Sergio Felipe García Hernández
08 Septiembre 2018•Actualizar: 08 Septiembre 2018
La jueza peruana Celia San Martín Montoya admitió un recurso judicial de Hábeas Corpus presentado por la organización Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú donde se demanda el ingreso de migrantes venezolanos a su país sin la petición de un pasaporte.
El recurso fue presentado en contra del ministro del Interior, Marco Medina Guimaraes, y el superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla.
La organización asegura que se presentó el Hábeas Corpus en contra de Sevilla y Guimaraes por “impedir el ingreso al Perú de venezolanos, violando su derecho a la libertad de tránsito, derecho a solicitar refugio y a no ser discriminado”.
Para el CNDDHH la solicitud del pasaporte pasa por alto que las personas venezolanas se encuentran en una situación de inaccesibilidad para obtener ese documento y desconoce la situación de crisis humanitaria que se vive en Venezuela.
El Gobierno de Perú comenzó a pedir pasaportes a los venezolanos desde el sábado en la medianoche, con el argumento de que busca mejorar el control migratorio y la seguridad en sus fronteras.
La medida se aplica a todos los inmigrantes de Venezuela que llegan principalmente desde Ecuador al Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), ubicado en el departamento de Tumbes, al norte de Perú.
Antes de la entrada en vigencia de la medida, los ciudadanos de Venezuela podían ingresar a Perú con su documento de identificación nacional en las mismas condiciones que lo pueden hacer los viajeros originarios de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile.
El nuevo requerimiento ha sido criticado por organismos internacionales que consideran que dificultan la entrada de venezolanos que deben dejar su territorio por la situación económica y política de su país.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que 2'300.000 de venezolanos viven en el extranjero y que más de 1'600.000 han abandonado su país desde 2015, el 90% de los cuales se ha dirigido a países suramericanos.
