Ana Maria Castro Castro
01 Mayo 2018•Actualizar: 02 Mayo 2018
La niña Ámbar, de un año y ocho meses de edad, fue golpeada, violada y asesinada por la pareja de su tía, en la localidad cordillerana de Rinconada de Los Andes, a unos 80 kilómetros de Santiago, la capital de Chile, el pasado sábado. El caso de violencia infantil y abuso sexual tiene indignada a la sociedad chilena.
La madre de Ámbar es una mujer incapacitada y de su padre no hay mayores detalles. Los tribunales chilenos le habían otorgado la custodia temporal a su tía biológica y a su pareja Miguel Andrés Espinoza, de 30 años.
La menor fue llevada por su presunto agresor al Hospital San Camilo, aseverando que sus lesiones eran producto de una caída. Allí perdió la vida, en manos del personal médico, cuyos esfuerzos resultaron insuficientes ante la gravedad de las heridas y los golpes con los que llegó.
En declaraciones a la prensa local, el gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez, mencionó que los doctores habían quedado "muy afectados emocionalmente" y tendrían que recibir ayuda psicológica luego de atender a la menor.
Este lunes, en medio de protestas de los ciudadanos chilenos a las afueras de Juzgado de Garantía local, la Fiscalía imputó a Espinoza por la violación y muerte de la menor. El implicado quedó en prisión preventiva.
Mientras los chilenos piden que se implemente la pena de muerte para esto tipo de delitos en el país, el parlamento estudia un proyecto de ley para que los abusos sexuales no prescriban y para endurecer las penas en los casos de violaciones a los menores de 14 años y violaciones con homicidio.
“No estamos de brazos cruzados”
Este martes, el presidente chileno, Sebastián Piñera, expresó su solidaridad con la familia de la menor y con las familias de “tantos niños que son abusados en el país”, durante una ceremonia del Día del Trabajador, realizada en el Hospital del Trabajador.
“Nuestro Gobierno no está de brazos cruzados. Ya nos querellamos contra los responsables de este brutal asesinato”, dijo el presidente.
El mandatario aseguró que el Gobierno hará una profunda revisión de los criterios con los que se seleccionan las familias de acogida y que “legislaría para aumentar los plazos de prescripción, para que los delitos sexuales contra nuestros niños no queden impunes".
