Santiago Serna
13 Octubre 2017•Actualizar: 14 Octubre 2017
Los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela nombrados por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora, se juramentaron este viernes en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, EEUU. Desde allí, el órgano judicial iniciará labores fuera de su nación, por lo que el TSJ se llamará, a partir del viernes 13 de octubre, “la Corte Suprema de Justicia en el Exilio”.
“Hemos logrado integrar un tribunal gracias al apoyo internacional y sobre todo, al pueblo de Venezuela. Guiados por los ideales de libertad, estamos cumpliendo nuestro deber de defender la Constitución. Nuestro trabajo es establecer una gobernanza para garantizar la separación de los poderes. Realizaremos actos jurídicos mediante las peticiones que realicen los ciudadanos venezolanos sustentados en el derecho público internacional”, dijo Miguel Ángel Martín, presidente del TSJ por la Asamblea Nacional, en el acto de apertura, donde estuvo presente el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Ángel agregó que “vamos a proteger al pueblo venezolano de las vejaciones humanitarias, lavado de dinero y corrupción que vienen sucediendo en el gobierno de Venezuela. Le vamos a colocar un rostro y un nombre a los gobernantes que tienen sumergida a Venezuela en una crisis política”.
Por su parte, Almagro expresó que “las sanciones son el camino para poner de rodillas al régimen de Venezuela”.
Para certificar las acciones del Alto Tribunal, estuvo presente la diputada venezolana Sonia Medina.
La diputada indicó que “la instalación y funcionamiento del TSJ es un evento crucial porque es la primera vez que esta situación se produce en América y que incluso es permitido por la OEA. Los magistrados que no se encuentran en Washington sesionarán desde Bogotá o las diferentes embajadas”.
Los 33 magistrados nombrados por el Parlamento llevan más de dos meses refugiados en embajadas en Caracas o exiliados en otros países; incluso uno de ellos está en prisión domiciliaria en Venezuela.
“Las decisiones que tome este Tribunal serán ejecutables, pero lo complicado es que la dictadura de Venezuela permita penetrar sus veredictos al país. El Tribunal Supremo de Justicia exiliado es legítimo y priorizará las denuncias contra las violaciones de los derechos humanos en Venezuela”, dijo el abogado Carlos Ramírez López.
La Asamblea Nacional desestima las facultades y funcionamiento del TSJ que funciona en Venezuela, debido a que varios de los magistrados se pusieron a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de corte oficialista. Para la AN, este órgano legislativo es inconstitucional.
Los magistrados exiliados serán reconocidos por la OEA y los 12 países de la declaración de Lima: Brasil, Canadá, Paraguay, Chile, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Honduras, Argentina, México, Panamá y Perú. El gobierno de Venezuela solicitó abandonar la OEA en abril de 2017, pero no será efectivo hasta 2019.
En su momento, el presidente Nicolás Maduro aseguró que los magistrados elegidos por la AN irían presos, por tal motivo Colombia, Chile, México y Estados Unidos les ofreció asilo político.
