Diego Camilo Carranza Jimenez
22 Diciembre 2017•Actualizar: 23 Diciembre 2017
El Gobierno de Chile creó un plan nacional de búsqueda de detenidos desaparecidos que contempla labores como investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad, especialmente los cometidos durante la dictadura militar (1973 – 1990).
La presidenta Michelle Bachelet recibió del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos y de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, el documento con el programa, que tiene una vigencia de cuatro años.
La Presidencia señaló en una nota de prensa que el ‘Primer Plan Nacional de DD.HH. 2018-2021’ también incluye la preservación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos, la promoción de la no discriminación arbitraria de ningún grupo o persona por motivos de género, edad, pertenencia cultural, identidad de género o diversidad sexual, o discapacidad, entre otros.
El Ejecutivo explicó que el plan destina recursos y asigna responsabilidades específicas a los principales contenidos del plan. Por ejemplo, respecto de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y de la preservación de la memoria histórica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos promoverá la creación de una Comisión Calificadora Permanente para el esclarecimiento de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
También ejecutará un Plan Nacional de Búsqueda y Destino Final de Detenidos Desaparecidos, y creará un Registro Nacional de Víctimas calificadas de violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos en dictadura, con el fin de facilitar su reconocimiento y reparación.
Por su parte, el Ministerio de Defensa estudiará las alternativas para dejar sin efecto los beneficios asociados al grado de los miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes de lesa humanidad, esto considerando que las leyes no pueden tener efecto retroactivo. Entre tanto, el Ministerio de Salud evaluará y adecuará el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) para las personas afectadas por violaciones a los derechos humanos.
Otros apartes del plan, como derechos de mujeres, niñas y adolescentes, o migrantes y refugiados, tendrán igualmente programas de acción y recursos de diferentes entidades.
Bachelet aseguró que el plan “no busca ser la tarea de un Gobierno, sino de un Estado, apuntando al diseño e implementación de las políticas orientadas al respeto, protección y promoción de los derechos humanos”.
“Hablamos de una disposición de la nación misma, de la sociedad, que no es posible circunscribir sólo a un período presidencial, sino que requiere la voluntad continua del Estado para hacer de nuestros compromisos y tareas una realidad palpable”, añadió.
El plan se empezará a implementar el 02 de enero próximo.
