Santiago Serna Duque
20 Diciembre 2018•Actualizar: 20 Diciembre 2018
El Gobierno de Nicaragua suspendió y expulsó este miércoles a la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), este último perteneciente a la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El gobierno de Nicaragua anunció la suspensión temporal de la presencia del Meseni a partir de hoy en el país y también las visitas de la CIDH. Asimismo, comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del GIEI”, informó la CIDH a través de sus redes sociales.
Las suspensiones y expulsiones ocurrieron un día antes de que el GIEI publicara su informe final sobre la crisis que inició el 18 de abril en el país centroamericano.
Al respecto, la CIDH manifestó por medio de un comunicado que: “Lamenta la decisión del Estado de Nicaragua y comunica que el Meseni seguirá funcionando desde su sede en Washington. La CIDH reitera que la situación de Nicaragua seguirá siendo una prioridad, reafirma su compromiso con las víctimas de derechos humanos y seguirá monitoreando el seguimiento del cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
La ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) también condenó la expulsión del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El Meseni se instaló en Nicaragua el 24 de junio, mientras que el GIEI se ubicó en la nación centroamericana el 2 de julio.
El país centroamericano vive una grave crisis en la que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 325 personas han perdido la vida desde que comenzaron las protestas el pasado 18 de abril.
Para la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) van 545 fallecidos, mientras que el presidente Ortega dice que han muerto 195 individuos.
La ANPDH reportó el pasado 20 de noviembre que 4.533 personas se encuentran heridas entre graves, menos graves y leves. Hay 1.315 ciudadanos secuestrados por grupos paramilitares.
