Sergio García
09 Agosto 2017•Actualizar: 09 Agosto 2017
El gobierno de Guatemala aseguró que atenderá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tomó medidas sobre la situación carcelaria. Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación, sostuvo que el país atendió de “forma inmediata” algunas de las observaciones hechas sobre centros de privación de libertad, para mejorar las condiciones de los reclusos.
El viceministro resaltó que en el Centro de Orientación Femenino (COF), ubicado en el complejo carcelario de Fraijanes, se separó a las reclusas que pertenecen a pandillas rivales para evitar incidentes y que en la Granja Penal Pavón se aumentó el espacio para que los internos tengan acceso al aire libre.
La CIDH publicó un informe la semana pasada en el que resaltó que en Guatemala hay 22.464 detenidos en centros carcelarios con capacidad para 6.320 personas. “El extremo hacinamiento, aunado a la falta de ventilación y a los altos niveles de temperatura, constituye una seria amenaza para la salud de las personas detenidas”, concluyó el órgano en su informe.
La Comisión constató que en la Granja Penal Pavón hay una capacidad de alojamiento para 960 personas que cuenta con 3.363 reclusos. El Centro de Orientación Femenino tiene una capacidad para 700 mujeres y aloja a 125 reclusas; en la cárcel Santa Teresa, con capacidad de 250 mujeres, la población es de 1.257 personas.
Las condiciones que generaron el conflicto armando se mantienen
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó unas observaciones sobre el estado actual de las situaciones que causaron confrontaciones en Guatemala entre 1960 y 1996. Concluyó que varios de los motivos que generaron el conflicto armado interno en el país centroamericano persisten en la actualidad.
Guatemala mantiene una economía basada en la concentración del poder económico en pocas manos, una estructura estatal débil y altos niveles de corrupción, según la Comisión.
El órgano internacional constató que persisten problemas como la discriminación racial, la desigualdad social y falta de acceso a la justicia, la persistencia de estructuras de poder paralelas que impiden la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como las dificultades que enfrentan las víctimas del conflicto armado para proceder a la búsqueda efectiva de los desaparecidos.
La Comisión informó que las cifras de impunidad en el país guatemalteco “son muy elevadas” en casos de violencia física y sexual, abuso y explotación de niños y adolescentes.
Los delegados del órgano internacional realizaron visitas sin restricciones a regiones como Alta Verapaz, Petén y Huehuetenango.
