Sergio García
05 de octubre de 2017•Actualizar: 05 de octubre de 2017
El portal venezolano RunRun.es y la plataforma periodística para Latinoamérica Connectas publicaron una investigación sobre la política de seguridad del Gobierno venezolano llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), sobre la que se asegura fue utilizada para el asesinato de 560 personas y la ejecución de 44 masacres.
El reportaje titulado OLP: La Máscara Oficial de Terror en Venezuela denuncia que en los crímenes participaron grupos paramilitares afines al Gobierno llamados colectivos, así como funcionarios, militares y policías.
La investigación asegura que la OLP supuestamente tenía el objetivo de devolver la paz a los habitantes de los sectores populares en Venezuela “liberándolos” del sometimiento de las bandas delictivas y del paramilitarismo.
El trabajo concluye que esa política del Gobierno convirtió a los ciudadanos en objetivos de guerra de los colectivos venezolanos en asocio con las fuerzas armadas del país sudamericano, desde el momento en que fue activada en julio de 2015.
Los asesinatos fueron en varios casos selectivos y para su consumación se utilizaron fotos, dispositivos de monitoreo, la información de vecinos y representantes de las estructuras políticas del Gobierno a nivel local e incluso datos suministrados por prostitutas, según la investigación.
La coordinadora general de la investigación, Ronna Rísquez, le aseguró a la Agencia Anadolu que el trabajo surgió al encontrar que la elección de zonas para las acciones de la OLP no tenía criterios claros y el surgimiento de estadísticas desproporcionadas que daban cuenta de muertos en supuestas manifestaciones.
Rísquez manifestó que la investigación da cuenta de violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno y que se ha detectado que el procedimiento de la OLP se repite en las acciones acontecidas en Venezuela durante las recientes manifestaciones de 2017.
“Se están realizando operativos que son exactamente iguales pero no los llaman OLP aunque el procedimiento es el mismo. Participan militares y funcionarios de policías civiles lo que de alguna manera dificulta el establecimiento de responsabilidades y propicia la impunidad”, aseveró Rísquez.
La coordinadora de la investigación manifestó que para el trabajo se hizo una base de datos en la que se identificaron los estados y las localidades donde hubo más víctimas de la OLP. Manifestó que al interior del país había temor de los denunciantes y que se decidió proteger la identidad de las personas que dieron su testimonio.
Rísquez aseveró que las acciones de la OLP tenían como objetivo intimidar a la población y que la política del Gobierno fue establecida como un plan de control social mediante la presencia de los colectivos. La periodista aseveró que con investigaciones como la que denuncia a la OLP se espera que se logre justicia por medio de organizaciones a nivel internacional.
El Gobierno dejó de publicar las cifras oficiales sobre homicidios en 2008. Solo hasta marzo de este año, la entonces fiscal Luisa Ortega anunció que en 2016 hubo 21.752 homicidios en Venezuela y que más de la mitad de las víctimas fueron jóvenes entre 15 y 30 años. Del total de muertos, 4.667 fueron responsabilidad de fuerzas estatales (es decir, el 21%). Solo la operación OLP generó 241 muertes el año pasado, según la fiscal.
La tasa de homicidios en Venezuela en 2016 llegaba a 70 por cada 100 mil habitantes, según el Ministerio Público. La de Caracas, según proyecciones de distintas organizaciones independientes, llegaba a los 90 homicidios por cada 100 mil habitantes.
