ha disminuido porque pueden conseguir jeringas legalmente. Al mismo tiempo, el Estado ha incrementado el gasto en tratamientos, servicios sociales, salud pública y medidas de disuasión sobre el consumo de drogas.

Otras experiencias similares se pueden ver en el modelo uruguayo de regulación del cannabis, en el que el Estado tiene el monopolio sobre la producción y comercio, o en los modelos adoptados por diferentes estados de EEUU donde se permite la producción de cannabis para uso medicinal y recreativo.

Pese a la experiencia de Portugal, la intuición podría advertir que al aprobar y regular una sustancia como la cocaína, su consumo podría elevarse y provocar mayores daños. Según Restrepo, esta premisa debe abordarse con detenimiento, porque el aumento del consumo no implica necesariamente un aumento del problema de salud pública. Puede ser que después de aprobado un modelo como este, inicialmente haya un aumento del consumo, pero no de consumidores problemáticos o muy jóvenes, que son los que representan un problema de salud pública.

“La información que hay sobre EEUU muestra que el consumo de cannabis en población joven ha bajado, lo cual es un gran éxito porque lleva a reducir el efecto negativo en la salud. Lo que se busca es posponer la edad de inicio lo máximo posible. Entre más tarde sea el inicio, menor es el riesgo de que esto genere dependencia o algún trastorno psicológico. Lo que se ha visto es que al tener un mercado regulado, hay más controles y dificultad de acceso para la población que no debería consumir. Además, al legalizarse y normalizarse la substancia el consumo pierde atractivo para cierta población joven, que lo hace porque está vinculado al desafío y la rebeldía”, dice Restrepo.

Un efecto positivo en materia de salud pública de las iniciativas de legalización o regulación es que, al implementarse, el consumidor problemático o potencialmente problemático ya no se ve arrojado a un mercado ilegal donde no hay controles, restricciones ni guías para el consumo. En cambio, como dice Restrepo, se pueden encontrar muchas más oportunidades y tratamientos para mejorar las condiciones de vida de ese grupo de la población que es de interés para la política pública. “Dentro de un marco de regulación es más fácil generar servicios que favorezcan la calidad de vida de estas personas y sus familias”.

Además, con la legalización y regulación de la coca y la cocaína se permitiría avanzar más en la investigación médico-científica de estas sustancias. La coca ha sido ampliamente usada en diversos productos antes y después de la prohibición y la cocaína fue usada por la comunidad médica y hasta hoy sigue considerándose un poderoso anestésico local. En países como Reino Unido, dice Restrepo, se utiliza en el nivel farmacéutico y para usos quirúrgicos. Sin embargo, podría avanzarse mucho más en investigación si no se tratara de sustancias controladas y estigmatizadas. Colombia podría ser un actor clave en estos avances.

Colombia no está condenada a repetir las fallidas fórmulas de la guerra contra las drogas, con la conocida espiral de violencia, afectación a las comunidades, al medio ambiente y el abandono estatal del espacio rural que estas conllevan. La regulación de la coca y la cocaína es una alternativa posible y deseable para salir del modelo prohibicionista. Implementar esa regulación puede ser un proceso complejo, con riesgos y tropiezos. Pero la otra opción es peor: seguir fracasando.

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