Joana Oliveira
13 Diciembre 2018•Actualizar: 14 Diciembre 2018
Por: Joana Olivera
2018 terminará con malas noticias para la preservación del medio ambiente en Brasil. En el último año, el país deforestó un área total de 7.900 km² en la Amazonía, lo equivalente a 987.500 estadios de futbol y más de cinco veces el tamaño de la ciudad de Sao Paulo. La deforestación aumentó un 13,7%, la mayor cifra de la década, de acuerdo con el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), responsable de monitorear la cobertura vegetal de la mayor selva del planeta.
Entre 2004 y 2014, el país redujo en cerca del 80% la deforestación, gracias a la creación de áreas protegidas, en comunidades indígenas y unidades de conservación, y a las acciones de control y represión al crimen medioambiental coordinadas por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama). Para los ambientalistas, la culpa de que la situación se haya invertido está en Brasília, el centro del poder político.
“La bancada ruralista en el Congreso tiene una serie de propuestas para flexibilizar el licenciamiento ambiental, reducir las áreas protegidas y paralizar las demarcaciones de tierras indígenas. Son propuestas que solo benefician a quiénes viven de destruir el bosque y robar el patrimonio natural de los brasileños”, comenta Marcio Astrini, coordinador de políticas públicas de Greenpeace Brasil.
Astrini y los demás expertos en medio ambiente temen que el panorama vaya a peor durante el gobierno de Jair Bolsonaro, quien ocupará la presidencia a partir del 1 de enero de 2019. El ultraderechista, que se eligió presidente con el apoyo de la bancada ruralista, afirmó en más de una ocasión durante su campaña que pretende acabar con “el activismo medioambiental” y criticó la actuación de las entidades de fiscalización, prometiendo acabar con “la industria de las multas”. También afirmó que no concedería “ni un centímetro más de tierra” para las comunidades indígenas y zonas de protección ambiental.
“Poner en cuestión la aplicación de las multas es negar que la fiscalización ambiental es una de las principales funciones del gobierno”, sostiene Suely Araújo, presidenta del Ibama.
En su plan original de gobierno, Bolsonaro llegó a contemplar la extinción del Ministerio del Medio Ambiente, que se fundiría con el Ministerio de la Agricultura, pero la reacción negativa de los sectores de exportación —los compradores de los países desarrollados exigen garantías de productos sostenibles— hizo con que cambiara de idea. A principios de esta semana, el futuro presidente anunció al abogado Ricardo Salles como ministro del Medio Ambiente. Irónicamente, Salles se enfrenta a una denuncia por fraude ambiental e improbidad administrativa por manipular mapas de manejo ambiental del río Tietê, en Sao Paulo.
“La principal función de ese nuevo ministro será promover una agenda anti ambiental, poniendo en práctica medidas que resultarán en la explosión de la deforestación en la Amazonía y en la disminución del combate al crimen ambiental. Lo que ya está mal, puede empeorar”, lamenta Astrini.
En su defensa, Salles afirma que el futuro gobierno no disminuirá el presupuesto para las políticas del medio ambiente ni tampoco para los órganos de fiscalización, aunque considera que el trabajo desarrollado por ellos ha sido “ineficiente”. En un intento de calmar los ánimos, el futuro ministro dice que dialogará con todas las partes antes de promover sus políticas ambientales. “Los ambientalistas serán respetados”, garantiza.
Salles también explica que, aunque Bolsonaro afirmó durante la campaña que retiraría Brasil del Acuerdo de París, él defiende la manutención del compromiso de reducir la emisión de CO2 en un 37% hasta 2025 y un 43% hasta 2030. “Eso no significa, sin embargo, que tendremos que aceptar cualquier sanción o programa de manera indiscutible. Los demás países tienen que respetar nuestra autonomía para administrar nuestro patrimonio. Brasil, hasta ahora, ha sido responsable al preservar una gran parte de su vegetación nativa”, pondera el futuro ministro.
La COP25
Las declaraciones de buenas intenciones no convencen a los ambientalistas. A petición de Bolsonaro y su equipo, el gobierno brasileño (actualmente bajo comando de Michel Temer) retiró la candidatura para ser sede de la Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU, la COP25, el año que viene. Para Ricardo Astrini, esta es una prueba más de que el futuro gobierno “empieza a cumplir su lista de amenazas al medio ambiente”.
Esa es precisamente una de las pocas áreas en las que Brasil, que realizó la ECO92 y Río+20, se destaca diplomáticamente. El coordinador de Greenpeace considera que ser sede de la COP25 sería una declaración de compromiso y ayudaría en las negociaciones internacionales, incluso en el aspecto económico. “Nadie quiere comprar un kilo de carne proveniente de la deforestación amazónica”.
Informes del Observatorio del Clima, una red de 37 instituciones que discuten el cambio climático, confirman que el aumento de la deforestación tendrá impactos negativos en la exportación de commodities agrícolas. Pero más allá de eso, los ecologistas se preocupan con los efectos colaterales de esa política ambiental.
“Se trata de un mensaje claro de que el país está reduciendo sus esfuerzos para proteger la Amazonía, por ejemplo, y eso genera un ambiente de violencia intensificada por disputas de tierras. En esas áreas, las respuestas de las mafias de deforestación que operan en el campo son a menudo perversas e inmediatas”, comenta Astrini sobre la violencia que mató a por lo menos 112 indígenas y 57 activistas ambientales en el último año, de acuerdo con los datos del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y Global Witness.
“Esos datos ponen el país en la contra de los esfuerzos de 190 países”, comenta el experto. Brasil parece ir en la contra del mundo.
