Sergio Felipe Garcia Hernández
24 Noviembre 2017•Actualizar: 24 Noviembre 2017
La presidenta del comité que eligió a los magistrados del tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), Claudia Vaca, le aseguró a la Agencia Anadolu que los impedimentos impuestos por el Senado colombiano a los jueces seleccionados para el sistema de justicia transicional, que juzgará los crímenes en el conflicto, van en contra del Acuerdo de Paz, firmado por el Gobierno y la exguerrilla de las Farc.
El Senado planteó, en el debate que hizo sobre la JEP, que los magistrados no se pueden posesionar si han sido abogados en procesos asociados al conflicto en los últimos cinco años, ni si han presentado reclamos al Estado en temas de derechos humanos.
Vaca manifestó que las inhabilidades dilatan la posibilidad de juzgar a quienes fueron perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Colombia.
“Las inhabilidades son una barrera más a la operación de la JEP, cambia las reglas del juego en el camino e introduce elementos que no estaban considerados en el acuerdo de paz”, afirmó la presidenta del Comité.
Vaca aseguró que la elección de los abogados que condenarán a los actores en el conflicto se basó en el acuerdo entre el Gobierno y las Farc, donde se estableció que su selección debía ajustarse a los mismos requisitos que tienen los magistrados de las altas cortes en Colombia.
“Seguimos de manera sistemática los contenidos de las normas constitucionales y legales colombianas y de los contenidos del acuerdo”, destacó Vaca.
La presidenta de la JEP, Patricia Linares, consideró que las inhabilidades que aprobó el Senado para los magistrados se dan a partir del ejercicio lícito de la profesión de abogado.
“El proceso de implementación de la JEP sigue adelante y esperamos que la Jurisdicción Especial para la Paz esté en pleno funcionamiento a más tardar a mediados de enero de 2018”, destacó Linares.
Las inhabilidades a los magistrados pueden ser retiradas en el documento que apruebe la Cámara de Representantes, donde se debate la ley que detalla el funcionamiento de la justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia.
