Lourdes Romero
13 Julio 2020•Actualizar: 15 Julio 2020
Por: Lourdes Romero
Ecuador es uno de los países de Latinoamérica más golpeados por la COVID-19. Hasta este lunes se han registrado 68.459 contagiados y 5.063 muertos por el virus, lo cual ha llevado al país andino a afrontar una crisis sanitaria y económica a la que ahora se suman casos de corrupción e irregularidades dentro de las dependencias de salud pública.
El caso más reciente de irregularidades apunta a Abraham Muñoz, un joven guayaquileño entrenador de pesas, quien fue apresado este sábado y es investigado por la Fiscalía del país por presunto peculado, por comercializar durante la emergencia sanitaria medicamentos donados a hospitales públicos para combatir la COVID-19 en pacientes infectados.
Entre marzo y abril, cuando Guayaquil registraba los índices más altos de contagios por coronavirus y tenía un sistema sanitario colapsado, varios ciudadanos se contactaron con Muñoz para adquirir las ampollas de Actemra o Tocilizumab que fueron utilizadas en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para reanimar a pacientes con el SARS-CoV2.
Estos medicamentos, que fueron donados por laboratorios Roche a los hospitales del IESS, eran vendidos hasta en USD 1.200 por Muñoz, quien promocionaba estas ampollas en sus redes sociales, cuando el costo comercial normalmente bordea los USD 200.
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Julieta Sagnay, una doctora especializada en Psiquiatría y sobreviviente de la COVID-19, fue quien alertó a las autoridades sobre la venta de este medicamento en cajas que estaban marcadas con la frase: “IESS: Prohibida su venta”.
Un hermano de Sagnay se había puesto en contacto con Muñoz en los días en los que ella estuvo hospitalizada de gravedad a causa del virus. Sin embargo, no pudo adquirir el medicamento por falta de dinero en ese momento y su esposo tampoco le pudo comprar las ampollas directamente a los laboratorios Roche.
Una vez recuperada de la enfermedad, Julieta les facilitó el número de Muñoz a otros pacientes que se encontraban enfermos, pero conoció que los resultados no fueron igual que con ella. "Casi puse mi vida en manos de este delincuente ABRAHAM MUÑOZ, mi hermano buscaba desesperado la medicina y la vendían a USD 800 cada ampolla sin refrigeración, lo que explica por qué muchos fallecieron a pesar de conseguirla", denunció Julieta en su cuenta de Twitter.
Tras el hecho, Sangay informó directamente a laboratorios Roche sobre lo ocurrido. "Si nosotros entregamos las pruebas, audios y videos a laboratorios Roche Ecuador sobre la estafa del Actemra, y este comunicó al IESS, pregunto: ¿por qué el IESS no denunció el robo de su propia medicina?", cuestionó.
Ello llevó a que laboratorios Roche Ecuador emitiera un comunicado en el que afirma haber entregado toda la información, que incluye videos y fotografías, a las autoridades correspondientes.
“Ante cualquier información relevante, alertamos a las autoridades sobre estas potenciales irregularidades respecto a la comercialización de nuestros productos. Así, por ejemplo, (...) en manejo inadecuado en la cadena de frío, Roche ECUADOR S.A. de manera ordinaria antes y durante la pandemia, notifica formalmente a las autoridades competentes a fin de que éstas, tomen las acciones que estimen adecuadas y oportunas, incluyendo la investigación de las evidencias y potenciales responsables en cada caso", afirma el comunicado.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), que tiene a su cargo hospitales de donde Muñoz también habría obtenido ese medicamento, han iniciado investigaciones internas para determinar qué personas le habrían entregado las medicinas.
Por su parte, las autoridades del IESS también les han pedido a los funcionarios que “en máximo 48 horas” remitan “un informe detallado y pormenorizado de sus respectivos inventarios desde enero” para establecer procesos de adquisición, uso, consumo y salida del medicamento Actemra. Y añade que el informe deberá incluir la fecha de salida del medicamento, el nombre del médico o funcionario que los solicitó y el paciente de destino.
Vínculos con Daniel Salcedo y la trama de corrupción
El pasado jueves, la Fiscalía de Ecuador decidió iniciar una investigación por peculado en contra de Muñoz, luego de recabar información como fotografías y documentos que certifican que él retiró las medicinas de los hospitales públicos y los comercializaba en sus redes sociales.
El nombre de Abraham Muñoz no es desconocido en Ecuador, pues saltó a la luz cuando apareció en la lista de pasajeros de un viaje clandestino de una avioneta privada que se estrelló en Tumbes, Perú, el pasado 8 de junio.
Sin embargo, las autoridades peruanas descubrieron, por las huellas dactilares, que el hombre que decía llamarse Abraham Muñoz y que tenía sus documentos de identificación con ese nombre era en realidad Daniel Salcedo, quien era buscado por la Policía de Ecuador por sus presuntos vínculos en la compra con sobreprecio de fundas de cadáveres por parte del hospital del IESS de Guayaquil durante la pandemia.
Por ello, Muñoz presentó una denuncia en contra de Salcedo por suplantación de identidad ante la Fiscalía el pasado 6 de julio.
Pese a que Muñoz ha declarado no tener vínculos de negocios con Salcedo, la Fiscalía también investiga los nexos que podría tener con la supuesta red delictiva de Salcedo, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por el presunto delito de lavado de activos en sus seis empresas, así como por peculado y fraude procesal por la presunta venta de insumos médicos con sobreprecio a hospitales públicos del país.
A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que se dictaminó la inmovilización de USD 1,7 millones de dólares de las cuentas de los hermanos Daniel y Noé Salcedo, además de vehículos e inmuebles.
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Daniel Salcedo permanece internado en un hospital de Guayaquil, recibiendo atención médica con resguardo policial. Tiene 31 años, es dueño de 10 empresas, ha tenido contratos con entidades públicas desde 2012, y posee dos inmuebles en Miami cuyo valor bordea los USD 596.000 el primero; y el segundo USD 670.000.
En uno de ellos se hospedaba Abdalá Bucaram Pulley, exasambleísta y cuyo padre mantiene arresto domiciliario por tráfico de armas y sería, según la Fiscalía, también investigado por la red de corrupción en los hospitales del IESS.
Salcedo, además, destapó otra arista en los actos de corrupción al descubrirse que portaba un carné de discapacidad sin una valoración exhaustiva. Este documento le habría servido para evadir los impuestos al importar vehículos de alta gama.
Después de ello, el Gobierno inició una investigación y se determinó que varios legisladores también portan carnés de discapacidad aparentemente sin tener una discapacidad y que se han valido del documento para también importar vehículos.
Ecuador recibió restos de avioneta siniestrada
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, considera que la detención de Salcedo y los delitos por los cuales se lo investigan son apenas la punta del iceberg de una trama de corrupción.
Desde el pasado 9 de julio, la Fiscalía de Ecuador tiene los restos la avioneta en la que intentó huir Salcedo y que se estrelló en Perú.
Además, las autoridades peruanas devolvieron a Ecuador las maletas de los tripulantes y el celular de uno de los dos pilotos que falleció en el accidente, que será una de las piezas clave en la investigación para conocer quién solicitó y organizó el viaje.
La Fiscalía investiga el delito de fraude procesal por el fallido intento de fuga, pues el vuelo no contaba con los permisos de las autoridades aeronáuticas de Ecuador.
