Diego Camilo Carranza Jimenez
11 Julio 2018•Actualizar: 11 Julio 2018
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia defendió este martes la petición hecha a las autoridades colombianas, sobre información de operaciones e inteligencia militar desde 1953 en el marco del conflicto armado colombiano.
A través de un comunicado de prensa, la institución creada tras la firma de los acuerdos de paz con las desmovilizadas Farc, recalcó que “es un ente extrajudicial con rango constitucional, que forma parte del Sistema Integral de Justicia Transicional”, por lo que tiene la “facultad y la obligación” de solicitar a las diferentes instituciones estatales la información necesaria para cumplir con su labor misional.
Citando un decreto de 2017 ratificado este año por la Corte Constitucional colombiana, la Comisión señaló que “ninguna información relacionada con las violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y crímenes de lesa humanidad contenida en cualquier tipo de documento, puede ser objeto de restricciones, reservas o clasificaciones para el acceso” de esta entidad.
Las declaraciones de la Comisión se dieron luego de que este lunes la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), se mostrara en desacuerdo a la petición hecha por la Comisión al Ministerio de Defensa el pasado 13 de junio.
A través de una carta, el presidente de Acore, el general en retiro Jaime Ruíz, rechazó la solicitud de la entidad, a la que calificó como “cuestionada”, por tratarse de “archivos clasificados (…), lo cual por razones obvias de seguridad y defensa nacional, seria supremamente riesgosa su difusión”.
La información requerida a la cartera de Defensa incluye desde “documentos de doctrina de las fuerzas militares, doctrina de inteligencia y de inteligencia y manuales operativos y base de datos de las fuerzas militares y de policía”, hasta bases de datos de delitos, violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, atribuidos a fuerzas militares y policiales, grupos guerrilleros y otras agrupaciones armadas ilegales.
La Comisión recalcó que “deberá guardar reserva y abstenerse de reproducir la información reservada contenida en documentos de inteligencia y contrainteligencia”.
