Sergio García
28 de septiembre de 2017•Actualizar: 28 de septiembre de 2017
La jueza Carmen Lamela admitió la denuncia presentada por la Fiscalía de España por la presunta comisión de delitos de sedición, durante los incidentes que tuvieron lugar en el registro de las autoridades del país europeo a las sedes del Gobierno catalán, con el fin de detener a los promotores del referendo por la independencia de Cataluña. Los operativos dejaron como resultado el arresto de 14 funcionarios.
La admisión de la investigación se hizo pública en un auto que asegura la existencia de indicios que establecen como la finalidad última de las manifestaciones la ruptura de la organización territorial del Estado y la actual forma de Gobierno español.
La denuncia de la Fiscalía indica que "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados, con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".
España castiga las conductas colectivas, caracterizadas como alzamientos tumultuarios, que vayan dirigidas a impedir por la fuerza, o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, según la denuncia.
Los delitos de sedición contemplan el levantamiento de un grupo de personas contra un Gobierno con el fin de derrocarlo, y es castigado por la justicia española con condenas de entre 8 y 15 años de cárcel.
Las penas más altas se aplican cuando el perpetrador del delito pertenece a una autoridad pública.
El referendo fue calificado como ilegal por el Tribunal Constitucional de España.
