Por: Andrea Aguilar Córdoba
Luego de casi ocho años de debate, el Congreso chileno despachó la nueva Ley de migración que ha sido impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera, pero que causa indignación entre sectores de la oposición y organizaciones de inmigrantes.
El director de Extranjería de Chile, Álvaro Bellolio, explicó a la Agencia Anadolu los ejes que conforman la nueva ley migratoria, los cuales parten de una nueva institucionalidad con la creación del Servicio Nacional de Migraciones y del Consejo de Política Migratoria, y define los accesos, beneficios y responsabilidades de los migrantes en el país.
“El extranjero que quiera ingresar como residente debe pedir una visa consular en su país, eso facilita el respeto a sus derechos en materia laboral y en vivienda. No se podrá hacer el cambio de turista a residente; esto se podrá hacer únicamente por temas de reunificación familiar”, aseguró Bellolio.
Estos nuevos lineamientos son rechazados por el Servicio Jesuita de Inmigrantes, ya que antes quienes ingresaban a Chile como turistas si encontraban un trabajo podían optar por pedir una visa de residencia temporaria, una posibilidad que se acaba con esta nueva ley de migraciones.
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“La situación más compleja se da con la imposibilidad de cambiar de categoría migratoria, al no tener una visa que permita venir a buscar trabajo para quienes no tienen alta calificación profesional, lo que va a generar que muchos inmigrantes lleguen como turistas al país y se queden, como sucede en Europa o Estados Unidos, de manera irregular ”, aseguró Macarena Rodríguez, presidenta del directorio del Servicio Jesuita de Inmigrantes.
Pero para el subsecretario del interior, Francisco Galli, era necesario modernizar la legislación migratoria de Chile, que data de 1970, y que, según el Ejecutivo, estaba obsoleta y miraba al mundo con los ojos del siglo XX. "La nueva legislación migratoria se pone al día con la de otros países como los de la Unión Europea y Norteamérica, y por lo tanto esto es un avance para los ciudadanos del mundo que muchas veces se encontraban con una legislación obsoleta, que era burocrática pero no era un incentivo para quienes quisieran buscar una oportunidad en nuestro país”, señaló a la Agencia Anadolu.
Preocupación por ingresos ilegales
Sin embargo, quienes entraron a Chile en los últimos meses buscando esa oportunidad, pero que, ante el cierre de fronteras, lo hicieron por pasos no habilitados, no estarán contemplados para solicitar una residencia ni regular su situación migratoria. Una posibilidad que solo tendrán quienes hayan llegado al país antes del 18 de marzo de 2020 y no tengan antecedentes penales.
“El volver a sus países no es una realidad para la migración que nosotros recibimos en la región, y todos los países de Latinoamérica, a excepción de Chile, permiten a las personas entrar con algún sistema que los deja buscar trabajo y luego regularizarse”, señaló Macarena Rodríguez a la Agencia Anadolu.
La abogada experta en migración expresa su preocupación por la situación que enfrentan los más de 4.000 inmigrantes que han entrado ilegalmente en Chile en los últimos meses y se han autodenunciado ante la Policía de Investigaciones (PDI), con la esperanza de poder poner en regla su situación migratoria.
“Producto de las medidas administrativas es que ha aumentado el ingreso por pasos no habilitado en un 60%. La pandemia y el cierre de fronteras ha hecho que prácticamente todos los que han ingresado este año lo hayan hecho de esta forma, y la irregularidad migratoria hace un tremendo daño a los migrantes porque no tienen acceso a trabajos bien remunerados ni beneficios sociales”, asegura Rodríguez.
Sin embargo, el directo de Extranjería, Álvaro Bellolio, insiste en que ya no será un delito el ingreso clandestino, sino una falta que causa la expulsión administrativa de quienes ingresen de esta forma. Esto, con el fin de desincentivar la llegada por pasos no autorizados, fenómeno que se ha incrementado en los últimos meses.
Polémica por la ciudadanía
La actualización de la Ley migratoria también establece que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Chile no accederán directamente a la ciudadanía chilena, aunque podrían postular a ella, un aspecto que ha sido rechazado por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.
“Chile con esto está consolidando la apatridia a nivel país, con una ley que ni siquiera garantiza lo que está en la Constitución. En realidad, quedan como apátridas porque Chile no puede asignar la nacionalidad de otro país, lo que puede es no reconocerlo y no darle su nacionalidad. Esto es gravísimo y vamos a recurrir a todas las instancias pertinentes”, aseguró a la Agencia Anadolu Rodolfo Noriega, secretario General de la Coordinadora.
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Noriega también critica el hecho de que la nueva ley busque profundizar en el sistema online, en un país en el que los inmigrantes coinciden en que la lentitud y la falta de atención para resolver los trámites, por internet o personalmente, ya es uno de los problemas más grandes. “Hoy existe un departamento que ni siquiera atiende a los extranjeros. Este Servicio Nacional va a ser un monstruo burocrático que no va a servir para gestionar la migración porque va a estar dentro de la misma lógica de informatizar el servicio, que no garantiza la atención a los ciudadanos”, asegura Noriega.
Tras la aprobación de la nueva legislación la diputada Catalina Pérez y el senador Juan Ignacio Latorre, del izquierdista partido Revolución Democrática, anunciaron que recurrirán ante el Tribunal Constitucional para pedir la revisión de varios artículos de la ley que consideran son inconstitucionales o violan los derechos de los inmigrantes. Esto obligará al máximo tribunal a examinar estos aspectos, que podrían ser modificados antes de que la ley sea finalmente promulgada por el presidente Sebastián Piñera.
