Joana Oliveira
14 Abril 2018•Actualizar: 15 Abril 2018
El estado de Roraima, en el extremo norte de Brasil, ha registrado este viernes una acción civil ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar el cierre temporal de la frontera entre Brasil y Venezuela y, así, impedir la entrada irregular de inmigrantes en la región. El estado también reclama más recursos para ofrecer servicios de educación y salud a los expatriados.
Desde 2015, Roraima recibe miles de venezolanos que huyen de la crisis política y económica generada en el gobierno de Nicolás Maduro. Las autoridades estiman que solo la capital del estado, Boa Vista, ya acoge a más de 50.000 venezolanos, lo equivalente al 10% de la población local (de 330.000 habitantes), y la Policía Federal de Brasil calcula que cerca de 800 inmigrantes cruzan la frontera cada día.
Suely Campos, gobernadora de Roraima y principal firmante del documento, asocia la migración venezolana al aumento de la criminalidad y de problemas de salud en la región.
La acción menciona el resurgimiento de enfermedades como el sarampión (59 casos registrados) y el mayor número de homicidios y demás delitos: el gobierno afirma que, solo en 2018, los venezolanos han cometido 82 crímenes, frente a siete en 2012; y la policía local relata que los homicidios llegaron a 44 en los últimos dos meses, frente a 24 en el mismo período del año pasado.
El documento señala que “el descontrol en la frontera ha facilitado la práctica de innumerables crímenes internacionales de tráfico de drogas y armas” y que bandidos venezolanos pasaron a entablar relaciones con facciones criminales brasileñas.
“No hay duda de que la entrada descontrolada de venezolanas ha causado enormes perjuicios a la población de éste que es el menor Estado de la federación brasileña, cuya supervivencia financiera depende, casi exclusivamente, de transferencias de los presupuestos constitucionales", comenta Campos.
Si el STF no permite el cierre de la frontera, el gobierno de Roraima pide que, alternativamente, el gobierno federal efectúe un control para limitar el ingreso de venezolanos "a una cantidad compatible con la capacidad del Estado Brasileño de acoger y proveer las necesidades básicas de tales extranjeros". Hasta el momento, la Abogacía General de la Unión (AGU) no se ha manifestado sobre la acción.
Por su parte, Teresa Surita, alcaldesa de Boa Vista, punto crítico de la migración venezolana en Brasil, cree que la acción en el STF no solucionará la situación y no ha participado en la decisión de apelar ante el más alto tribunal del país. “La decisión de cerrar la frontera interfiere en los acuerdos internacionales que tiene Brasil con otros países”, afirma, aunque está de acuerdo con la necesidad de que se realicen más controles. “Hay que crear una cuota de entrada diaria y vacunar a todos los que entran en Brasil”.
La alcaldesa también reclama más agilidad en los servicios de atención social para sacar de la calle a los inmigrantes, que llenan las plazas con carteles pidiendo trabajo y que duermen en las estaciones de autobuses y entradas de hospitales.
Reacciones del Gobierno Federal
Tanto la gobernadora de Roraima como la alcaldesa de Boa Vista se quejan de que el Estado brasileño se ha lavado las manos ante la crisis migratoria en la región. “El Gobierno Federal no ejerce de manera efectiva sus competencias constitucionales en este caso”, acusa Campos.
En febrero, el presidente Michel Temer visitó la región y prometió adoptar medidas de emergencias para mitigar el impacto de la situación. Un mes después, el mandatario firmó un plan de acción de BRL 190 millones (aproximadamente USD 65 millones).
El gobierno de Roraima sostiene, sin embargo, que “la Unión no ha efectuado absolutamente ninguna transferencia de recursos para la reposición de los gastos ya soportados y futuros".
Entre las medidas anunciadas por Temer, la que generaba mayor expectación era el traslado de los migrantes venezolanos hacia otros estados brasileños, una petición tanto de las autoridades locales como de los trabajadores sociales de las ONG que actúan en la región. La llamada “interiorización” debería ocurrir en dos grupos, uno de hombres y otro de familias con niños. Hasta el momento, sin embargo, apenas 266 migrantes han sido reubicados en los estados de São Paulo y Mato Grosso.
“Necesitamos más agilidad en la interiorización. ¿Si entran 800 personas cada día, cómo es posible retirar solamente a 266 y sin tener una fecha definida para dar continuidad a esa acción?”, se queja Surita.
El Gobierno de Michel Temer, que participa de la VIII Cumbre de las Américas, en Perú, dijo a los periodistas acreditados que "Brasil no cerraría las fronteras y espero que el Supremo así lo decida", y agregó que las medidas solicitadas por las autoridades locales ya están siendo adoptadas.
En declaraciones hechas al periódico brasileño Estado de São Paulo¸ Aloysio Nunes Pereira, ministro de las Relaciones Exteriores, también rechazó la propuesta del cierre de fronteras.
Pereira firmó que el Gobierno central está ayudando tanto al estado de Roraima como al ayuntamiento de Boa Vista y demás municipios de la región. “Tenemos recursos materiales, gente ayudando en la situación, colaboración con la sociedad civil... Estamos haciendo mucho y vamos a hacer todo lo que sea necesario", ha afirmado.
