"Aquí llegaban clientes, no se sabe de dónde, para comprar el polvo. Se llevaban la base de coca que nosotros producíamos (lo que se conoce como bazuco) a punta de gasolina, agua hervida y químicos", explicó Diego (nombre cambiado), un campesino oriundo de la inspección de Güerima, municipio de Cumaribo, en el departamento del Vichada (Colombia).
Sin darle un segundo aire a Diego para terminar su idea, un hombre que esputaba chimú llanero -tabaco curado para evitar el hambre y el cansancio- intervino y se apoderó de la palabra: “vea, la cosa era así, como le dice el campesino: ellos raspaban la hoja, la picaban, le echaban cemento y otro químico que no recuerdo; después agregaban la gasolina que por unos minutos hacía su efecto. Esa mescolanza (con la mata y demás elementos) se exprimía y el líquido que salía se combinaba con ácido sulfúrico, al rato lo batían y dejaban que se asentara. Finalmente, era procesado con permanganato y amoníaco para sacar la base, el bazuco que llaman. Las hojas restantes dentro de la tela exprimida las botaban. Lo que ellos no sabían era que eso que arrojaban al suelo como desechos se transformaba en un abono el verraco de bueno", aseguró a la Agencia Anadolu el gobernador del Vichada, Luis Carlos Álvarez.
Las hojas fermentadas por el combustible y trituradas por las manos de los 'raspachines' (personas dedicadas a la producción de base de coca) mencionados por Álvarez son un abono orgánico utilizado por cientos de familias del Vichada que participan en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
Una iniciativa adjunta del proceso de paz de La Habana, suscrita entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, en la que se acordaron mecanismos para legitimar las economías ilícitas.
El Vichada fue el departamento piloto para implementar este programa que, entre oscilaciones de buena fe por parte del Gobierno y un escenario rural que denota la ausencia estatal de décadas, ha logrado sustituir 8.600 de las 9.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en el territorio oriental de Colombia.
Este ambicioso relevo agrícola pretende reemplazar coca por cultivos de cacao, café, especies menores, frutales, en el Vichada y otros departamentos del país.
“El proceso de sustitución tiene varias fases: la primera es la intención de las familias de involucrarse en el programa. Son 125 mil familias aproximadamente en 73 núcleos de producciones veredales -alrededor de 2.500 veredas- en las que se viene trabajando una por una en un orden específico. Las familias que han mostrado interés en adherirse al proceso tienen que manifestar con su firma y compromiso la vinculación, además de indicar dónde tienen el área de coca cultivada. Esos datos los monitorea la Organización de Naciones Unidas (ONU), que mantiene 150 personas en los territorios del proceso”, explicó el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, a la Agencia Anadolu.
Con el acompañamiento de la ONU se analizaron los cambios de las condiciones de vida de los campesinos que se unieron al programa de sustitución y se verificó cuánta coca tenían en sus fincas para reemplazar.
Al rubricar el acuerdo de sustitución, las familias reciben USD 330, el primero de 12 pagos al año. Paulatinamente, los inspectores de la ONU regresan para asegurarse que descartaron toda la mata de coca en sus predios y, una vez confirmados y verificados los puntos, son condicionados para seguir con los desembolsos.
En Colombia, añadió Pardo, “a la fecha hay 24.800 familias que están recibiendo pagos, o sea que ya se encuentran en el proceso de erradicación voluntaria. Naciones Unidas ha verificado 9.500 de estas hectáreas. Eso quiere decir que está creciendo el programa a una tasa de 5.000 familias por semana, por lo tanto, debemos llegar a más de 40 mil a final de año y a 60 mil hacia finales de enero de 2018. Eso nos permite decir que podremos cumplir la meta de 50 mil hectáreas erradicadas impuesta por el presidente Juan Manuel Santos”.
Por su parte, el representante para Colombia de la Agencia de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Bo Mathiassen, le dijo a la Agencia Anadolu que “tenemos en este momento un gran número de familias que han hecho su inscripción colectiva, en el momento hay más de 40 mil familias inscritas en términos individuales. El mes pasado se concluyeron casi 29 mil pagos condicionados a familias. En enero vamos a tener nuevos números de cómo funciona el programa de erradicación voluntaria y sus avances. Tenemos que entender que en este programa todos participan, las comunidades, las familias y el Gobierno con su apoyo económico, para transformar realmente la lógica económica del país rural”.
En Cumaribo, un caserío de 170 habitantes -la mitad niños- al sur del Vichada, varios excultivadores de hoja de coca recibieron cuatro o más pagos. Una fase avanzada que indica épocas de alta cosecha y productividad.
Uno de esos exsembradores, Roberto Casallas, un campesino que pasó de 'raspachín' a dueño de una finca con nueve hectáreas de cultivos ilícitos y un laboratorio para producir pasta de coca -del que asegura no sacó mucho dinero-, dijo que se cambió a la siembra de cacao para escapar de la erradicación forzosa.
"La transformación no fue voluntaria, más bien fue una sustitución casi obligada para huirle a un círculo vicioso en el que sembraba coca y a los dos o tres años me la arrancaban a la fuerza o con glifosato, el mismo que como puede ver me dejó las ramas de los árboles todas decoloradas. Vea, la lógica es simple: mejor tener un cultivo que el Ejército, en vez de arrancárselo, se lo proteja. Por eso cambié coca por cacao".
Casallas también sustituyó sus métodos de cultivo porque el mercado de base de coca descendió cuando las Farc se apoderaron del negocio.
"La coca no estaba produciendo ingresos porque a finales de 2001 el precio de la base bajó y la guerrilla manipuló el comercio. No tuve bonanza. Por ejemplo, si yo extraía de las nueve hectáreas sembradas 20 kilogramos de base de coca (salía un kilo por 100 arrobas de mata), el comercio -guerrilla- se comía el 70% de las ganancias, entonces no quedaba nada".
En ese sentido, el gobernador Álvarez, en un tono poco diplomático con la presencia del ministro Pardo, aseveró que la figura de las Farc en la sustitución de cultivos en el sur del Vichada es ornamental.
“La ayuda del delegado de las Farc en esta zona es de pura orientación, el hombre solo pide el favor que arranquen las matas de coca, nada más", agregó Álvarez.
Lo paradójico del asunto es que Casallas, como muchos otros cultivadores de cacao en el Vichada, entraron en una dinámica de economía lícita con baja demanda, falsas promesas en la formalización de predios y extremas dificultades de fleteo, tanto por el costo, las largas distancias y, en especial, la falta de vías.
“El presidente dijo que le iban a titular los predios a los que se comprometían a cambiar los cultivos”, sentenció el líder comunal Ómar Ladino, ante la falta de respuesta por los ofrecimientos hechos por el Ejecutivo.
Y tiene razón. Para los habitantes del Vichada aún no se han hecho efectivas las escrituras formales de predios. Es decir, pueden cultivar cacao, sustituir las siembras, pero sin ser dueños de las mismas, están en una suerte de arriendo de tierras vitalicio sin cuota mensual de pago. Un limbo.
Bo Mathiassen explicó que “este año tenemos como meta entregar 3.000 títulos de propiedad en Colombia, pero no en Vichada sino en otros departamentos como Putumayo, Cauca, Nariño y Antioquia. De todas maneras, es algo complementario, es algo que hace parte de la visión, porque sabemos que un campesino que es dueño de su propia tierra, que tiene título de propiedad, difícilmente va a entrar en la siembra de cultivos ilícitos”.
Por otra parte, está la complejidad de las vías en el Vichada. Según Pardo, construir una carretera de 300 kilómetros para conectar a esta zona de Colombia con el centro del país no es fácil ni para el gobierno municipal, ni para el departamental, ni para el nacional.
Al respecto, el coronel José James Roa, jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos de la Policía Nacional, dijo que “este año hemos transportado nueve toneladas del producido por la vía aérea, pero entendiendo que no es posible hacer más, porque mover el cargamento avaluado en USD 1.500, a la FAC le ha costado unos USD 15.000, llegamos a dos alternativas puntales: la primera, vamos a conectarlos por vía fluvial con un bote de 12 toneladas entregado por la Gobernación y la otra es buscar una forma de subsidio para ir pagando un camión para los cultivadores de cacao".
En definitiva, el departamento del Vichada es una fotografía socioeconómica ideal para reflejar las dificultades y bondades a las que se enfrenta el Gobierno cuando regresa a las zonas que olvidó por años. Un reto que será más fácil de afrontar si se entiende que la erradicación forzosa es un proceso relativamente rápido, pero el programa de sustitución es un proceso lento y humano.
No cabe duda que la sostenibilidad de esta iniciativa tiene mucho que ver con tener seguridad en la zona y, por otro lado, como dijo el delegado de la ONU, “tener un plan de desarrollo sostenible, tener las condiciones perfectas para un cambio real. Acá en Vichada ya no hay problemas de seguridad, hay paz, aquí la gente puede optar por lo que quiera y participar en el programa de sustitución sin sufrir ningún tipo de presión”.
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