Sergio García
27 Septiembre 2017•Actualizar: 28 Septiembre 2017
El Senado de Argentina debate este miércoles un proyecto de Ley para condenar a empresarios y funcionarios públicos implicados en delitos de corrupción.
Las conductas que incluye la iniciativa son el cohecho y tráfico de influencias; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y los balances e informes falsos agregados, como susceptibles de sanción a personas jurídicas privadas, de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.
Las empresas que sean responsables de delitos que fueran realizados directa o indirectamente con su intervención o en su nombre, interés o beneficio, también son susceptibles de penas.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado dio vía libre al proyecto el miércoles pasado, aunque realizó modificaciones a la propuesta inicial, por lo que regresará a la cámara baja para su sanción definitiva.
Entre los cambios destacados está la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción que quedó fijada en seis años, así como la limitación de la futura ley a los delitos contra la administración pública para no abarcar todas las infracciones contempladas en el Código Penal argentino.
A pesar de las modificaciones se mantuvo la negativa para sancionar con retroactividad los casos de corrupción, la propuesta del oficialismo para abordar los hechos relacionados con el escándalo de la brasileña Odebrecht, según señaló el diario Télam.
