Por: Dr. Maung Zarni
Durante la primera reunión entre la consejera estatal de Birmania, Aung San Suu Kyi, y Christine Schraner Burgener el 13 de junio, la birmana pidió un nuevo enviado especial en Birmania para que el secretario general de las Naciones Unidas entienda “la verdadera situación” en el estado Rakáin, de donde escaparon 700.000 rohinyás, que el mismo secretario general calificó como “limpieza étnica”.
La frase “la verdadera situación” hace sonar alarmas en mi cabeza. Es un déja vu.
Durante 13 años, la ‘verdadera situación’ (de Birmania) fueron las mismas palabras del general Myint Swe, entonces jefe de los servicios de inteligencia, usadas cuando me pidió que transmitiera su manera de acercarse al mundo, en mis escritos, apariciones mediáticas y reuniones con políticos y diplomáticos.
El jefe espía y yo nos reunimos uno a uno por primera vez en el salón Dagon de la vieja Oficina de Guerra en Rangún, solamente con su segundo, el coronel Mya Tun Oo, ahora jefe del Estado Mayor, presente en la reunión para tomar notas.
En ese entonces, había regresado a mi país natal después de 17 años de oposición activa al gobierno birmano desde Estados Unidos, racionalicé mi retorno y apoyo a los generales, como un esfuerzo ciudadano para ayudar al liderazgo militar agobiado por sanciones occidentales, con el fin de que nuestro país pudiera ser reintegrado a la comunidad internacional, particularmente desde el occidente, que intentaba aislar a Birmania basándose en las violaciones abiertas de las fuerzas armadas a los derechos humanos. El general fue mi anfitrión, quien organizó mi retorno seguro y la continuación de mi ciudadanía birmana.
Con el tiempo, me llegue a dar cuenta a qué se refería el jefe espía con “la verdadera situación”. Simplemente quería que fuera una voz para los militares para ayudar a ampliar la versión de los militares de la situación en Birmania; pues, en sus propias palabras, “el mundo no nos cree”, insinuando que yo, un birmano educado en el occidente, sería más creíble.
Si la “verdadera situación” de los militares corresponde a las experiencias vividas por la gente o no, esto no era motivo de preocupación para el jefe espía (y todo el liderazgo militar).
La realidad es que los mismos líderes militares fueron a la masacre de monjes budistas en la no violenta “revuelta del azafrán” de 2007, cuando estos pedían políticas más piadosas para lidiar con las dificultades económicas del país y la ayuda que fue bloqueada a las millones de víctimas del ciclón Nargis de 2008. Mi anfitrión jugó un papel central en este sórdido evento, marcado por la brutalidad e inhumanidad del gobierno militar.
El general Myint Swe ahora es el poderoso vicepresidente de la alianza militares-NLD, que en conjunto gobiernan el país.
Hace un año, la primera ola de operaciones de “seguridad” inició contra la creciente ola de “musulmanes insurgentes”, lo cual llevó al éxodo de casi 100.00 rohinyas en 2016. Myint Swe lideró la comisión investigativa nacional sobre la violencia en la aldea Maung Daw, Rakáin, para el gobierno de la NLD de Aung San Suu Kyi, exonerando a los militares cuyas atrocidades estaban bien documentadas. Las tropas birmanas, concluyó la Comisión Nacional, actuaron en concordancia con las reglas del enfrentamiento y las leyes del país.
Es difícil ver cómo los líderes nacionales, políticos y generales (y ex generales) tratan los hechos y las verdades como si fueran una banda elástica que puede ser manipulada a su gusto.
Debido a su negación de las feas realidades de las fuerzas armadas, fundadas por su padre tres años antes de su nacimiento, Suu Kyi ha sido criticada alrededor del mundo, desde su santidad el Dalai Lama al ex arzobispo sudafricano Desmond Tutu y otras mujeres ganadoras del Premio Nobel de Paz. Peor aún, importantes figuras del derecho internacional y los derechos humanos, entre ellos el fiscal del juicio contra Milosevic, Sir Geoffrey Nice, y el relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos en Birmania, profesor Yanghee Lee, sacaron a colación la posibilidad de que Suu Kyi se vea a sí misma en la misma categoría que los líderes militares.
Durante los últimos seis años, o sea el tiempo en el que han ocurrido los dos incidentes de violencia a gran escala contra los rohinyás, cuando la represión de Birmania contra la minoría musulmana captó la atención del mundo, el liderazgo de Aung San Suu Kyi ha ido de mal en peor, de silencio a ignorancia fingida a negación de los crímenes internacionales documentados, que importantes oficiales de derechos humanos han calificado como ‘un ejemplo claro de genocidio’.
En su cumpleaños número 67 –el 18 de junio de 2012- tuve el gran placer de participar en una mesa redonda televisada sobre el imperio de la ley con la icónica líder birmana, a quienes los birmanos se refieren como “madre” (del pueblo). (Los otros panelistas incluían a Sir Geoffrey Nice, el profesor de leyes de la Universidad de Oxford, Nicola Lacey, y los profesores de la London School of Economics, Mary Kaldor y Christine Chinkin) ya que solo unos días antes de la mesa redonda, Aung San Suu Kyi falló su prueba mediática sobre el conocimiento de la crisis emergente en Birmania occidental –no pudo contestar preguntas básicas hechas por el radio periodista estadounidense, Anthony Kuhn: “¿Sabe si los rohinyás son su gente?¿Gente birmana?” – ella envió instrucciones vía la Oficina de exteriores británicas a los organizadores de la mesa redonda diciendo que en efecto no estaba preparada para hablar del tema de los rohinyás, por lo cual fui instruido a responder todas las preguntas al respecto, tema que desde entonces ha definido la situación del país.
De haber adoptado una estrategia de silencio cauteloso hace seis años, hoy en día Aung San Suu Kyi lleva a cabo varios actos de negación abierta, distorsiones planeadas y ofuscación sobre los rohinyás, todo con el fin de mostrar al mundo “la verdadera situación” en el terreno.
Su reciente entrevista en exclusiva con la cadena japonesa NHK, por primera vez en cinco años, demuestra mi punto. Erróneamente enmarca lo que el profesor Amartya Sen, antiguo profesor de Suu Kyi en la Universidad de Delhi y un amigo cercano de su esposo, Michael Aris, llamó “el genocidio lento”, el cual inició hace varias décadas. De manera engañosa, Suu Kyi muestra una imagen falsa de la persecución institucionalizada de los rohinyás, algo bien documentado desde los años setenta, como un “conflicto comunal” que se remonta “varios siglos” en el pasado, a la vez que dice que “pocas personas en el mundo conocen los temas históricos”.
Estudio tras estudio de genocidios pasados demuestran que estos, desde el Holocausto hasta Ruanda y Bosnia, no son conflictos militares o violentos de comunidades que están en paridad moral: son, sin excepción, crímenes a gran escala orquestados por el Estado, ahora ilegalizados gracias a la Convención de Ginebra de 1948, que buscan erradicar la presencia de minorías étnicas, religiosas, raciales o nacionales, que por lo general son satanizadas por el autor, tanto Estado como sociedad, como “una amenaza a la nación y la seguridad”.
Suu Kyi está ahora en el proceso de conformar otra comisión investigativa para encontrar los hechos de “la verdadera situación” en Rakáin, la cual los fiscales de la Corte Penal Internacional en la Haya están convencidos de que su gobierno está involucrado en crímenes contra la humanidad dirigidos a la minoría rohinyá.
Mientras el resto del mundo ve a Birmania como un Estado que comete horrendos crímenes internacionales de manera sistemática, y la ONU intenta acceder al lugar de los crímenes, el gobierno de Suu Kyi ha retado abiertamente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su mandato de enviar una misión investigativa internacional desde el 2016. En su lugar, Suu Kyi fundó la Comisión Rakáin con Kofi Annan como su presidente, usando a esta como un escudo de relaciones públicas ante el criticismo internacional dirigido a ella y a su país.
Por otra parte, el ícono de los derechos humanos ha llevado a cabo actos de matoneo y amenazas contra quien sea que saque a colación el tema de los crímenes de Birmania contra los rohinyás.
Según la relatora especial de la ONU, Yanghee Lee, Aung San Suu Kyi personalmente la amenazó, diciendo “sabe, si continúa con la línea de la ONU (pre Derechos Humanos) no podrá regresar aquí (a Birmania)” – una amenaza que cumplió: Lee tiene prohibido ingresar a Birmania durante el resto de su puesto. Aung San Suu Kyi es también la ministra de Relaciones Exteriores, quien decide a quién se le expide una visa y a quién se le niega.
Suu Kyi ahora argumenta que su gobierno ha llevado a cabo actividades constructivas para abordar la situación en Rakáin en concordancia con las recomendaciones de la comisión liderada por Annan. Pero desde su incepción, la comisión de Annan fue, según esta misma, instruida a no investigar ninguna alegación de violaciones de derechos humanos en Rakáin, o supuestas violaciones de tratados internacionales y leyes tales como la Convención sobre el Genocidio, la cual Birmania ratificó en 1956, o la Convención sobre los Derechos de los Niños. También prohibió a la comisión de Annan llamar a los rohinyás por su nombre.
A pesar de la existencia de documentos de fácil acceso que ofrecen pruebas irrefutables a favor de los rohinyás de que estos pertenecen a Birmania como una minoría étnica que gozaba plenos derechos y ciudadanía durante los primeros años del régimen militar en los años sesenta y principios de los setenta, el Ministerio de Información bajo Suu Kyi prohibió a la programadora estadounidense con sede en Washington, Radio Free Asia TV, emitir en Birmania debido a su uso de la palabra rohinyá en su programación. La junta directiva de la programadora emitió un comunicado calificando al gobierno de Birmania como “Orweliano” y subrayó el hecho de que el gobierno birmano intenta “negar la existencia de un pueblo”, empezando con intentos para “borrar su identidad de grupo”.
En la mencionada entrevista con la NHK, Suu Kyi, una ex prisionera y víctima de la persecución estatal durante 15 años, también defendió la detención estatal de dos periodistas budistas, argumentando que “violaron secretos oficiales del Estado”, solo por haber descubierto la primera fosa común con cadáveres de rohinyás con evidencia fotográfica e historias de testigos.
Durante 15 años como activista birmana, le tuve el mayor aprecio y seguí sus políticas de aislar y sancionar a nuestro país al pie de la letra. Ninguno de los actos de decepción de Suu Kyi, distorsión y negación de hechos, me sorprenden. Fueron estas características negativas de Suu Kyi, que descubrí en el 2004, las que me forzaron a separarme del partido NLD, darle la espalda como líder de la oposición y buscar un camino alternativo a fomentar la liberalización política de mi país, específicamente trabajar con los generales considerados “reformistas en potencia”.
Mientras la tragedia ha vindicado mi retiro al apoyo y cooperación con los generales y el liderazgo del NLD, es doloroso ver a los dos enemigos trabajar juntos, no para labrar el camino a la democratización o para ponerle un final pacífico a la guerra civil (entre las fuerzas birmanas y los grupos de resistencia rohinyás), sino para encubrir los crímenes del país contra la humanidad y el genocidio contra los musulmanes rohinyá.
No es difícil discernir la lógica utilitaria de Suu Kyi, algo por el estilo de “nos tenemos que preocupar por el futuro de todo el país, no solo una pequeña población de musulmanes en una región”. El ex ícono de los derechos humanos ahora detesta al mundo que anteriormente salía a manifestar por sus derechos humanos, y se opone al derecho a la vida y a la pertenencia de los rohinyás, y aún peor, a los derechos humanos de todos los birmanos incluyendo los periodistas.
Mi propia oposición al régimen militar desde hace 30 años fue inspirada por su ejemplo heroico de darle privilegio a los principios de la verdad y el liberalismo.
Hoy en día, quiero que Aung San Suu Kyi rinda cuentas por su participación voluntaria con los líderes militares de Birmania en sus crímenes contra una comunidad étnica. Los crímenes de Suu Kyi ya no son su silencio cauteloso ni su fallo en extender las responsabilidades primarias del gobierno de extender los beneficios de “paz y seguridad” al pueblo rohinyá.
Lo último que los oficiales de la ONU y los enviados a Birmania deberían hacer es permitir que sean usados como “transmisores” de la versión de Suu Kyi de “la verdadera situación”. Tan infecciosa como sea, los actores internacionales deberían ser avisados de no aceptar el discurso utilitario de Suu Kyi sobre desarrollo económico, fin de la pobreza, conflictos de civilizaciones de antaño, y una estrategia incremental para resolver la crisis en Rakáin.
De cara a los crímenes internacionales contra los rohinyás dentro de Birmania y en los campos de refugiados en Bangladés – todos con la complicidad y conocimiento de Suu Kyi-, la ONU debe cesar de promover las mentiras de Birmania – tales como ignorar los llamados de aceptar un proceso de rendición de cuentas patrocinado por la CIJ a manera de apoyar su “frágil transición democrática”.
La ONU no puede permitir que Suu Kyi forme otra “comisión investigativa” sesgada dentro del sistema disfuncional de justicia criminal de Birmania, el cual carece de herramientas conceptuales para lidiar con crímenes atroces e independencia judicial.
Ningún régimen político, civil o militar, que comete crímenes internacionales contra sus propias minorías étnicas, debe tener el beneficio de la duda cuando una política educada en Oxford dice que el país está en camino a una mayor liberalización y a la resolución constructiva de una crisis que enfrentan personas cuya existencia ella misma no reconoce.
*Las opiniones expresadas en este artículo son propias del autor y no reflejan la política editorial de la Agencia Anadolu.
*Ahmed Fawzi Mostefai contribuyó con la redacción de esta nota.
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