Shweta Desai
23 Diciembre 2020•Actualizar: 24 Diciembre 2020
El tribunal administrativo máximo de Francia prohibió el martes a la Policía de París usar drones para monitorear manifestaciones y reuniones en la vía pública.
El Consejo de Estado también ordenó al Gobierno pagar una suma de EUR 3.000 (USD 3.648) a La Quadrature du Net (LQDN), un grupo de defensa de los derechos digitales, que había presentado una denuncia contra la continua violación de la privacidad por parte de la Policía de París al volar los drones.
En mayo, el tribunal administrativo aprobó una orden que prohíbe el uso de drones en el marco de las reglas de seguridad impuestas durante el confinamiento ante el coronavirus, bajo el argumento de que esto constituye una “infracción grave e ilegal de los derechos de privacidad”.
La LQDN había sostenido que, a raíz de las protestas del movimiento de los chalecos amarillos, la sede de la Policía de París había establecido un sistema de vigilancia para monitorear manifestaciones a gran escala en las vías públicas para capturar datos personales en tiempo real en las transmisiones de video mediante el uso de drones.
El grupo expresó su preocupación por el hecho de que la captura, grabación y transmisión de imágenes por parte de la Policía con fines administrativos fuera ilegal y violara el derecho a la privacidad y la libertad de las personas.
En la última sentencia, el Consejo de Estado ordenó a la Policía que dejara de volar drones y de procesar datos personales, ya que era probable que sometiera a un gran número de personas a “medidas de vigilancia contenciosas e infringiera su libertad de manifestación”.
La Policía se regía por una orden de 2015 que permite el despliegue de cámaras voladoras sin restricción “si las circunstancias de la misión y los requisitos de orden público y seguridad lo justifican”.
El proyecto de ley de Seguridad Global adoptado por la Asamblea Nacional en noviembre busca regular el uso de drones de vigilancia por parte de la Policía.
La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa había cuestionado las medidas de vigilancia propuestas en el proyecto de ley a través de cámaras corporales que lleva el personal de seguridad, cámaras aéreas o drones y el acceso a imágenes de circuito cerrado de televisión (CCTV) de espacios públicos y privados y calificó el sistema de estar violando normas internacionales sobre protección de la privacidad, datos personales y libertad de reunión pacífica.
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*Daniela Mendoza contribuyó con la redacción de esta nota.
