Daniela Alejandra Mendoza Valero
28 de septiembre de 2020•Actualizar: 29 de septiembre de 2020
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, fue inhabilitado este lunes en unanimidad por el Tribunal Supremo de España, por lo que no podrá ejercer cargos públicos durante un año y medio.
Lo anterior se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo condenara por desobedecer a la Junta Electoral Central (JEC) por negarse a retirar los listones amarillos de los edificios públicos de la Generalitat en medio de un periodo electoral.
El fallo fue confirmado por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quine presidió la Sala. De acuerdo con Martínez, la decisión se tomó considerando el acto de desobediencia como un hecho probado, mientras que Torra ha negado en días pasados dicha desobediencia, además de no reconocer al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
“Le he dicho al magistrado que aquel no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, y haga lo que haga, esta sentencia ya está escrita y que, por tanto, me acogía a mi derecho de no declarar”, afirmó el líder catalán hace unos días desde el Palau de la Generalitat, pronosticando el fallo que se iba a conocer el lunes.
El Tribunal Supremo aseveró que Torra desobedeció de manera “contumaz y obstinada” las instrucciones de la JEC, que tiene la misión de velar por la neutralidad en medio de un periodo electoral y agregó que mientras el presidente de la Generalitat puede manifestar su identidad política, lo que no puede hacer es ir en contra de las órdenes de la junta.
De esta manera, el vicepresidente catalán Peré Aragonés asumirá ahora como presidente en funciones del Govern mientras se convocan nuevas elecciones.
Sin embargo, las elecciones podrían demorarse incluso más de lo esperado, y aunque está estipulado que el Parlamento cuenta con diez días para proponer un candidato a la investidura, Torra ha instruido a su partido, el JxCat, a que se oponga a la búsqueda de un sustituto, pues esto significaría reconocer de alguna manera al Tribunal y el fallo.
Esto podría generar un bloqueo de meses, además de otros problemas administrativos ya que el Gobierno en funciones está limitado y, entre otros, no puede aprobar presupuestos, pues no puede promover nuevos proyectos de ley.
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