Sumayyah Minka, de 30 años, no pudo olvidar la cara de su esposo, Abdullah Isomuso, de 32 años, la noche del 20 de julio de 2019.
Esa noche, Isomuso, un granjero de caucho, fue secuestrado por el Ejército tailandés y fue encontrado inconsciente en un campamento militar en Pattani, sur de Tailandia, al día siguiente.
Fue arrestado por presuntamente estar involucrado en una rebelión en la región de mayoría musulmana.
"El Ejército nunca nos dio pruebas", dijo Minka a la Agencia Anadolu el jueves.
Después de días de intentar buscar respuestas, Minka logró descubrir que su esposo estaba siendo tratado en un hospital luego de ser interrogado por las autoridades.
Encontró a Isomuso acostado en coma. "Había marcas de tortura en sus manos y pies", dijo, mostrando fotografías de su esposo en cuidados intensivos.
Isomuso murió en la provincia sureña de Songkhla, luego de permanecer inconsciente durante 35 días.
Minka dijo que los militares y el hospital nunca dieron una explicación detallada de por qué su esposo estaba en coma.
"Solo dijeron que mi esposo se había resbalado en el baño", dijo Sumayyah, quien argumentó que esta razón no tenía sentido.
Al quedar viuda, Minka tuvo que ganarse la vida sola para mantener a sus dos hijos, uno de siete y el otro de dos años.
A pesar de haber aceptado la muerte de su esposo, Minka dijo que continuaría buscando justicia.
Junto con otros residentes, escribió al parlamento tailandés para investigar el incidente.
"Quiero que los perpetradores sean castigados", dijo desesperadamente.
Este caso atrajo la mirada de varios grupos de derechos humanos que firmaron una declaración conjunta para instar al gobierno a investigar a fondo el caso.
Isomuso no fue la primera persona en enfrentarse a la violencia de los militares en el sur de Tailandia, ya que la región ha estado bajo la ley marcial desde 2004.
Ismi bin Abdul Malik, de 34 años, fue víctima de violencia militar en 2007.
Bin Abdul Malik dijo que fue arrestado por presunta participación en terrorismo.
Sin embargo, agregó, el cargo fue cambiado a rebelión ya que las acusaciones por terrorismo no pudieron ser probadas.
"De hecho, solo participé en una protesta contra las violaciones de los derechos humanos al pueblo de Patani", dijo.
Él tuvo que pasar nueve días en la cárcel, donde recibió varias torturas, como ser golpeado con varillas de metal, electrocutado y que le echaran agua helada.
"Finalmente fui liberado de la prisión ya que las acusaciones no podían ser probadas", dijo.
Casi 13.000 arrestados bajo la ley marcial
El gobierno impuso la ley marcial en tres provincias de mayoría musulmana en el sur de Tailandia, Pattani, Narathiwat y Yala, luego de violentos disturbios en 2004.
Desde entonces, al menos 12.930 residentes han sido arrestados por los militares, según la Red de Víctimas de la Ley de Emergencia (JASAD), un grupo que aboga por las víctimas de la violencia militar en Pattani.
El director del grupo, Abdullah Ngoh, dijo que los casos de violencia contra los ciudadanos eran inherentes a la promulgación de la Ley Marcial.
La ley autorizó a los oficiales militares a buscar residentes y arrestar a cualquier persona sospechosa de estar involucrada en actividades que amenacen la seguridad sin una orden oficial, afirmó.
El gobierno tailandés también desplegó una serie de puntos de control militar en las calles de la región, con personal militar y policial que permaneció en guardia dentro de áreas urbanas durante las 24 horas.
"Con esta ley, los militares son libres de arrestar incluso si solo están armados con sospechas", dijo Ngoh.
Según los registros de JASAD, ha habido 123 residentes, incluidas cuatro mujeres, arrestados en las provincias de Pattani y Songkhla desde enero de 2019.
Ngoh dijo que un total de 77 de ellos han sido liberados y 46 aún permanecen bajo custodia.
"El Ejército tailandés nunca dio una explicación detallada de por qué fueron arrestados", dijo.
Agregó que muchos residentes no sabían cómo buscar justicia.
"La mayoría de ellos no entienden la ley", dijo Ngoh, y agregó que JASAD continuará enfocándose en defensa y asesoramiento legal.
*Pizaro Gozali Idrus, reportero de los servicios de idiomas de Indonesia de la Agencia Anadolu, escribe esta historia para el servicio de noticias en inglés de la Agencia Anadolu después de visitar Pattani, Tailandia.
*Traducido por Maria Paula Triviño.
